En la primera sesión ordinaria del ciclo escolar, los colectivos docentes recibieron la propuesta de construir un itinerario para orientar su trabajo en el Consejo Técnico Escolar. Debían identificar necesidades, elegir temas y acordar una ruta. El esquema de septiembre asignaba el 30 de octubre a un tema decidido por el CTE. Ahora, la Secretaría de Educación Pública destina esa sesión a la consulta sobre el nuevo Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y sitúa el itinerario de las escuelas públicas a partir de la tercera sesión. Orientaciones de septiembre, pp. 14–17, insumos actuales.
La consulta estaba prevista. En agosto se anunció el diagnóstico como antecedente de un ejercicio nacional posterior; el 21 de septiembre se informó que este se realizaría en octubre. Sería impreciso presentarlo como una ocurrencia. Lo que merece explicación es cómo se articuló esa previsión con una propuesta que todavía dejaba la segunda sesión a decisión del colectivo. La autonomía no se agota en la posibilidad de elegir: también requiere condiciones para sostener las decisiones de los colectivos. Orientaciones de agosto, p. 6, conferencia del 21 de septiembre.
Antes de modificar el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, conviene distinguir sus problemas de diseño de las irregularidades en la actuación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que lo administra. Ambas dimensiones pueden requerir cambios, pero por razones que deben explicarse.
Esta preocupación tiene antecedentes. En 2019, al analizar el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos, dejé abierta la pregunta sobre su contribución al aprendizaje. En 2021 advertí que las reglas no aseguraban oportunidades sin recursos suficientes. En 2025 cuestioné cómo los materiales podían orientar la consulta. Hoy esas preocupaciones convergen: importa conocer qué puede decidir el magisterio, con qué información y bajo qué condiciones sus propuestas podrán hacerse efectivas.
La Carpeta de Trabajo de octubre enumera incumplimiento del listado de ordenamiento, opacidad en el registro de vacantes y fallas de la plataforma. También incluye cuestionamientos a criterios del sistema. Esa enumeración exige distinguir qué corresponde modificar y qué requiere investigar, corregir o sancionar. Carpeta de Trabajo, p. 18.
¿Cómo garantizará una nueva ponderación que se publiquen las plazas disponibles? La aceptación de otras reglas no equivale a dar por atendidas las irregularidades denunciadas. La transformación tendría que relacionar cada cambio con el problema que pretende resolver, sin relevar a la autoridad de explicar su actuación.
Conviene aclarar, además, la función de cada etapa. El cuestionario de agosto ya recogía preferencias sobre el sistema. El diagnóstico reporta 393,696 participantes de 93,235 centros de trabajo. El material de octubre explica que la consulta busca profundizar en cinco temas identificados a partir de aquellas respuestas. Corresponde explicar cómo se seleccionaron y qué posibilidades existen de reconsiderar el punto de partida. Material de apoyo, pp. 4 y 8, resultados del diagnóstico.
El diagnóstico ofrece un ejemplo concreto. Su primera pregunta contrapone un instrumento de conocimientos y aptitudes con «regresar al pasado» mediante un «reparto discrecional» de plazas. A mi juicio, la formulación es tendenciosa: describe una opción por su finalidad y caracteriza la otra mediante una expresión desfavorable. El 79.6 % favorable al instrumento debe interpretarse considerando esa asimetría. Resultados del diagnóstico, p. 4.
El propio informe reconoce desacuerdos sobre cuánto debe pesar cada criterio. Los promedios describen las respuestas; no constituyen una combinación consensuada. Sin embargo, se propone revisar esos resultados antes de responder. Informar puede enriquecer la deliberación; presentar preferencias mayoritarias como premisas puede orientarla. ¿Serán antecedentes discutibles o conclusiones que se espera ratificar? Resultados, p. 8, Material de apoyo, p. 7.
El nuevo cuestionario está anunciado para el 30 de octubre. Mientras no pueda revisarse, sería improcedente atribuirle opciones o limitaciones específicas. Sí corresponde exigir que permita cuestionar las premisas y expresar alternativas. Material de apoyo, p. 6.
También habrá que precisar a quiénes representan las respuestas. «Quienes participaron» y «el magisterio» tienen alcances distintos. Conocer cuántos respondieron es indispensable, pero no suficiente. Importa distinguir niveles, funciones, entidades y experiencias con los procesos, así como las condiciones de participación. Una consulta amplia no es necesariamente representativa de todas las situaciones del magisterio. Todos pueden tener razones para opinar; identificar desde dónde lo hacen permite comprender sus propuestas.
Debe explicarse, además, cómo se integrarán las propuestas. Si se privilegia la frecuencia, habrá que precisar qué se contó y cómo se agruparon las respuestas. Si se consideran otros criterios, deberán hacerse públicos. Una propuesta minoritaria puede advertir una afectación que la mayoría no experimenta.
La preferencia por determinados factores tampoco demuestra cuánto contribuyen al aprendizaje ni determina una ponderación justa. Corresponde relacionar las opiniones con la evidencia disponible y los propósitos del sistema. El informe debería mostrar qué se propuso, qué se incorporó, qué se descartó y por qué. La SEP anuncia que los resultados podrán consultarse a partir del 3 de noviembre, mediante CURP. Falta precisar qué información estará disponible y cómo permitirá conocer el tratamiento de las propuestas y su influencia en las decisiones. Material de apoyo, p. 9.
La decisión de destinar la segunda sesión a la consulta permite observar otra tensión en el funcionamiento del CTE: mientras los colectivos organizan sus prioridades formativas, comprender las nuevas disposiciones puede requerir atención antes del momento elegido para estudiarlas. El caso de los entornos digitales lo ilustra.
El material sobre pantallas, redes sociales e inteligencia artificial incorpora el Acuerdo 09/09/26 y remite a los lineamientos de 2023 sobre acoso escolar. Sin embargo, no identifica el decreto de entornos digitales seguros del 14 de octubre. Esto no demuestra que la SEP no lo haya difundido por otros medios; permite preguntar cómo se articulará con el análisis propuesto. Material temático, pp. 2, 6 y 8–9.
El acuerdo regula el uso de dispositivos en las escuelas y entra en vigor el 3 de noviembre. El decreto está vigente desde el 14 de octubre y establece responsabilidades para plataformas y autoridades; contempla prevención, protocolos de acompañamiento y canalización. Acuerdo, artículo 2 y transitorio primero, decreto, artículo 7 y transitorio segundo.
Elegir un tema de formación no elimina la necesidad de comprender disposiciones con repercusiones escolares. Una emergencia, una necesidad de accesibilidad o un riesgo digital pueden exigir respuestas antes de su estudio. La autoridad debería recomendar expresamente ese análisis y proporcionar orientación, tiempo y apoyos. Para la consulta se dispone una sesión; comprender esas repercusiones merece también atención institucional.
La participación compromete a quienes opinan y a quienes convocan. Requiere decisiones abiertas, criterios públicos para procesar las respuestas, reconocimiento del desacuerdo y continuidad del trabajo colectivo.
Antes de afirmar que el nuevo Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros quedó como lo quiso el magisterio, la autoridad tendrá que demostrar qué pudieron decidir las maestras y los maestros y cómo influyeron sus propuestas en el resultado. Convocar a una consulta también obliga a rendir cuentas.
