Por: Rogelio Vargas Garfias*
El proyecto de decreto que circula, con el que el gobierno federal dice “abrogar” la reforma educativa 2013, representa exclusivamente los intereses clientelares de todos los partidos políticos que integran la 64 legislatura federal y las recomendaciones hechas por la OCDE y los grupos empresariales más retrógrados del país. Situación que obliga al movimiento democrático en general, en todos sus sectores, pero especialmente a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a ponerse al frente de la protesta social que obligue al gobierno de la Cuarta Transformación (4T), al Presidente de la República y a los legisladores de Morena a cumplir con sus compromisos hechos en campaña y que les dieron los millones de votos que los llevaron al poder.
El gobierno de la 4T y sus legisladores en el Congreso abusan de su poder y hacen gala de arrogancia al olvidarse de sus compromisos hechos con el pueblo y los maestros de México. Arguyen que para ellos es suficiente eliminar la evaluación como instrumento punitivo, como se presenta en su proyecto de decreto, para abrogar la reforma educativa. Cosa más falsa.
Del análisis del proyecto se desprenden varios temas que no pueden pasar desapercibidos y revelan los acuerdos pactados en las cañerías de la Cámara de Diputados y que pretenden aprobar si se les permite.
Al anotar que “el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños […] en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, manipulan un derecho que es muy sensible entre la población para contraponerlo a los derechos de los maestros y así continuar desconociendo sus conquistas. ¿Quién puede oponerse al interés superior de los niños a recibir los servicios educativos? ¡Nadie! En realidad, la intención es otra. Es la continuación de la campaña de condena, descrédito y odio –que puso en marcha el peñato en 2013– y que ahora reviven AMLO y los medios de comunicación cuando los profesores protestan o se declaran en huelga para defender sus derechos y los de los estudiantes.
Seguir insistiendo en mantener a los profesores del país en un régimen laboral de excepción, forma parte de los acuerdos signados con Mexicanos Primero y los partidos del Pacto por México. En su proyecto, “el sistema para la carrera de las y los maestros”, que sustituye a la Ley del Servicio Profesional Docente de Peña Nieto, es lo mismo, pero con otro nombre. La exigencia de la CNTE es el regreso a su estatus laboral de antes de la reforma educativa de 2013, es decir, a la protección histórica del artículo 123, apartado B.
El proyecto de marras condiciona también la admisión al servicio, la promoción y el reconocimiento. Sostiene que “la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejercerá la función magisterial se realizará a través de procesos de selección a los que concurrirán los aspirantes en igualdad de condiciones […]”. Tal redacción, aunque elimina lo punitivo en cuanto a la permanencia, desconoce de facto el papel formativo de las escuelas normales y da –con los “procesos de selección”– la posibilidad de que cualquier persona pueda ingresar al servicio, anulando en los hechos el examen profesional para graduarse de maestro, la profesión docente como profesión de Estado y la contratación automática.
El proyecto es excluyente y elitista. No se aleja mucho de la reforma de Peña Nieto. El concepto empresarial de “educación de excelencia”, los procesos de “certificación” amañada, la poca claridad en lo que ellos llaman “profesionalización de la gestión escolar”, la persistencia en darle cabida a instituciones ajenas a la educación con el nombre de “consejos ciudadanos” y “sociedad civil organizada”, el régimen de apartheid en que seguirán manteniendo a los maestros de la Ciudad de México y la ausencia del compromiso explícito en la reforma constitucional de librar al pueblo de México del flagelo maldito del analfabetismo, da sentido al señalamiento de que la reforma de AMLO da continuidad a la reforma de los neoliberales. Aunque no les guste el cuestionamiento, así es.
Se acerca el 21 de marzo y el presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a Guelatao, Oaxaca. Hace un año, aún como candidato, en ese pueblo, cuna de Benito Juárez, AMLO dio a conocer 10 compromisos que salieron de su ronco pecho, “que no es bodega”, como suele decir. El compromiso número siete decía así: “Vamos a elaborar conjuntamente, con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos especialistas, un plan educativo que mejore de verdad, la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. ¡Nunca más una reforma educativa sin el magisterio!”
En la reforma educativa constitucional que negocian entre neoliberales y que votarán pronto los diputados, no fueron tomados en cuenta los maestros, los padres de familia ni los pedagogos especialistas. Si se vota como está, será una reforma neoliberal más y se inaugurará una confrontación de grandes consecuencias. Por eso la CNTE se movilizará. Va a exigir que la tomen en cuenta, que la escuchen y, si esto no es posible porque los compromisos de la 4T con la “mafia del poder” son más grandes, entonces retumbará por las ciudades, las calles y plazas del país la consigna: “Si ellos no abrogan la reforma educativa en sus cámaras, la abrogaremos en las calles”.
* Profesor.
Este artículo fue publicado en La Jornada.
