Este artículo se atreve a mirar donde a todos incomoda: el hogar vacío, la pantalla que cría a nuestros hijos y las políticas que curan con parches lo que sangra por dentro. No es una crónica más de violencia escolar; es el espejo que esta sociedad lleva décadas negándose a enfrentar.
El 1 de octubre de 2026, dos hermanos gemelos de 18 años ingresaron a la secundaria 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, la escuela de la que habían sido alumnos, detonaron un petardo y atacaron con machetes a docentes y estudiantes. La subdirectora murió; cuatro personas más resultaron lesionadas, entre ellas un alumno de 13 años que perdió una mano. Ese mismo mes, el país acumuló hechos semejantes en Querétaro, San Cristóbal de Las Casas y Almoloya de Juárez. La pregunta ya no es si esto puede ocurrir en nuestras escuelas, sino por qué ocurre con esta frecuencia, qué no estamos haciendo en el hogar, qué papel juegan las pantallas y si nuestras políticas públicas tienen la profundidad que la crisis exige.
La escuela no fabrica la violencia: la recibe y allí detona
Hay una tentación explicativa que conviene rechazar de entrada: culpar a la escuela. La escuela no produce la violencia; la hereda. Es el primer espacio público, denso y obligatorio donde confluyen los niños y adolescentes después del hogar, y por eso funciona como detonador visible de una pólvora que se fabricó en otros lados: en la casa, en el barrio, en la pantalla, en la economía que expulsa a los padres hacia los dos empleos que les impiden estar, en la cultura machista que enseña que la masculinidad se demuestra con la fuerza.
Los datos confirman una tendencia, no casos aislados: en 2025 fueron atendidas en hospitales 1,178 personas de entre 1 y 17 años por violencia física en escuelas, 11.3% más que en 2024 y 158.3% más que en 2010. Desde el año 2000 se han documentado 157 episodios con armas de fuego dentro de planteles, y casi cuatro de cada diez de toda la serie ocurrieron entre 2025 y septiembre de 2026. Once de las quince personas asesinadas en ataques a escuelas desde 2000 han sido mujeres: la violencia escolar en México tiene género. Cuando todos los espacios de socialización se degradan —la calle peligrosa, el barrio anónimo, la familia ausente, la plaza sustituida por la pantalla—, la escuela queda como el último territorio de convivencia y absorbe la presión de todos los demás. Culpar a la maestra, al prefecto o al director es el mecanismo más cómodo y cobarde de una sociedad que se niega a verse en el espejo.
Lo que no se hace en el hogar: la familia en crisis
En Torreón, los gemelos vivían con sus abuelos, provenían de un entorno de desintegración familiar, tenían estudios inconclusos, y uno estuvo internado por problemas graves de autocontrol. Tras el ataque, sus abuelos abandonaron el ejido y ningún familiar se presentó a preguntar por ellos: dos muchachos a los que, literalmente, nadie fue a reclamar.
La sociología distingue varios tipos de familia —nuclear, extensa, monoparental, reconstituida, encabezada por abuelos— y la evidencia es clara: ninguna estructura garantiza por sí misma el bienestar de los hijos. Lo que importa no es la forma de la familia sino su función: la calidad del vínculo, la presencia cotidiana, los límites amorosos y la comunicación. Hay hogares monoparentales que crían hijos sanos y hogares completos que producen muchachos solitarios y rabiosos. El problema no es el tipo de familia: es la familia que no ejerce sus funciones básicas.
Y ahí está el diagnóstico incómodo: en demasiados hogares mexicanos ya no se hace lo esencial. No se pregunta con quién come el hijo ni con quién habla en línea; no se sabe qué mira ni con quién se comunica, porque el dispositivo se convirtió en niñera digital y en sustituto de la conversación. No hay rutinas: ni hora de dormir, ni comida en familia, ni revisión de la mochila ni de la pantalla. No hay supervisión del contenido, porque los padres fueron criados en otra era tecnológica y la escuela nunca los alfabetizó digitalmente. Y no hay escucha: muchos padres trabajan jornadas imposibles —o migraron— y compensan la ausencia con objetos, permisos y dispositivos, cuando lo que el hijo necesita es presencia. La corresponsabilidad de la familia no es asistir a una asamblea a firmar asistencia: es saber con quién come el hijo, qué mira, quién lo escucha y por qué nadie notó que publicaba fotos de armas en TikTok.
Pantallas, plataformas y dispositivos sin freno
Los hechos de Torreón obligan a mirar el espejo digital. Uno de los atacantes mantenía una cuenta de TikTok donde publicó, antes del ataque, imágenes de armas y prendas con referencias a agresores extranjeros; los jóvenes manifestaron la “necesidad de pertenecer” a grupos violentos y la intención de imitar ataques registrados en otros países. Uno de ellos planeaba transmitir el ataque en vivo y no lo hizo porque no tenía saldo telefónico.
