Ha llegado el momento. A tres meses de que el Presidente presentó una iniciativa de reforma en materia educativa, las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados discuten el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales. El tiempo entre la primera iniciativa y la discusión de la segunda fue productivo; vemos una propuesta fortalecida.
Fue preocupante que la iniciativa del Ejecutivo borraba cualquier referencia al aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes (NNJ). El proyecto que se discutirá no sólo establece como criterios de la educación la equidad, inclusión, interculturalidad e integralidad, también reconoce que los procesos escolares y los perfiles docentes deben impulsar el desarrollo integral de las NNJ. Se podría fortalecer aún más, reconociendo el interés superior de las NNJ a estar, “aprender” y participar en los servicios educativos. Tal vez la mejor noticia en el proyecto bajo discusión viene en el campo de la educación inicial, es decir, las oportunidades de desarrollo integral para niñas y niños de cero a tres años. La iniciativa de López Obrador eliminaba la obligación del Estado de promover la educación inicial. El proyecto de decreto va más allá de sólo rescatarla: el Estado deberá “garantizar” la educación inicial, expedir principios rectores y objetivos, y definir una estrategia nacional de atención a la Primera Infancia dentro de seis meses. Esto representará un progreso sustantivo.
Un acierto de la iniciativa del Presidente fue establecer la equidad y la inclusión como partes de la garantía del derecho a la educación. Sin embargo, se limitaba a ciertos grupos y tipos de marginación. El nuevo proyecto –al hacer referencia a desigualdades socioeconómicas, regionales y de género– sigue basándose en una concepción de equidad e inclusión insuficiente (excluye a los millones de NNJ con discapacidad, por ejemplo). Todavía hay tiempo para que los legisladores establezcan la obligación del Estado de eliminar “cualquier” barrera para el aprendizaje y la participación.
La propuesta en el Legislativo –al igual que la iniciativa del Ejecutivo– reconoce el papel de los maestros como agentes transformadores y propone garantizarles acceso a formación continua (falta aclarar que ésta debe ser pertinente, relevante y gratuita). El nuevo proyecto también establece su derecho a entrar y promoverse en el servicio docente por medio de procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales; sin embargo, es preocupante que desde el mismo proyecto se proponga suspender estos procesos para el próximo ciclo escolar.
El proyecto refleja el esfuerzo y empeño de los legisladores de escuchar las distintas voces y construir juntos una reforma que –si todavía se puede fortalecer– en general representa un avance respecto a cómo se entiende y propone la defensa y promoción de la educación en México desde la Constitución.
Publicado en El Heraldo de México.
