Evaluación docente, sí… pero no así.

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Durante las últimas semanas, ha causado revuelo el hecho de que en el Congreso de la Unión se hayan logrado puntos de acuerdo buscando frenar la aplicación de la evaluación docente. Ante la negatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para acatar tal recomendación, argumentando el respeto a los mandatos constitucionales aún vigentes, la polémica se ha polarizado, al grado de haber surgido expresiones que amenazan con destruir por completo no sólo la evaluación docente, sino las modificaciones legales que nacieron a partir de la Reforma Educativa. Este juego de fuerzas entre grupos políticos e instituciones, así como el cruce de declaraciones y acusaciones entre personajes, hacen que pasen a segundo plano de la polémica asuntos que deberían ser medulares en la discusión: ¿por qué no se quiere la evaluación docente vigente? ¿qué es lo que causa rechazo? ¿hacia qué tipo de evaluación se debe transitar? ¿qué se debe corregir entonces?

Uno de los principales argumentos de los defensores de la evaluación docente es que ésta se basa en el mérito. Aunque probablemente no exista quien pueda refutar el hecho de que un maestro obtenga su ingreso, permanencia o promoción a través de medios propios legales, vale la pena decir que la evaluación docente actual encadenó el mérito a evidencias de conocimiento (exámenes) o de producto (informe de responsabilidades profesionales y expediente de evidencias), desechando otros elementos que resultan mucho más valiosos para valorar la labor que realiza un profesor. Así pues, el mérito que promueve la evaluación docente actual poco o nada ha tenido que ver con la capacidad real de un maestro en situaciones reales.

Resulta necesario entonces redefinir el mérito dentro de la evaluación docente. Éste no debe limitarse al momento en que el maestro se sienta frente a un monitor a realizar una serie de tareas o contestar un extenso examen, sino vincularlo, en primera instancia, al historial del profesor: dar peso a su trayectoria, valorando los logros que el maestro ha acumulado a lo largo de su servicio. El mérito también deberá vincularse con el desempeño cotidiano del docente; para esto, no hay vuelta de hoja: es necesario diseñar estrategias e instrumentos (con la carga financiera que conlleve) para atestiguar el actuar de los docentes en el “campo de batalla”. Por último, el mérito deberá también estar relacionado con la preparación académica de los maestros: el grado académico, aunque no determinante, debería tener cierto peso sobre todo en evaluaciones para promoción o para la obtención de estímulos salariales; realizar lo anterior sin duda fomentaría que los docentes buscaran vías de preparación académica lo que pudiera redundar en un mejor desempeño profesional.

Sin duda otro de los rasgos a reconsiderar de la evaluación docente es la transparencia. Al respecto, Frade (2009) señala que esta característica se refiere a “qué tan auditables son los procesos de evaluación y sus resultados, es decir, que existen registros que conforman el resultado al contar con instrumentos y productos que lo constatan” (p. 298). La Ley General del Servicio Profesional Docente no contempla vías para que los profesores puedan conocer las razones concretas por las que obtuvieron un resultado: por ejemplo, no pueden siquiera conocer los errores que cometieron en el examen de conocimientos. De este modo, se hace evidente la necesidad de que las próximas evaluaciones contemplen mecanismos que le permitan al docente no sólo realizar revisiones sobre las resoluciones administrativas, sino sobre los resultados mismos de la evaluación. En aras no sólo de la transparencia de la evaluación, sino también de su democratización, se debe dar al profesor la posibilidad de debatir las valoraciones asignadas por otros agentes, de modo que pueda conocer

