Por: Sergio Cárdenas*.
En la discusión reciente sobre el destino que podría tener una de las instituciones públicas desde las que se intenta promover que las decisiones sobre políticas educativas se basen en evidencia, se hicieron presentes innumerables rumores y supuestos, alimentados por —irónicamente— la ausencia de información confiable acerca de las razones que justificarían reformar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). De hecho, en los últimos días se llegó a especular sobre la desaparición del instituto, a pesar de que no se conocen todavía las políticas o intervenciones que sustituirían a las actuales.
Es innegable que el poder legislativo cuenta con facultades legales para reformar a las instituciones públicas del país. Es su razón de ser y se entiende que los objetivos de estos cambios se derivarían de la interpretación que los legisladores realicen —fidedignamente o no— sobre las prioridades que manifiesten la ciudadanía y los grupos de interés organizados. Adicionalmente, es claro que no existe una sola institución pública que pueda subsistir indefinidamente sin plantear al menos la realización de revisiones periódicas con el fin de asegurar que contribuyan a la solución de los problemas públicos. Sin embargo, el reciente anuncio sobre la posible “modificación, cancelación o abrogación de la reforma educativa” resulta en mayor incertidumbre sobre la orientación y responsabilidades que corresponderán al INEE en los siguientes años. Tal incertidumbre nos obliga a reflexionar sobre lo que este Instituto ha contribuido en la definición de la política educativa de México durante los últimos 16 años. Por otra parte, nos compele también a pensar en lo que debería de cambiarse para mejorar la operación del INEE en los años venideros.
Un aspecto por resaltar en el marco del debate que surge del intento de reformar al INEE es que, contrario a lo que aparentemente se asume, la historia de esta institución no inicia con las reformas legales en materia educativa aprobadas en el año 2013. Si bien el destacar este aspecto puede considerarse como una perogrullada, el énfasis (y tal vez el encono) que se manifiestan en algunas de las posiciones con las que se demanda la inmediata modificación (y hasta la desaparición) de esta institución, sugieren no solamente un desconocimiento de las múltiples actividades de análisis y formación que se llevan a cabo desde el INEE, sino probablemente una omisión selectiva a otras contribuciones que probablemente han resultado en una mejor operación de los sistemas educativos en el país.
En el discurso que prevalece en medios se identifica erróneamente como principal función del INEE la evaluación de los docentes, lo que resulta en una injusta valoración de las contribuciones cotidianas de este instituto. Como lo sugieren sus informes de labores, las actividades del INEE se han concentrado por años no solamente en la generación, organización, e interpretación de la información generada con respecto a resultados en aprendizajes y estadísticas nacionales sobre la calidad educativa, sino también en el desarrollo de materiales de formación y difusión, en la promoción de su uso entre autoridades educativas estatales y en la formación de capacidades locales. Mención aparte merecen algunos esfuerzos iniciales (perfectibles como muchos otros), por generar materiales dirigidos a los docentes, además de otras actividades como las destinadas a formar a periodistas e investigadores educativos. Sobra decir que quienes conocimos de primera mano las restricciones que existían antes del INEE para tener acceso a información actualizada, sin depender del buen ánimo de un funcionario educativo, compartimos probablemente una visión distinta del rol que esta institución ha desempeñado por años.
Adicional a la compilación y organización de información relevante, se encuentra la publicación de múltiples estudios cuya difusión ha representado verdaderos hitos en término de las conversaciones sobre problemas públicos en materia educativa. Basta revisar el enorme banco de publicaciones que el INEE puso a disposición de cualquier usuario para saber —gracias a las bases de datos y a los textos disponibles— a qué preguntas fundamentales podemos responder hoy sobre cómo distribuir de mejor forma las oportunidades educativas. Por ejemplo, conocemos las condiciones en que se ofrecen servicios educativos a niñas, niños y adolescentes de la población indígena y afrodescendiente, debido al Panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente, publicado por el INEE este año. Sabemos también cómo se gestionan el aprendizaje y los recursos disponibles en la escuela, gracias al estudio Gestión del aprendizaje en las escuelas primarias. Destacan además otras investigaciones sobre las características de los docentes en México, la documentación de innovaciones y buenas prácticas, y por supuesto, la promoción de debates informados sobre los resultados y políticas educativas en el país.
Un punto adicional por resaltar se encuentra en el rol que tiene el INEE en tanto institución autónoma que influye por distintos medios los procesos de selección de políticas educativas. En este mismo sentido, la autonomía abrió un espacio para generar un necesario contrapeso externo a las autoridades educativas. En un entorno en el que resulta sencillo ignorar beneficios de políticas implementadas a largo plazo, con el fin de privilegiar beneficios políticos en el corto, la autonomía conferida al INEE debería resultar en espacios para promover opciones de políticas ajenas a consideraciones partidistas o electorales. Si bien esta autonomía constitucional no se encuentra por encima de las facultades que en materia legislativa disponen ambas cámaras, su vigencia constituye una oportunidad para provocar discusiones más informadas y sustentadas, así como perspectivas más balanceadas sobre decisiones de las autoridades educativas.
Una reflexión sobre la reforma del INEE no podría estar completa sin analizar por supuesto sus limitaciones. Como cualquier organización, cuenta con oportunidades para mejorar. Quedan pendientes discusiones sobre la eficiencia de su mecanismo de gobierno; acerca de la forma en que se han invertido recursos crecientes en los últimos años; sobre los mecanismos para lograr una eficiente colaboración con las autoridades educativas federal y estatales, así como sobre las acciones que les permitirían asegurar una mayor pertinencia y un uso adecuado de hallazgos. En todo caso, estos temas no han sido mencionados en debates recientes, lo que sugiere que los promotores de su reforma asumen una perspectiva que probablemente omite reconocer algunas de las lecciones derivadas de la operación del INEE en diferentes etapas normativas.
Si alguna persona considera la operación del INEE como algo de escaso valor, vale la pena recordarle lo que señalaba el National Research Council (1999) sobre la educación en Estados Unidos. A pesar de ser un país con uno de los sistemas de investigación educativa más prolíficos y sólidos del mundo, este Consejo resaltaba como “un hecho sorprendente […] que el complejo mundo de la educación —a diferencia del sector de la defensa, del área de salud, o de la producción industrial— no se sustenta en una sólida base de investigación. En ningún otro campo se encuentra con tanta frecuencia decisiones de políticas que se basan en las experiencias personales y en ideologías, además de que en ningún otro campo la investigación disponible es tan inadecuada y poco utilizada.”
Si la intención fuera evaluar objetivamente a una de las instituciones que conforman el sistema educativo nacional con el único fin de mejorar la calidad educativa en el país, sería conveniente que se analice antes con toda calma y detalle las funciones que le han sido asignadas al INEE por ley, además de los resultados que ha aportado hasta el momento. Que se justiprecien sus contribuciones más allá de lo que se les ha atribuido en discusiones públicas sobre la evaluación docente. Legislar con base en “experiencias personales” e “ideologías”, será el mejor ejemplo de la importancia que adquiere contar con instituciones como el INEE en México y en la región.
Publicado en el Blog Distancia por tiempos de Nexos.
* Es Director General del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL).
