Para muestra, un botón. Basta con entrar a una escuela pública mexicana para advertir, en sus aulas, sus patios, sus baños, sus paredes y en las historias de quienes la habitan, mucho de lo que ocurre fuera de ella. La escuela no está al margen de la realidad nacional: la concentra, la reproduce y, en no pocas ocasiones, la hace visible con una crudeza que ningún discurso oficial consigue ocultar. Por eso, cuando hablamos de abandono escolar, de reprobación, de desigualdad educativa o de infraestructura deteriorada, no estamos frente a problemas aislados del sistema educativo. Estamos ante una muestra —pequeña, concreta y dolorosamente representativa— de las capacidades, prioridades y omisiones del Estado mexicano.
Hay metáforas que duelen por su precisión. Decir que la escuela mexicana es “muestra” del estancamiento nacional no es un recurso retórico para adornar un titular; es la descripción fría de una realidad institucional descompuesta. Si un país quiere saber en qué estado se encuentran sus servicios públicos, sus prioridades presupuestales y su compromiso con la equidad, no necesita revisar informes de gobierno: basta con abrir la puerta de una escuela pública en cualquier rincón del territorio nacional.
El sistema escolar sigue reproduciendo las disparidades socioeconómicas de nuestro México. Según datos censales y mediciones recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país aún residen cerca de 4.2 millones de personas analfabetas, lo que representa entre el 3.7% y el 3.8% de la población de 15 años o más (con base en las proyecciones censales y de la Encuesta Intercensal de la década de 2020).
Según cifras concurrentes del INEGI y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cerca del 60% de las personas analfabetas son mujeres, y 1 de cada 3 pertenece a una comunidad indígena, lo que evidencia cómo se cruzan las barreras de género, etnia y pobreza. Cinco entidades concentran históricamente el mayor volumen y tasa de analfabetismo: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla, a las que se suma el Estado de México por su alta densidad demográfica.
En total, más de 24 millones de mexicanos integran el acumulado de rezago educativo (conforme a los registros históricos acumulados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el INEGI hacia 2020–2025). De este universo, cerca de 3.9 millones de personas no concluyeron la primaria y 13.5 millones abandonaron la secundaria antes de graduarse.
Según los indicadores de flujo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (registrados de manera sistemática hacia los ciclos escolares recientes), de cada 100 niños que ingresan a primaria, entre 68 y 72 logran egresar del nivel Medio Superior. La mayor tasa de deserción se registra de forma crítica entre 3° de secundaria y 1° de bachillerato.
La tasa bruta de cobertura en Educación Superior en México se sitúa entre el 42.5% y el 43.8% (según los reportes estadísticos de la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de los últimos ciclos), dejando fuera del sistema universitario a cerca del 60% de los jóvenes en edad universitaria; es decir, 6 de cada 10 quedan excluidos de la formación profesional.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI (actualizada hacia los periodos 2025-2026), la tasa de desocupación abierta entre los jóvenes de 15 a 24 años duplica la media nacional al situarse en 4.8%; pero hay una preocupación adicional: el 58.8% de los jóvenes ocupados trabaja en el sector informal, sin prestaciones de ley ni certidumbre laboral y financiera.
Las mediciones del CONEVAL y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman en México entre 3.5 y 3.8 millones de jóvenes que no están integrados al sistema educativo ni al mercado laboral formal (jóvenes que ni estudian ni trabajan); es decir, los denominados “ninis”. En América Latina, la cifra total supera los 20 millones de jóvenes que se encuentran en esta misma condición.
Si la educación es muestra de la capacidad operativa del Estado, los edificios escolares exhiben la fragilidad de los servicios públicos en México. El Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa (INFE) arroja que, de los aproximadamente 152,000 planteles de educación básica pública en el país, entre el 35% y el 40% de los inmuebles presentan deficiencias en mantenimiento preventivo o fallas de construcción estructural.
El censo escolar y las evaluaciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) registran que cerca del 31% carece de agua potable diaria (recurriendo a tandeo, pozos o pipas) y el 48.4% de las escuelas carece de conexión a la red pública de drenaje, operando con fosas sépticas o letrinas, una condición que afecta principalmente a zonas rurales y escuelas multigrado.
Cerca del 52% de los planteles de educación básica carece de computadoras funcionales para uso de alumnos, y más del 55% no cuenta con conexión a internet orientada al proceso formativo en las aulas (datos derivados de los diagnósticos de equipamiento escolar de la SEP y MEJOREDU previos a los cortes de mitad de década).
La escuela pública es, así, un espejo incómodo. En ella se hacen visibles las brechas de género, la precariedad laboral, la desigualdad regional, el rezago educativo y el abandono de la infraestructura pública que siguen frenando el desarrollo del país. Y quizá ahí radique la paradoja más profunda: la escuela está llamada a transformar la realidad, pero también termina mostrando, con enorme claridad, aquello que como sociedad todavía no hemos sido capaces de transformar.