¿Las plataformas y los dispositivos generan violencia? No son la causa raíz, pero son el amplificador más potente que la historia haya conocido. Las comunidades incel y las subculturas que glorifican a atacantes escolares no crean el dolor de fondo —el abandono, la soledad, el resentimiento—, pero le dan un guion, una identidad, un público imaginario y una comunidad que celebra lo que la vida real le negó. La generación que hoy está en secundaria creció marcada por el encierro pandémico y por una migración completa de su vida social a las pantallas.
El uso indiscriminado de los dispositivos agrava todo esto. Niños que duermen con el celular bajo la almohada, que despiertan y se acuestan validados por “me gusta”, que consumen contenido diseñado por el algoritmo y el negocio para capturar su atención sin importar el costo emocional. La economía de la atención convierte la indignación, el miedo y la violencia en mercancía: el contenido extremo retiene más y por eso se recomienda más. El resultado es una generación con tolerancia creciente a la crueldad, con capacidad de atención fragmentada, con modelos de resolución de conflicto tomados del videojuego y del video corto, y con comunidades tóxicas que saben reclutar al solitario mejor que la escuela sabe incluirlo. La investigación sobre ciberacoso, además, concluye que la violencia digital no inventa nada: amplifica y prolonga la violencia presencial, y ambas se traslapan y se predicen mutuamente.
Políticas públicas: necesarias, pero ¿con la profundidad que exige la crisis?
La respuesta gubernamental no ha sido pasiva. La presidenta Claudia Sheinbaum conformó un grupo de trabajo que prepara un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y remover contenidos que inciten a la violencia, además de fortalecer el programa ABC de las emociones, incorporar buzones confidenciales de detección temprana y ampliar la participación de madres y padres. En Yucatán opera desde 2025 la estrategia Aliados por la Vida, que articula comités municipales con familias, docentes y autoridades.
¿Son necesarios estos programas? Sí, y sería injusto descalificarlos. Nombrar las emociones, enseñar a pedir ayuda y llamar a las familias a la mesa son acciones valiosas. Pero un programa puede ser necesario y a la vez insuficiente, y en su forma actual corren el riesgo de ser paliativos. Primero, una hora semanal con cuadernillos no es un sistema de salud mental: el ABC de las emociones no crea plazas de orientadores, psicólogos ni trabajadores sociales en las escuelas, y los buzones confidenciales solo funcionan si detrás de la caja hay alguien formado y con tiempo para leer y acompañar. Segundo, llegar solo a tercero de secundaria es tarde: los hechos de Chiapas involucraron a niños de primaria, y buena parte de la violencia escolar ocurre antes de la adolescencia. Tercero, un programa socioemocional no ataca las causas estructurales: la desintegración familiar, la pobreza, el machismo, la impunidad y el colapso de los espacios comunitarios de convivencia. Y cuarto, la sostenibilidad es incierta: los programas que nacen del escándalo pueden morir con el sexenio. La prevención que falta es de fondo: formación socioemocional desde preescolar, como lo concibe la Nueva Escuela Mexicana; alfabetización mediática crítica dentro del currículo, no como taller optativo; regulación de plataformas con organismos independientes que auditen qué se remueve y por qué; y una partida presupuestal protegida por ley para la salud mental infantil y adolescente.
El último territorio común
La violencia escolar es un síntoma, y el cuerpo enfermo es la sociedad. La escuela explota porque es el único espacio de convivencia que le quedó a los niños y adolescentes mexicanos. Medio siglo de investigación anticipó cada pieza de este rompecabezas: la escuela que exige y excluye, las familias desbordadas, las pantallas que reclutan al solitario. Lo que no anticipó es que tardaríamos tanto en escuchar.
La agenda es clara: profesionales de la detección temprana en cada plantel; formación socioemocional desde preescolar y con las familias, no solo invitándolas; límites acordados en el hogar —horarios de pantalla, dispositivos fuera del dormitorio, comida en familia—; educación para la convivencia digital desde primaria; transformar el clima escolar en lugar de endurecer la disciplina; reconstruir los espacios de comunidad, porque cada peso invertido en que los adolescentes tengan un lugar que no sea la pantalla es prevención; y nombrar el machismo como causa, porque si once de las quince víctimas mortales son mujeres, la educación con perspectiva de género no es ideología: es prevención de homicidios.
La escuela será siempre el lugar donde esta sociedad decida si sigue produciendo muchachos que compran machetes o muchachos que saben pedir ayuda. La diferencia no la decidirá un cuadernillo ni un buzón: la decidirá si México deja de tratar la escuela como la guardería del problema social y empieza a tratarla como lo que es —el último territorio común donde todavía podemos salvarnos juntos—.
