Ampliación de jornada y desigualdad

"La exigencia debe ser puntual: un nuevo acuerdo, que deje sin efectos el anterior, y que reponga jornada ampliada y alimentación a quienes se iba a despojar. Otra cosa es injusticia."

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Las últimas semanas han sido de un intenso decantar de opiniones sobre el extinto programa de escuelas de tiempo completo, y de lo que significaría perder la ampliación de la jornada ampliada para 3.6 millones de estudiantes y el millón seiscientas mil comidas diarias, al mediodía, que estaban contempladas, hasta su extinción, en la operación regular.

Hemos insistido, desde Mexicanos Primero, en algunas tesis sencillas pero argumentables con toda solidez y evidencia. El aporte de estos dos componentes (ampliación de jornada y alimentación) es una estrategia de equidad social y educativa de primer orden; sus logros son palpables, favorecen lo educativo y lo nutricional, pero también enriquecen la participación social en la escuela, el arraigo y desempeño de las y los docentes, generan mejores condiciones de convivencia y estado anímico. También hemos sostenido que, ante el cierre prolongado, son una excelente oportunidad para la recuperación socioemocional y para remontar el rezago en aprendizajes.

Recordemos, más aún, que el marco legal de la educación en México (artículo 9, fracción VIII de la Ley General de Educación vigente) anticipa que la perspectiva deseable es ese “horario completo” –un reconocimiento tácito de que los horarios actuales en preescolar, primaria y secundaria son escuetos y reducidos– y que se debieran establecer en forma gradual más y más escuelas con esta característica.

Las Reglas de Operación para 2022 que –sin justificación, sin estudio y sin alternativa– extinguieron legalmente los componentes más importantes y dejaron al Programa La Escuela es Nuestra como está ahora, esto es, como una impresionante bolsa de 14 mil millones de pesos dedicada exclusivamente a mejoras de infraestructura en los planteles, resulta un despropósito que con justa razón y con sustancial motivo desató la preocupación y la indignación generalizadas.

Las recientes declaraciones del presidente y de la secretaria de Educación dan una ventana de esperanza. Ayer mismo una ‘tarjeta informativa’ plasmaba que, y cito literalmente: “La Secretaría de Educación Pública informa que, por instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los beneficios que incluían las Escuelas de Tiempo Completo se mantendrán en el programa de La Escuela es Nuestra (LEEN). Los apoyos de alimentación y horario ampliado se entregarán de manera directa a las madres, padres de familia, alumnas y alumnos de centros de educación básica para evitar la participación de intermediarios y/o prácticas irregulares”. Se abre un camino; es todavía una declaración sin efecto legal, que para volverse real requiere de la anulación y sustitución del acuerdo publicado el 28 de febrero pasado, y un nuevo acuerdo que restituya los componentes en forma oficial, formal y con certeza jurídica.

En espera de pasar de la promesa a la realidad, conviene insistir en el aspecto de la inclusión, del combate a la desigualdad y de la progresividad que se juegan en este asunto. Ya muchas de las activistas –Jeny Farías, Laura Ramírez, Alejandra Núñez, Irma Pineda, Tania Ramírez, Melissa Ayala, Nancy Ramírez– han subrayado que la extinción es un abuso que golpea desproporcionadamente las oportunidades de las niñas y jóvenes, de los estudiantes indígenas y con discapacidad, y que favorece que la vulnerabilidad interseccional –que se apile la discriminación y exclusión contra las personas más pobres y desprotegidas– es algo clarísimo en esta tan dañina decisión.

Consideremos que es la doctrina universal de los derechos humanos la que nos previene contra la ‘regresividad’, es decir, que es inherente al respeto y promoción de los derechos que, una vez que se ha alcanzado un nivel de garantía –leyes, recursos públicos, estrategias y sistemas– para su realidad concreta, no debe permitirse un retroceso. Simple: aunque no se pueda –aún– ofrecerlo a todas y todos, el goce de un derecho no puede restringirse en quienes ya podían desplegarlo. La no regresividad está en los tratados internacionales que obligan a México, está en la jurisprudencia de la Suprema Corte, es algo intuitivo y bien fundado. Por ello, toda solución que el gobierno presente para recuperar la jornada ampliada y el servicio de alimentación debe asegurar que es, en primer lugar, para quienes ya contaban con él, no para otros beneficiarios elegidos con otros criterios. Es justicia y restitución no una nueva etapa promocional. Por ello, tampoco es buena solución la bienintencionada –o clientelista, populista u oportunista– afirmación de los gobiernos estatales de que ellos pondrán los recursos. Si esa fuera la solución, los estados ‘ricos’ podrán aportar a la continuidad, pero estados como Chiapas o Guerrero no. Si justo el concepto era mitigar y revertir la desigualdad, reeditarla entre estados no es opción. Así que la exigencia debe ser puntual: un nuevo acuerdo, que deje sin efectos el anterior, y que reponga jornada ampliada y alimentación a quienes se iba a despojar. Otra cosa es injusticia.