“El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales.” PAULO FREIRE
1. Introducción: una encuesta, una pregunta pendiente
Cada año, el Latinobarómetro pone un espejo frente a la región, y en 2026 el reflejo incomoda. Entre el 7 de mayo y el 17 de junio se aplicaron 19,207 entrevistas cara a cara en 17 países, con un margen de error de 3 % por país (Corporación Latinobarómetro, 2026). Su resultado central es engañosamente sereno: el apoyo a la democracia se mantiene en 52 %, igual que en 2024. Debajo de esa cifra hay un movimiento telúrico. Desde 2024 se han celebrado doce elecciones presidenciales con siete alternancias, y el propio informe cuenta once países gobernados por la derecha, cuatro de ellos por gobiernos de extrema derecha: Argentina, Chile, Perú y Colombia. La izquierda gobierna solo en cuatro: México, Brasil, Guatemala y Uruguay.
La pregunta de este artículo no es electoral, es pedagógica y ética: ¿qué le ocurre a una escuela pública cuando la desconfianza hacia el Estado se convierte en carta de triunfo para proyectos que ven la educación como gasto y no como derecho? Y una pregunta más incómoda: ¿quién gana cuando la escuela pública se debilita? Casi nunca ganan los niños. Quienes han gobernado para sí mismos suelen llegar con un discurso de orden, mérito y eficiencia, y con una nostalgia muy concreta: recuperar el poder, los contratos y los privilegios que perdieron cuando la ciudadanía les retiró el voto.
México no está al margen. Quienes llevamos años en la docencia y la supervisión escolar tenemos memoria de lo que significa que el magisterio sea señalado, evaluado con desconfianza y reprimido; algunos compañeros perdieron su plaza y otros, la vida. Esa memoria no es nostalgia: es evidencia histórica, y conviene tenerla a la mano antes de que otra campaña, ahora global, la vuelva a borrar.
Una precisión de lenguaje, porque la honestidad intelectual lo exige. El informe clasifica a esos cuatro gobiernos como de extrema derecha y a otros siete como de centro o centroderecha. Lo verificable es su programa educativo y su conducta pública, y de eso trata este texto.
2. El diagnóstico: qué dice y qué no dice el Latinobarómetro
Primero, lo que dice. El informe sostiene que ninguna democracia latinoamericana está consolidada, con la posible excepción de Uruguay. Atribuye el ascenso de gobiernos neoliberales y de extrema derecha a que los gobiernos tradicionales, de derecha y de izquierda, no desmantelaron los clivajes que impiden consolidar la democracia: partidos que no representan, justicia desigual y la fuerza por encima del derecho (Corporación Latinobarómetro, 2026). Los números lo respaldan. El 52 % de los latinoamericanos dice que no le importaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas, frente a 44 % en 2002. El 76 % no se siente representado por su parlamento (cámara de diputados/senadores) (70 % en 2015). Solo 26 % considera que el Estado ha hecho mucho o algo por ellos, y 78 % desconfía de que los impuestos se gasten bien.
La educación aparece como síntoma. La satisfacción con la educación pública pasó de 54-55 % entre 2009 y 2011 a 40 % en 2026; la de los hospitales cayó de 46 % a 28 %. Esta es la parte que a los defensores de lo público nos toca asumir: el desencanto con servicios que no cumplieron lo prometido es el terreno que hoy cultiva la ultraderecha. Pero conviene mirar quién siembra en ese terreno. Quien convierte el desencanto en votos no necesariamente quiere reparar la escuela; a veces quiere reemplazar al Estado por el negocio.
Hay otro dato que debería ocupar a cualquier docente: el perfil del demócrata. Quien más apoya la democracia tiene más edad, más educación y mayor nivel socioeconómico, y las personas con menor escolaridad son las más vulnerables a campañas de información falsa. Además, 61 % prefiere controlar la circulación de noticias falsas, aunque se limite la libertad, y solo 35 % antepone la libertad de expresión. El informe menciona la detención en Bolivia, en agosto de 2026, del estratega digital Fernando Cerimedo, ligado a granjas de bots en campañas de la derecha latinoamericana. La escuela no es un actor lateral de la defensa democrática: es donde se forma o se debilita la capacidad de distinguir un hecho de una consigna.
Por último, el dato mexicano. Las notas que recogieron el informe ubican el apoyo mexicano a la democracia en 45 %, siete puntos debajo del promedio regional. Otra medición, publicada por Expansión, habla de una caída de 74 % a 53 % en la convicción democrática entre 2024 y 2026 (Expansión Política, 2026); son preguntas distintas y no deben mezclarse. En ambos casos el mensaje es el mismo: la adhesión a la democracia se sostiene en resultados tangibles, no en lealtades heredadas.
3. Cuando la desconfianza llega a la escuela: Argentina y Chile
Argentina es el laboratorio más avanzado, y lo que muestra es un patrón en tres tiempos: se recorta, se desobedece a la ley que ordena reparar el recorte y se reprime a quien protesta. El 15 de octubre de 2026 se realizó la quinta Marcha Federal Universitaria, con cerca de un millón de personas según los organizadores.
