“Podemos ver que se asignan plazas a partir del esfuerzo, el mérito y el resultado de lo que se obtiene en el examen. Sepultamos un viejo sistema donde lo que existía era la opacidad y el influyentismo y está naciendo un nuevo sistema en el que predomina el mérito y la absoluta transparencia”. Estas eran las palabras de Aurelio Nuño, entonces Secretario de Educación Pública, al encabezar un evento público de entrega de plazas docentes en la Ciudad de México, el pasado 8 de febrero de 2017 (https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/8/quedo-atras-venta-de-plazas-aurelio-nuno).
Tales declaraciones eran acordes al discurso oficial que imperó con el surgimiento de la Reforma Educativa de 2013, en el cual se acusaba al sindicato magisterial de ser el responsable de corromper la asignación de plazas docentes, al contaminarla con criterios de compadrazgo, herencia familiar, venta directa, favores políticos y hasta sexuales. Convenientemente, el discurso hacía suponer que el sindicato había tomado a la fuerza tal control de las plazas docentes, ocultando que esto en realidad había sido un acuerdo mutuo con las autoridades.
Así pues, con la llegada del Servicio Profesional Docente, a raíz de la Reforma Educativa de 2013, el discurso oficial pregonaba haber librado a las plazas docentes de la corrupción y la falta de transparencia de épocas anteriores. El hecho de que la autoridad educativa hubiera retomado el control garantizaría que sólo los mejor preparados accedieran a los puestos de trabajo. Se supuso que con la realización de concursos de oposición, en igualdad de condiciones para todos sus aspirantes, así como con eventos públicos de asignación de plazas, el tráfico de plazas docentes terminaría. Aunque es innegable que con los nuevos procesos de selección muchos maestros ingresaron o se promovieron cuando de otra forma hubiera sido prácticamente imposible, la realidad se quedó corta ante las expectativas que se generaron sobre el combate a la corrupción: las mañas no desaparecieron, sino que adquirieron nuevos rostros.
Existen docentes que tuvieron que firmar, bajo protesta, el nombramiento que ganaron en el concurso de oposición. Las razones son diversas. Hay casos de profesores que, para aspirar a una plaza, les hicieron renunciar a la que cubrían por interinato, mientras que a otros se les dio la posibilidad de aspirar y lograr la doble plaza. Son conocidas también situaciones en las que se aplicó de manera preferencial, según el implicado, el criterio de compatibilidad de horarios para ocupar plazas de supervisión. Se dieron a conocer también casos en los que alguna plaza fue reservada para alguien hasta que obtuviera un resultado idóneo en la evaluación. También hechos en que las plazas disponibles eran ocultadas según quien se encontraba en posibilidad de elegir. Finalmente casos en los que, no obstante que en la convocatoria aparecieran pocas o ninguna plaza disponible, una vez que se conocieron los resultados de los exámenes y quienes estaban en la “lista de espera”, aparecieron plazas disponibles como por arte de magia, sobre todo de dirección y supervisión.
Ante los argumentos expuestos anteriormente surge la necesidad de perfeccionar el proceso de asignación de plazas. Se hace necesaria pues una revisión pública de las plazas docentes existentes, quizá con la creación de un sistema de consulta abierto en el que se pueda conocer el estado de cada plaza, para de este modo evitar que algunas sean ocultadas al momento de convocar a concurso o al asignar los puestos de trabajo. Es necesario también establecer mecanismos para obligar a las autoridades a generar las plazas docentes, directivas y de supervisión que se requieren, para así evitar que, de no existir administrativamente, éstas sean ocupadas según el criterio de las autoridades educativas e incluso, aún, sindicales. Asimismo, es importante que los mecanismos de evaluación que se utilicen para determinar el ingreso o la promoción de los docentes sean totalmente transparentes, evitando así que, como en la actualidad, los docentes tengan que confiar a ciegas en el resultado de su examen sin la posibilidad de conocer siquiera la calificación de cada una de sus respuestas. Finalmente, resulta pertinente la creación de comisiones que privilegien la pluralidad en su conformación para vigilar y, en su caso, aprobar las convocatorias que las autoridades educativas emiten para la ocupación de plazas docentes.
En espera de que sea discutido y aprobado el Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, con el cual se pretende modificar la Reforma Educativa de 2013, deberá ponerse especial atención en las leyes secundarias o reglamentos que emanen, para que los procesos para obtener una plaza docente no caigan en la idea errónea de que el examen y el evento público de entrega de nombramientos pueden acabar con la corrupción.
Si al hecho de que de por sí la evaluación docente que se implementó a partir de 2013 tenía poca relación con el mérito real de un profesor, le agregamos las mañas de las cuales se dio cuenta en este escrito, la idea de que sólo los mejores maestros tendrían cabida en las escuelas fue seriamente afectada. El paso de los años demostró entonces que los exámenes en igualdad de condiciones y los eventos públicos de entrega de nombramientos por sí mismos no pueden acabar con la corrupción en el manejo de plazas docentes. Quedó demostrado también que no sólo la parte sindical, sino también la oficial, se las ingenia para ejercer favoritismos, contrario al discurso en el que se presentaba al sindicato como la peor de las mafias y a las autoridades gubernamentales como una. Decir que esta forma de asignar plazas docentes es adecuada únicamente porque es mejor que la practicada anteriormente es un argumento a todas luces insuficiente, es cegarnos a que la corrupción sigue presente al momento de definir los puestos de trabajo del magisterio.
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