Una Agenda Educativa 2020


Esto escribí en agosto pasado, previo al inicio del ciclo escolar 2019-2020: “Los niños de 4 años que iniciarán el segundo grado de Educación Preescolar, el próximo lunes, comenzarán el cuarto grado de Educación Primaria en 2024. Del mismo modo, los niños que iniciarán el primer grado de Primaria este lunes que viene, estarán por terminar su Educación Primaria dentro de seis años, cuando termine este periodo sexenal. Y los estudiantes que empezarán el quinto grado de Primaria en unos días, estarán en la etapa de concluir la Secundaria o iniciar el Bachillerato en 2024.”

¿Qué sucederá con sus escuelas, sus maestros y con sus procesos formativos integrales y con sus paquetes de aprendizajes durante los próximos meses? ¿En ellos pensarán los planeadores de la educación, los políticos profesionales y los tomadores de decisiones en materia educativa? Las mismas preguntas me planteo y les comparto, hoy, con una mirada hacia el corto plazo: ¿Qué sucederá en las escuelas concretas, con los estudiantes concretos y con las y los docentes de carne y hueso durante este año 2020 que se aproxima?

¿Cuáles serán las prioridades de la Educación Pública en México en el futuro inmediato y cómo será reconfeccionada la agenda en este rubro de ahora en adelante? El autodenominado gobierno de la transformación de régimen, no de gobierno, el de la “4T”, ¿tiene ya previstos los grandes ejes y las prioridades de las políticas educativas para el corto y mediano plazos? Por ejemplo, ¿qué acciones va a emprender el gobierno federal frente a los problemas de la falta de cobertura universal en Educación Preescolar (específicamente en niñas y niños entre los 3 y 4 años de edad)? En ese nivel educativo, específicamente en primer grado, se calcula que hay una cobertura de 48-49 por ciento.

Hoy, a finales de 2019, luego de que se abrogaron las Leyes del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y que se aprobaron las reformas al texto Constitucional en materia educativa (sobre todo el Artículo 3º., en mayo de 2019); por parte del Congreso, y posteriormente se hicieron públicas la Ley General de Educación; la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; así como la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación (septiembre de 2019), lo que se puede observar es que la agenda educativa se modificó radicalmente, si la comparamos con el panorama que se tenía en este rubro en 2018, hasta antes de que tomara posesión el presidente López Obrador.

Y se modificó así porque las diferentes fuerzas políticas nacionales y locales estaban en posición de generar o proponer su propia agenda, en la antesala de la aprobación del marco legal mencionado; sin embargo, el partido Morena y sus aliados políticos lograron sacar adelante, con su mayoría en las Cámaras, el paquete de reformas legales del ámbito educativo, no sin previas negociaciones, cabildeos y reacomodos con las demás fuerzas políticas, pero sobre todo a través de un esquema de intensas negociaciones con las organizaciones sindicales (oficiales y disidentes).

Se sabe además, con evidencia, que al interior del gobierno de la “Cuarta Transformación”, incluso, hay tensiones en torno a las prioridades y los énfasis que la autoridad educativa habrá de dar a algunos ejes de discusión en esta materia, y su consecuente puesta en práctica como políticas públicas para este sector. De hecho, está por publicarse el Programa Sectorial de Educación, derivado del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), dado a conocer este año también por el jefe del Ejecutivo Federal.

Hoy las discusiones públicas más fuertes, del sector educativo, transitan por otros carriles, puesto que en la actual coyuntura política los debates no se expresan en los espacios parlamentarios, sino en los foros académicos independientes o en los pocos espacios que abren las autoridades educativas federales y estatales, entre otros foros públicos, donde se analizan y debaten los contenidos de las leyes secundarias o reglamentarias aprobadas, así como los contenidos del Artículo Tercero Constitucional, recién modificado.

Algunos de los ejes de análisis y discusión que considero prioritarios en este terreno y que seguramente marcarán la agenda educativa del próximo año (no por lo que yo diga, sino por los pronunciamientos que observo de los diferentes actores políticos, académicos y sindicales), son los siguientes: la transformación de la escuela pública en términos del nuevo “Acuerdo Nacional Educativo”; definir qué se entiende por “Nueva Escuela Mexicana”; la discusión sobre la reconversión de la figura del docente y de los directivos escolares a partir de las definiciones que se construyan; el papel de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento en la educación, dentro del marco de las Reformas Educativas ensayadas durante las últimas décadas (qué puede ser rescatable y qué no); la crisis de la rectoría del Estado en la educación, sobre todo en razón de la intervención de las organizaciones sindicales en los proyectos educativos nacionales y en la operación de las políticas públicas educativas; los problemas de la formación inicial y continua de docentes, asesores técnicos y directivos; el análisis acerca de la evolución de los contenidos de las reformas al texto Constitucional y de las leyes secundarias; así como discutir problemas diversos acerca de la evaluación educativa, específicamente la evaluación de las figuras educativas (hoy con énfasis en la “diagnóstica”). Por otra parte, conviene no dejar en el olvido los problemas inherentes al rezago escolar (focalizado en la población mayor de 15 años) y los vínculos que eso tiene con de la desigualdad; y, entre otros temas, las propuestas para ampliar los canales de participación y la toma de decisiones en las políticas educativas.

Con respecto a la Educación y la atención de la Primera Infancia, así como con el tema de la Inclusión, se habrán de debatir los contenidos de las estrategias nacionales recientemente anunciadas. Y, con respecto a la educación superior, se ampliarán los foros de debate en torno al anteproyecto de Ley General de Educación Superior (aquí se encuentra implícito el binomio “obligatoriedad”-“gratuidad”, atravesado transversalmente por los asuntos de la cobertura y la “calidad”. Esto sin dejar de lado el análisis sobre el marco legal que se prevé para el ámbito de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en México.

Nos espera un año 2020 repleto de reflexiones, información, divergencias, pluralidad, convergencias, conocimiento y pensamiento crítico. Salud.

Nota: Cabe recordar que la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como al organismo que lo coordina, que se denomina Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y al Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.

jcmqro3@yahoo.com

@jcma23


Publicado en SDPnoticias


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Juan Carlos Miranda Arroyo
Profesor titular de T.C. en UPN (Qro., México)

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