El senador Alfonso Cepeda Salas señaló que en los últimos años se han registrado hechos de violencia de especial gravedad en planteles educativos, los cuales han causado pérdidas humanas, personas lesionadas, amenazas y situaciones de riesgo para estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo y de apoyo.
Ante tal situación, el también es líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a que, en coordinación con las autoridades de las entidades federativas, fortalezcan las acciones y los protocolos para prevenir, detectar y atender situaciones de violencia que pongan en riesgo la integridad o la vida de quienes conforman la comunidad educativa.
Y es que señaló que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la violencia en el entorno escolar es un fenómeno creciente en todo el mundo y México no es ajeno a esta realidad.
El líder magisterial refirió que Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, registró que entre el año 2000 y marzo de 2026 se documentaron 143 incidentes relacionados con armas de fuego en escuelas de México.
Expresó que ante tales cifra, se debe advertir la dimensión de un fenómeno que adquiere cada día mayor gravedad, expresó en el documento que fue turnado a la Comisión de Educación.
En ese sentido pidió que la SEP y la SSPC impulsen nuevas acciones de capacitación dirigidas al magisterio, personal directivo, administrativo y de apoyo, estudiantes, padres de familia y tutores, con e objetivo de que conozcan los protocolos y sepan cómo actuar ante situaciones de violencia que pongan en riesgo la seguridad en los centros educativos.
Asimismo solicitó que las secretarías de Educación Pública y de Salud, en coordinación con sus homólogas estatales, promuevan la atención psicoemocional, así como mecanismos seguros y confidenciales de orientación y reporte en las comunidades educativas, con el propósito de identificar y atender oportunamente situaciones que puedan derivar en conductas violentas.
Lo anterior tras recordar que el 1 de octubre de 2026, dos exalumnos ingresaron con machetes y petardos a la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. Durante el incidente, la subdirectora perdió la vida y varias personas resultaron heridas.
En tanto que el 30 de septiembre de este año, en una secundaria de Querétaro, un adolescente de 13 años atacó con armas blancas a cuatro personas; y el 24 de marzo, en la Preparatoria Antón Makarenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dos maestras perdieron la vida después de ser atacadas con un arma de fuego por un estudiante de 15 años.
Refirió que el 2 de septiembre presentó una iniciativa para modificar el Código Penal Federal, la Ley General de Educación y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en materia de violencia escolar.
En tanto consideró en ese documento que la violencia en el entorno escolar no se reduce al acoso y tampoco se suscita únicamente entre estudiantes, pues las víctimas también son las maestras, maestros, madres, padres de familia y personal directivo.
“De lo que se trata es de no normalizar que un adolescente le quite la vida a un compañero o a una maestra dentro o fuera de la escuela, de evitar que un docente abuse de una menor de edad o que se abandone la escuela por miedo. Si la escuela es un segundo hogar, entonces nombremos, prevengamos y sancionemos la violencia en el entorno escolar, tal y como se ha hecho con la violencia familiar”, puntualizó.