Las cifras necesitan precisión. Un estudio de la UBA (Universidad de Buenos Aires) calcula que los recursos universitarios cayeron 40.5 % en términos reales entre el primer semestre de 2023 y el de 2026 (Perfil, 2026); otras estimaciones hablan de cerca de 25 %, y el dato depende del indicador usado. Lo que no depende del indicador es el efecto: un docente de la UBA gana 24.2 % menos que en noviembre de 2023, muchos renuncian porque el sueldo no alcanza y las universidades advierten que podrían no sostener sus funciones el próximo año.
La respuesta a la protesta fue gas lacrimógeno y camiones hidrantes. La Comisión Provincial por la Memoria contó 550 personas afectadas por los gases (El Espectador, 2026). Las cifras de detenidos varían según la fuente: 31 según datos citados por El País, alrededor de veinte según AP, seis en un primer reporte de EFE.
En Chile, José Antonio Kast ganó con 58 % de los votos, según el informe. A siete meses de asumir registra una desaprobación histórica, detonada en parte por recortes planeados que provocaron protestas estudiantiles. La Confech responde que «estos recortes tienen cara y nombre» (Radio Universidad de Chile, 2026): una beca para una computadora, un jardín infantil, una hora docente.
4. México: legitimidad, Nueva Escuela Mexicana y financiamiento
Para entender qué perderíamos hay que recordar de dónde venimos. En 2012 se estrenó ¡De panzazo!, documental producido por Mexicanos Primero, organización fundada por Claudio X. González, y codirigido por Juan Carlos Rulfo y el periodista de Televisa Carlos Loret de Mola; su distribuidora, Cinépolis, estaba vinculada a la organización por medio de uno de sus directivos (Dialnet, 2025; Letras Libres, 2016). La película se presentaba como investigación, no como parte de una agenda. Construyó un relato eficaz: personalizó en el docente un problema que es de pobreza, desigualdad e inversión. Mexicanos Primero fue un actor influyente en esa narrativa; la reforma, sin embargo, fue una decisión del Estado, y conviene no atribuirle una autoría exclusiva para que el argumento resista cualquier réplica.
Esa narrativa preparó la reforma de 2013. El Servicio Profesional Docente evaluó ingreso, promoción y permanencia con exámenes estandarizados y preveía la pérdida de la plaza si el docente no aprobaba tras tres oportunidades. Entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 unos 500 profesores fueron cesados por inasistencias, según la SEP, y el conflicto con la CNTE incluyó plantones, detenciones de dirigentes y, en Nochixtlán, un enfrentamiento con saldo de al menos ocho muertos (Expansión, 2016). A diez años de los hechos, los familiares siguen exigiendo justicia y no hay una resolución penal contra el exsecretario Aurelio Nuño; una maestra de Jalisco perdió su plaza por negarse a un examen de filosofía ajeno a su formación, y apenas en julio de 2026 la SEP restituyó a 90 docentes de Jalisco despedidos hace una década (Publimetro, 2026). La reparación llegó diez años tarde.
La pregunta de fondo es qué se defendía en realidad. La reforma se vendió como lucha contra los vicios del sistema, mientras el mismo periodo exhibió otra corrupción, la de arriba. La investigación periodística conocida como La Estafa Maestra documentó el desvío de más de 400 millones de dólares mediante 128 empresas fantasma, once dependencias federales y ocho universidades públicas (Wikipedia, 2018); la Auditoría Superior de la Federación detectó 540 millones de pesos extraviados en Sedesol en 2015 (BBC Mundo, 2018). Es decir: al maestro se le examinaba hasta perder la plaza, mientras millones de pesos públicos se evaporaban en contratos simulados. Nadie sensato defiende la opacidad magisterial; lo que se critica es la selectividad: rigor extremo para el docente, impunidad para el poderoso. Esta es la memoria que debemos tener presente cada vez que alguien promete «volver a poner orden».
En 2018 se derogó la Ley General del Servicio Profesional Docente bajo el argumento de que era un error aplicar criterios sancionadores nacidos de la desconfianza hacia los profesionales de la educación (Ejecutivo Federal, 2018, citado en Redalyc, 2019). En 2019 se reformó el artículo 3 y se creó la USICAMM. La Nueva Escuela Mexicana ofrece, al menos en su diseño, otra concepción: escuela comunitaria, territorio como punto de partida, Programa Analítico construido por el colectivo docente y mejora continua en lugar de sanción. Para quien supervisa una zona escolar, eso significa autonomía profesional, contexto y confianza.
Reconocer eso no implica idealizar. La NEM enfrenta críticas legítimas sobre su implementación, la carga administrativa y la claridad de sus ejes articuladores, y es posible discutirlas sin entregar el terreno. Tampoco todo es indiscutible hoy: la SEP anunció la desaparición de la USICAMM y el SNTE celebra que «hemos borrado la mal llamada reforma educativa» (El Porvenir, 2026), lo que exige escrutinio sobre qué sustituirá a los procesos de admisión y promoción. Una defensa honesta de la NEM debe ser capaz de decir qué hay que corregir.
