¿Por qué urge regresar a clases presenciales? Fue la interrogante que formuló mi mente después de que el Presidente, López Obrador, lanzara tal afirmación en su ya acostumbrada mañanera. Y es que, pareciera ser, que con estas palabras se enviaba un claro mensaje a la sociedad mexicana: la prioridad para este gobierno es la educación de los individuos. No obstante, tal afirmación propició otra serie de cuestionamientos porque, si la educación fuera una prioridad para este gobierno: ¿por qué hubo una reducción presupuestal importante para educación básica y para las escuelas normales en el presupuesto de egresos de la federación 2021 aprobado en 2020?, ¿por qué desaparecieron o dejaron de operar más de 10 programas educativos sin previo diagnóstico, análisis y revisión de los mismos?, ¿por qué se destinó 450 millones de pesos a cuatro televisoras para que emitieran los programas educativos de Aprende en Casa en lugar de apoyar a las escuelas, trabajadores de la educación, alumnos y padres de familia con herramientas o recursos que les permitieran dar continuidad a su proceso formativo? Y lo que me parece más grave, si dicha educación fuera una prioridad para este gobierno: ¿por qué la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha informado o proporcionado datos sobre el abandono escolar a partir de que inicio la contingencia sanitaria por Covid-19, así como también, información relacionada con la estrategia mediante la cual se recuperarían a los miles de estudiantes que decidieron abandonar sus estudios durante este tiempo? Pero aún hay más: ¿por qué la SEP no ha dado a conocer un plan integral para el diagnóstico, recuperación y nivelación de los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional y que, por ejemplo, este día se incorporan a sus actividades escolares de manera presencial en Campeche? Urge regresar a clases, sí, pero para qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, de qué manera, con qué recursos, etcétera.
Ciertamente, en las últimas semanas he leído, observado y escuchado, una creciente preocupación por el impacto de los aprendizajes adquiridos durante la pandemia en los millones de alumnos inscritos en alguno de los niveles educativos del Sistema Educativo Nacional (SEN). Desde luego, es preocupante porque, como bien señala el informe que hace unos días dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), el 58.3% de la población encuestada opinó que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial a través de las clases a distancia. Este, sin duda, es un tema que tiene en sí mismo una serie interpretaciones importantes porque, seguramente, la retroalimentación, explicación, ejemplificación, argumentación o contrastación de las ideas con relación a cierto contenido que se logra en aula dadas las interacciones que en ésta suceden, puede no lograrse a través de estas clases a distancia o con los cuadernillos que los profesores entregan a sus alumnos; habría que indagar a profundidad sobre este tema, sin embargo: ¿qué ha hecho la SEP sobre este asunto? La respuesta es visible: implementar una estrategia televisiva que pocos, muy pocos ven, puesto que en la misma encuesta levantada por el INEGI (2021) se señala que solo el 5.3 de los encuestados emplearon la televisión digital en sus actividades escolares o clases a distancia. ¿450 millones de pesos en el bote de basura o en el bolsillo de los empresarios?
Ahora bien, ¿es suficiente con esa legítima preocupación por los aprendizajes de los alumnos? No, pues como lo he señalado en artículos anteriores, la salud es otro de los diversos temas que deben ocuparnos y preocuparnos.
¿Por qué regresar a clases presenciales cuando el grueso de la población no ha sido vacunada puesto que la estrategia de vacunación planteada por el mismo gobierno federal no ha cumplido los plazos establecidos?, ¿es suficiente inocular a los trabajadores de educación para que asistan a las escuelas a trabajar con sus alumnos?, ¿cuál es la razón por la que se pretende regresas a clases presenciales precipitadamente?: ¿los aprendizajes?, ¿la economía?, ¿las elecciones?
Recuerdo muy bien las charlas que los médicos, paramédicos o integrantes de los cuerpos de protección civil brindan a las escuelas con el propósito de atender algunos accidentes propios de las actividades escolares; como se sabe, ellos recomiendan contar con un botiquín de primeros auxilios para estos propósitos, sin embargo, han sido, y son, muy enfáticos en señalar que dicho botiquín deberá contener elementos mínimos para su uso tales como un termómetro, guantes de un solo uso, jabón líquido, gasas, entre otros, puesto que, a decir de estos conocedores en la materia, no es recomendable administrar medicamentos ni aplicar ciertos antisépticos que podrían generar una reacción desfavorable en la persona. Al respecto, ¿cuál ha sido y en qué ha consistido la capacitación que se ha brindado a los trabajadores de la educación para que puedan detectar alumnos o compañeros con síntomas de Covid-19 cuando sabemos que algunos de éstos son manifiestos pero en otros casos no se presentan?, ¿cuántas pruebas rápidas de Covid-19 se destinarán a cada centro escolar para la detección de casos y quién las aplicará?, ¿el padre o madre de familia tendrá el conocimiento especializado para detectar que su hijo es portador del virus, alergia o enfermedad crónica que suele presentar síntomas similares a los que produce el Covid-19?, ¿es suficiente con tapetes y arcos sanitizantes, gel antibacterial, cubrebocas, guantes de un solo uso y demás elementos sanitarios para evitar la propagación del virus?
Hace unos días el Presidente de Argentina, a través de su cuenta de twitter, emitió una declaración que no debe soslayarse: “todos quisiéramos que se vuelva a la presencialidad educativa lo antes posible, pero desde que las clases han vuelto, la curva de contagios ascendió precipitadamente. El mayor incremento de casos se da entre personas de 9 a 19 años”. Ciertamente habrá quién me diga que los estudios científicos demuestran que los centros escolares no son focos de contagio; los datos ahí están y gozan de credibilidad, pero ¿qué sucede fuera de la escuela?, ¿con quiénes conviven los alumnos?, ¿qué medios de transporte emplean?, ¿con quién pasan sus ratos libres?, ¿cuáles son las condiciones de su vivienda? etcétera.
En fin, estamos en la víspera de que los trabajadores de la educación reciban una vacuna. La organización, como ha ocurrido en buena parte de las sedes en las que se ha aplicado a adultos mayores, anticipo, no será la mejor, sobre todo porque, por ejemplo, en Veracruz se han contemplado 5 sedes en las que se vacunarán a más de 200 mil maestros en 4 días. ¿Se imagina el lío que representará vacunar a tal cantidad de profesores en unos cuantos días?
Y bueno, desde mi perspectiva, no se trata de caer en el debate innecesario que se genera en las redes sociales en cuanto a que si un maestro no está de acuerdo con esta propuesta que no se ponga la vacuna y listo. Se trata pues, de exigir un regreso seguro a las escuelas y aulas, donde el estado a través del gobierno cumpla a cabalidad su encargo porque irrisoriamente, estamos ante un régimen que no vacuna a médicos que prestan sus servicios en instituciones privadas, pero que sí vacunará a los trabajadores de educación que laboran en escuelas privadas. Educación y salud, es un derecho de todos, y todos queremos regresar a clases presenciales, de eso no hay duda, pero aludiendo a aquella frase acuñada por Gil Antón: regreso sí, pero no así.
Con negritas:
- Por cierto, cuál fue la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre la afirmación que realizó López Obrador en esa mañanera para el regreso a clases: ¡A sus órdenes Sr. Presidente!
- Por cierto, ¿tiene titular la Secretaría de Educación Pública? Hay varios, pero varios temas y problemas pendientes de resolver o atender y nadie encuentra a su titular.
