En esta semana, el presidente López Obrador finalmente puso en palabras algo sobre lo cual se venía insistiendo: hay que incluir a los maestros en las poblaciones que deben recibir la vacuna prioritariamente. En efecto, en la mayoría de los países desde hace meses se ha venido planeando la logística para la secuencia de la inmunización para el SARS-CoV-2, y a pesar de que no había certeza –aunque sí fechas estimadas que fueron muy pronto del dominio público– se tenía contemplado que, tras los operadores de salud, el siguiente grupo de servidores públicos en orden de antelación debieran ser las y los docentes. Es ya un gran paso: tenemos que salir de la nebulosa vaguedad, y plantear ya cómo y cuándo se van a activar los planteles. Pero antes, obvio, asegurar las mejores condiciones del servicio docente, y eso implica la vacunación sistemática.
El asunto tiene su complejidad; si es ya todo un reto la llegada, conservación en hiperfrío, la distribución de las dosis en el territorio según los listados de los agentes de salud, todavía el asunto se mantiene como un rompecabezas intrasector: los empleadores de los destinatarios son los mismos administradores de la vacuna. En cambio, para la vacunación nacional, universal, de los maestros, se requiere de la coordinación entre dos sectores: Salud y Educación. No tan ágil al inicio, pero ya hay un primer buen fruto de su interacción en la elaboración de un único manual de sanitización y manejo de filtro para las escuelas, pieza que se completó ya en semanas pasadas. Con esa buena experiencia de antecedente propicio, corresponderá entonces ahora operar la secuencia ordenada para administrar la vacuna en los aguerridos antebrazos de las y los docentes. Ya, urge. Porque toma tiempo; de hecho, las dosis están llegando a cuentagotas. Porque hay que definir si se aplicará en los centros de salud o en los planteles a los que están adscritos, porque obviamente hay que empatar el orden sucesivo a aquel con el que se prevé abrir las aulas.
Y eso lleva a la segunda expresión del titular del Ejecutivo que resultó sorprendente: pidió que Chiapas y Campeche, que tienen a casi todos sus municipios en verde, se alisten para comenzar labores. Ahí el tema ya no es tan claro como el primero. Claro que urge abrir, y en algunos casos ha sido ya un lamentable error no tener activas formas intermedias de presencia. En muchas localidades del país, y para poblaciones que están especialmente ajenas a las posibilidades de la televisión en señal digital, la plataforma informática de Aprende en Casa y hasta de contar regularmente con el WhatsApp, eso ya se podría implementar. Jalisco ya demostró que se pueden tener asesorías voluntarias en los planteles mismos, con cuidado de la distancia, la ventilación, de mutuo acuerdo y sin presencia diaria… pero sí se puede. Nayarit, un caso poco conocido, ha trabajado en sus escuelas multigrado con presencias alternadas y siguiendo las buenas prácticas del modelo de tutorías, reforzando aprendizaje autónomo, desarrollando las visitas domiciliarias con un diseño propio… sí se puede.
El asunto es que no basta el semáforo. El semáforo es un indicar grueso, ligado a la ocupación de camas en hospitales; como somos un país sin pruebas ofrecidas extensamente (tal vez sólo Jalisco y Ciudad de México han hecho esfuerzos que, por el volumen de sus poblaciones, siguen siendo insuficientes), no es un indicador que ayude a prever con más precisión los riesgos en los planteles. En un mismo municipio, hasta en una misma localidad en amarillo, un preescolar de pocos estudiantes, con los debidos cuidados podría abrir –debería, de hecho, mientras que una gran secundaria de 400 alumnos, no. En semáforo verde, una escuela de Chiapas o Campeche, sin el suministro garantizado de agua ni asegurados los materiales de sanitización para todos, con los maestros mayores hipertensos y con diabetes no tienen condiciones de abrir sin resolver previamente esas restricciones.
En los diversos lugares que en el mundo han tenido respuestas sólidas, se abre escuela por escuela. Y con ella, con su participación. Las señales del presidente y de la SEP pueden ser contradictorias entre sí en la semana que se lean. Mapas y calendarios, eso se necesita. Cuáles escuelas podrían abrir, cuándo. Esa planeación no se improvisa, ni se resuelve la semana que la venia o el manotazo del presidente lo determinen. Eso implica profesionalidad y dedicación, que me consta en multitud de funcionarios de la Secretaría y de la autoridad en los estados. La claridad y transparencia, la apertura a exponerlo y dialogarlo abiertamente, por parte de los jefes, no. Semáforo sin logística es insuficiente. Las niñas y los niños merecen más, los maestros merecen trato considerado, anticipado y claro para ejercer su labor, y a los ciudadanos nos toca exigir más.