Sobre el financiamiento, la señal de alerta ya existe en casa. En agosto, alcaldes del PAN propusieron eliminar La Escuela es Nuestra, y la presidenta los acusó de querer «parte del recurso» (Infobae, 2026). El programa transfiere recursos directamente a las comunidades escolares; el debate muestra que el control del dinero escolar es ya un campo de disputa partidista. Cuando el dinero llega directo a la comunidad, hay menos intermediarios que cobren por el camino, y por eso conviene preguntar quién se beneficia de que ese esquema desaparezca. A esto se suma la fragilidad que mide el Latinobarómetro: 45 % de apoyo a la democracia en México y, según cifras de prensa que deben contrastarse con el informe completo, 49 % de satisfacción con la educación pública frente a 40 % regional. El escenario no es de pánico, pero tampoco de complacencia.
5. Escenarios: tres futuros posibles para la escuela pública
Lo que sigue son ejercicios de prospectiva, no pronósticos. Ningún partido mexicano ha presentado hoy un programa educativo equivalente al argentino, y atribuirlo sería inexacto. Pero la comparación regional permite imaginar tres trayectorias hacia 2030.
Primer escenario: continuidad con ajustes. La NEM se mantiene, el Programa Analítico y la mejora continua siguen, y los cambios son de gestión y presupuesto. El riesgo es el desgaste silencioso: una política que no se defiende cotidianamente en las aulas pierde legitimidad por falta de resultados visibles, justo el combustible de la alternancia que identifica el Latinobarómetro. Quien no muestra resultados le regala el discurso a quien promete «recuperar» lo que tenía.
Segundo escenario: reorientación conservadora. Se conservan la gratuidad y la obligatoriedad, pero cambian el currículo, la evaluación y el papel de la comunidad. Es el patrón de Bolivia, donde se discute abrogar la ley educativa y regionalizar el currículo sin más presupuesto. El centro del conflicto sería el sentido de la educación: ¿formamos ciudadanía crítica o capital humano obediente? Volverían el examen como castigo, el docente como sospechoso y la narrativa del fracaso como herramienta de control. Sabemos cómo termina: con plazas perdidas, comunidades divididas y, en el peor momento, con muertos.
Tercer escenario: desfinanciamiento y mercantilización. Se recorta la inversión federal, se debilitan las transferencias directas a escuelas y se estimula la oferta privada. El caso argentino muestra la magnitud posible, con caídas de entre 25 % y 40 % en recursos universitarios, salarios que expulsan docentes y desobediencia a leyes del propio Congreso. En un estado como Yucatán, con amplias zonas rurales y comunidades mayas donde casi no hay oferta privada alternativa, ese escenario no ampliaría la libertad de elegir: la reduciría. Es una hipótesis que debe respaldarse con datos de INEGI y SEP, pero la lógica es clara. Y como muestran los expedientes argentinos, el ajuste que se exige a las aulas no siempre se aplica en los despachos.
Ninguno de los tres es inevitable. El mismo informe muestra que los pueblos latinoamericanos usan la alternancia como herramienta y castigan a quien no cumple: Kast ya cosecha desaprobación y Milei, protestas masivas. En Brasil la definición sigue abierta: las notas recientes hablan de un empate técnico en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro (La República, 2026), y por eso este texto no pretende anticipar el resultado. La derecha en el poder no es invulnerable, pero el daño a una generación de estudiantes no se revierte con la siguiente elección.
6. Cierre reflexivo
El Latinobarómetro 2026 no es una sentencia, es una advertencia con datos. Dice que la gente seguirá apoyando a quien le resuelva, venga de donde venga, y que la democracia sobrevive aun a los gobiernos que no cumplen. Eso es oportunidad y riesgo: oportunidad, porque nada está escrito; riesgo, porque la educación pública puede ser sacrificada en nombre de la eficiencia por quienes prometen orden y cobran con recortes.
Por eso el cuidado es una tarea pedagógica. Cuando alguien nos diga que antes se hacía mejor, preguntemos para quién: ¿para el niño que no tenía beca o para el maestro que sí tenía contrato? Defender lo público con evidencia, autocrítica, alfabetización mediática, memoria y organización con las familias es la forma cotidiana de que no vuelvan los despidos, los exámenes como castigo ni el gas lacrimógeno y balas en la plaza. Y como pide la frase que abre este texto, que la indignación sea necesaria y también transformadora.
La Nueva Escuela Mexicana no es un decreto: es un modo de entender al maestro como profesional y a la escuela como comunidad. Lo que podemos perder no es una política pública, sino una forma de mirar a quienes enseñan. Esa mirada solo se defiende donde se practica: en cada aula, en cada consejo técnico, en cada zona escolar.
