Por Paola González-Rubio*.
Cuando exigimos que se garantice el derecho a aprender de todas y todos, lo que estamos exigiendo es una educación incluyente en por lo menos tres aspectos: que tod@s ingresen a la escuela desde los tres años y transiten por ella en tiempo y forma hasta por lo menos concluir el bachillerato; que tod@s aprendan lo que quieren y necesitan para su pleno desarrollo; y que tod@s participen activamente en su proceso educativo.
En México, estamos lejos de poder decir que nuestro sistema educativo cumple con esta triple inclusión. El abandono escolar sigue siendo un asunto sin resolver; el aprendizaje está lejos de ser incluyente, con niveles de logro muy por debajo de lo esperado, sobre todo en las zonas más desaventajadas; y la experiencia escolar sigue siendo vertical y centralizada, limitando significativamente la posibilidad de niñas, niños y jóvenes de ser partícipes de su educación.
Hay mucho que hacer para iniciar la transformación hacia la inclusión educativa. Posiblemente la herramienta más sólida con la que cuenta el Gobierno para hacerlo es el gasto en educación.
Estamos a cinco días de que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017, enviado a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo, sea aprobado. La propuesta del Ejecutivo contempla un recorte importante a lo educativo (4.8% respecto al PEF 2016 en términos nominales), que representa alrededor de $12,132 millones de pesos. Más allá de la cantidad de recursos, lo profundamente preocupante es cómo se distribuye este recorte; de aprobarse el PPEF, los rubros que se verán más afectados tendrán un impacto directo en la transformación hacia la inclusión que tanto urge a nuestro país.
En el PPEF 2017, tan solo los programas de inclusión y equidad educativa muestran un recorte de 34.6% con respecto a lo que se presupuestó para 2016. La formación docente, infraestructura y construcción de capacidades en escuelas, programas para la educación inicial, evaluaciones para el aprendizaje y becas para niñas y niños indígenas tienen recortes que van desde el 29 al 100%.
Además de volverse un obstáculo para la inclusión en términos prácticos, estos recortes representan una incongruencia entre lo que las autoridades dicen querer, y lo que las autoridades realmente podrán hacer. La propuesta del nuevo Modelo Educativo, por ejemplo, requerirá de formación docente innovadora para su correcta implementación, así como una participación más activa de las familias, con especial atención a aquellas en contextos más vulnerables. Igualmente, la propuesta del nuevo Modelo Educativo acertadamente pone al centro temas de inclusión y equidad para el acceso oportuno y permanencia de quienes se encuentran en situaciones de rezago. Este enfoque menciona que se deberán impulsar diseños de espacios educativos para la integración de la diversidad de comunidades. La propuesta también menciona la necesidad de invertir más en la primera infancia. Pero todas estas ideas y propuestas estarán destinadas a quedarse como eso – ideas y propuestas – con la aprobación del PPEF 2017 y el recorte educativo que conlleva, principalmente a temas que impactan la inclusión.
Orientar el gasto a la inclusión implica, en primera instancia, un presupuesto diseñado para la inclusión. Esto significa que el gasto sea progresivo, equitativo y justo, dar más a los que menos tienen, apoyar enérgicamente el aprendizaje de tod@s con especial énfasis en aquellos en contextos más desaventajados. A cinco días de que la Cámara de Diputados deba aprobar el PPEF 2017, quisiéramos repetir – ya que hemos abordado este tema en distintos espacios y ocasiones – que el derecho a aprender se tiene que garantizar y esto requiere hacer un esfuerzo extraordinario para apoyar a quienes más lo necesitan. Es necesario enfocar el PEF a garantizar una educación incluyente, ya que si no se presupuesta para la inclusión difícilmente se podrá avanzar en la garantía del derecho a aprender.
Este es un tema que nos afecta a tod@s. El país que queremos sólo se puede construir con una educación que garantice el desarrollo pleno de cada uno de nosotros. A las y los diputados exigimos que consideren el enorme impacto que tendrá en el presente y futuro de millones de mexicanos la decisión que tomen ahora. Si se pronuncian a favor del derecho a aprender y de la educación incluyente, deben corregir este recorte. Las y los ciudadanos exigimos el uso efectivo – progresivo e incluyente – de recursos públicos para apoyar la transformación hacia la inclusión.
*La autora es investigadora en Mexicanos Primero.
Twitter:@paigrn_
