“El verdadero rostro del humanismo aparece cuando la institución ya no necesita el trabajo del maestro, pero sigue obligada a respetar su dignidad.”
El retiro como prueba ética
La escena se repite con dolorosa discreción: una maestra entrega las llaves del aula después de treinta años o más y, junto con sus libros, se lleva preguntas que ningún servidor de la educación debería cargar: ¿alcanzará la pensión?, ¿podrá pagar medicamentos?, ¿se reconocerán todas sus cotizaciones?. Durante décadas se exaltó la vocación docente para justificar sacrificios; sin embargo, la gratitud pública no paga consultas, y una ceremonia no compensa una vejez insegura.
La Constitución reconoce la jubilación y la vejez como componentes de la seguridad social. Por eso, quien se retira no recibe generosidad gubernamental: ejerce un derecho financiado con trabajo, aportaciones y renuncias personales. Presentar al jubilado como una carga fiscal invierte la responsabilidad. La pregunta correcta no es cuánto “cuesta” quien enseñó, sino por qué gobiernos e instituciones no construyeron reservas suficientes, toleraron opacidad o pospusieron reformas hasta trasladar el problema al trabajador.
La fractura de 2007
La Ley del ISSSTE de 2007 dividió el porvenir de trabajadores que desempeñan responsabilidades semejantes. Quienes permanecieron en el Décimo Transitorio conservaron una lógica de beneficio definido, sujeta a edades, años de servicio y topes; quienes ingresaron después quedaron en cuentas individuales, donde la pensión depende del ahorro acumulado, rendimientos y modalidad de retiro. Así, dos docentes que comparten escuela y desgaste pueden terminar con protecciones radicalmente distintas.
La reforma respondió a un desafío financiero real, pero eligió una salida políticamente cómoda: desplazar parte importante del riesgo del Estado a cada trabajador. La sostenibilidad importa, pero pierde legitimidad cuando se construye con pensiones insuficientes. El Fondo de Pensiones para el Bienestar y la reducción gradual de la edad para el Décimo Transitorio corrigen aspectos concretos, aunque no revierten el modelo de cuentas individuales ni garantizan por sí solos un retiro digno para todo el magisterio.
Educar también desgasta
La docencia no envejece igual en todos los territorios. Violencia escolar o comunitaria, rural, caminos difíciles, escuelas multigrado, grupos saturados, falta de personal, burocracia creciente, presión por resultados, liderazgo negativo, bajos salarios y ausencia de reconocimiento se acumulan durante años. La NOM-035 reconoce que la carga excesiva, las jornadas prolongadas, la violencia, la falta de control y las relaciones adversas son riesgos psicosociales; los estudios TALIS también identifican la administración excesiva y los requerimientos cambiantes como fuentes relevantes de estrés docente.
Por ello se necesita un tratamiento pensionario diferenciado para trayectorias de alto desgaste, basado en evidencia y no en favores: bonificación de cotizaciones, reducción de edad o años de servicio, aportaciones compensatorias, movilidad protegida, prevención y atención integral a la salud. No es privilegio. La igualdad se vuelve injusta cuando aplica la misma fórmula a quien trabajó con seguridad y apoyos que a quien dejó parte de su salud sosteniendo escuelas en contextos adversos.
La deuda sindical
La crítica debe distinguir a las bases y corrientes democráticas —que sí protestaron, litigaron y resistieron— de las cúpulas que negociaron sin consulta suficiente. En 2007, la dirigencia nacional del SNTE avaló públicamente una reforma tramitada con rapidez. Ahí reside una responsabilidad histórica: una organización creada para defender derechos no debía legitimar una transformación que fracturó generaciones sin asegurar previamente pensiones suficientes.
El abandono continuó con información tardía o incomprensible sobre regímenes, bonos y cuentas; falta de transparencia en las negociaciones; gestoría dispersa para jubilados, y escasa educación pensionaria para los jóvenes. El sindicato que aparece sólo en homenajes o coyunturas electorales renuncia a su razón de ser. Debe defender simultáneamente a jubilados que pierden poder adquisitivo, a quienes están próximos al retiro y a quienes, bajo cuentas individuales, podrían recibir pensiones precarias.
La representación auténtica exige consultar a la base, publicar minutas, encargar estudios actuariales independientes, explicar escenarios con simuladores comprensibles y vigilar comisiones, rendimientos y conflictos de interés. Ningún acuerdo cupular debe decidir en secreto el futuro de millones de trabajadores. La defensa pensionaria necesita organización intergeneracional, no discursos que administren el descontento.
Las AFORE y el negocio
Las AFORE administran ahorro obligatorio y obtienen ingresos mediante comisiones sobre los saldos. Eso constituye un negocio legal, pero plantea una tensión ética: la administradora cobra por gestionar; el trabajador carga con el riesgo de que su ahorro no alcance. Antes de los cambios impulsados desde 2020, las comisiones eran considerablemente mayores. Aunque su porcentaje disminuyó durante años, el crecimiento de los recursos administrados permitió ingresos elevados para el sector Afore, que el gobierno neoliberal les entregó para su manejo y dominio.
La reforma de 2020 estableció un tope que llevó la comisión general a niveles cercanos a 0.57% desde 2022, frente a un promedio de 1.01% en 2018. La reducción permitió que una proporción mayor del ahorro permaneciera en las cuentas. También se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar como complemento sujeto a requisitos y topes. Son avances que deben reconocerse, pero no confundirse con una solución integral: el modelo individual permanece y el complemento no garantiza automáticamente el último salario a todas las personas.
Una mirada crítica debe evitar dos propagandas: la que presenta al mercado como solución suficiente y la que atribuye a un gobierno la resolución completa del problema. La 4T contuvo comisiones, creó mecanismos compensatorios y modificó edades del Décimo Transitorio; sin embargo, todavía falta reconstruir un componente solidario fuerte, asegurar portabilidad entre sistemas y reconocer institucionalmente el desgaste docente.
Humanismo o retórica
El humanismo educativo pierde sentido cuando termina al cerrarse la nómina. Si la Nueva Escuela Mexicana habla de dignidad, comunidad y justicia social, esos principios deben alcanzar a quienes sostuvieron la escuela pública durante décadas. El retiro tendría que ser una transición acompañada por pensión suficiente, servicios médicos oportunos, orientación jurídica y preparación emocional, no un descenso abrupto hacia la incertidumbre.
México necesita un acuerdo nacional que articule federación y estados sin reducir derechos consolidados: piso pensionario digno; portabilidad plena; auditorías sobre reservas, adeudos y comisiones; perspectiva de género; reconocimiento del trabajo en zonas de alto riesgo, y participación real de trabajadores activos y jubilados. La sostenibilidad financiera debe construirse con responsabilidad fiscal, pero también con distribución justa de cargas y beneficios.
Una maestra jubilada no le debe nada al Estado; un maestro jubilado tampoco. La deuda corre en sentido contrario: generaciones formadas, comunidades acompañadas y millones de horas invisibles. Exigirles que acepten una pensión insuficiente como último sacrificio sería una segunda injusticia: primero se les pidió resolver con vocación lo que las autoridades no resolvieron; después se pretendería devolverles menos de lo que ganaron.
La jubilación digna no es nostalgia ni resistencia automática al cambio. Es el principio mínimo de una sociedad decente: quien entregó su vida profesional a educar debe vivir la etapa siguiente sin pobreza, miedo ni humillaciones administrativas. Todo discurso humanista será retórica mientras ese derecho dependa del año de ingreso, del estado donde se trabajó o del saldo de una cuenta.