Los planteamientos anteriores llevan a la necesidad, ya mencionada, de mejorar o sustituir los instrumentos y las técnicas que se emplean actualmente para valorar a los docentes. Como se mencionaba, la evaluación actual se basa en evidencias de conocimiento y de producto, dejando a un lado las evidencias más importantes: las de desempeño. Resulta necesario que para la evaluación docente se incorpore una técnica fundamental para la valoración de su labor: la observación. No existe mejor manera de evaluar el trabajo de un profesor que observarlo en situaciones reales. Para eso, aunque seguramente se argüirá que resultará costosa e incluso inviable, la observación directa en el aula es la mejor opción. En caso de que el presupuesto sea un impedimento para la observación directa, se puede recurrir a alternativas de observación diferida tales como videograbaciones de clases que pueden ser analizadas posteriormente: “es más factible contar […] con técnicos que operen una cámara de video de manera eficiente, que con observadores con la calificación necesaria para obtener información válida y confiable” (Martínez Rizo, 2016, p.18). En el caso de Chile, por ejemplo, uno de los insumos para evaluar al docente consiste en “un portafolio de evidencias que incluye la grabación en video de una clase” (Martínez Rizo, 2016, p. 85), al cual, además se le da un valor del 60% de la calificación global.

Sobre los instrumentos existentes, es evidente que requieren ajustes. En la encuesta realizada a los participantes de la evaluación docente del ciclo escolar 2015-2016, se observó que el 56.4% de los profesores encuestados manifestó estar en desacuerdo sobre los aspectos que se evalúan en el examen, mientras que, sobre el expediente de evidencias, el 21% indicó un bajo nivel de satisfacción entre la correspondencia entre la entrega de trabajos de sus alumnos la importancia del desempeño docente (INEE, 2018). Acerca del examen, los encuestados resaltan aspectos negativos del mismo: extensión de las preguntas, cantidad total de reactivos, precisión de la redacción y contextualización de las preguntas y los casos. De este modo, queda claro que los instrumentos que ya se aplican deben ser modificados, procurando su perfeccionamiento en aspectos técnicos pero también su pertinencia en cuanto al reflejo de elementos más significativos para valorar al profesor.

Otro de las condiciones que pudieran ser incorporadas en la evaluación docente actual es la consideración de la trayectoria como elemento para valorar a un profesor. Las prácticas evaluativas actuales desprecian por completo el historial laboral del docente, limitando el juicio que se hace sobre él a los meses en que se aplican los que se generan los insumos de evaluación. Así pues, de nada le servirá a un maestro contar con una trayectoria destacada si cuando esté realizando su examen o elaborando su expediente de evidencias atraviesa por un mal día. Un claro ejemplo de un sistema de evaluación docente que considera la historia del profesor como un elemento de peso es el que se realiza en Uruguay, donde “una Junta Calificadora evalúa la aptitud docente, con base en los informes de las visitas anuales de inspección al aula, en el juicio del director de la escuela, el cumplimiento de registros y documentación, los cursos de capacitación y perfeccionamiento”, entre otros (Martínez Rizo, 2016, p. 77). Dejar a un lado la trayectoria podría haber propiciando que, por ejemplo, en la evaluación del desempeño 2015-2016, el porcentaje de resultados insuficientes de maestros de 50 años o más (24.6%) sea el triple que el de 30 o menos (8.4%) (INEE, 2016, p. 121).

La idea de que el magisterio sea un gremio que rechaza la evaluación fue impuesta de manera intencionada en la opinión pública para así dar paso a una evaluación defectuosa y mal intencionada que, hasta el momento, no ha demostrado tener impacto en el mejoramiento de la calidad de enseñanza que se brinda en las escuelas mexicanas. Gran parte del profesorado del país rechazó no la evaluación, sino esta evaluación. En estos momentos de cambio político y de reajuste de la vida pública, es importante tener claro no sólo qué es lo que no se quiere, sino lo que se quiere, en este caso: una evaluación que realmente tenga pertinencia en el desarrollo profesional de los profesores, que valore realmente su desempeño, mediante mecanismos e instrumentos transparentes y adecuados. Sí a la evaluación docente… pero no así.

Twitter: @proferoger85


REFERENCIAS:

FRADE, Laura. Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar hasta el bachillerato. México: Inteligencia Educativa, 2009.

INEE. La Educación Obligatoria en México. Informe 2016. México: autor, 2016.

INEE. Principales resultados de la encuesta de satisfacción de la evaluación del desempeño. México: autor, 2018.

MARTÍNEZ RIZO, Felipe. La evaluación de docentes de educación básica. Una revisión de la experiencia internacional. México: INEE, 2016.

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Rogelio Javier Alonso Ruiz

Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.