Es preocupante el relativo éxito de quienes propagan infundios sobre la reforma educativa entre docentes y entre padres de familia.
Fueron iluminadoras las palabras de Sylvia Schmelkes, consejera presidente del INEE, al decir que un diálogo entre autoridades y maestros disidentes sería posible siempre y cuando se dirigiera a mejorar, y no a derogar la reforma educativa. Ha habido, dijo, una campaña de desinformación con fines de lucro en las las mismas de la CNTE (EL UNIVERSAL 14-VI-2016).
Todavía más: es preocupante el relativo éxito de quienes propagan infundios entre los docentes y entre los padres de familia. Hay padres que, al carecer de información, creen que, en efecto, las autoridades buscan “suprimir la educación pública”, “que las familias serán quienes pagarán el salario de los docentes” o que “los libros de texto dejarán de ser gratuitos”.
La escala de chismes y engaños que han servido para sustentar la protesta magisterial es enorme y su efecto es deplorable. La inseguridad y el temor ha cundido entre ciertas esferas de maestros. La piedra angular de los temores la constituye la evaluación docente: los adversarios de la reforma propagan entre el magisterio la idea de que “quien reprueba la evaluación pierde su plaza”, que “la reforma quiere despojar a los profesores de sus derechos adquiridos” o que la reforma quiere “suprimir el derecho a la jubilación” de los mentores.
Se atribuyen a la evaluación todo tipo de connotaciones perversas cuando, en realidad, es un medio que apunta principalmente a que el maestro conozca las fortalezas y — como se dice ahora, de manera más elegante— “áreas de oportunidad”, de manera que tenga una base más objetiva para que él, con el apoyo de un tutor, decida los proyectos de formación y capacitación que más le convengan.
Trataré de arrojar mayor luz sobre el asunto. ¿Qué aspectos incluye, por ejemplo, la evaluación de desempeño que, según la ley, es obligatoria para todos los docentes?
Lo que se pide, primero, es que el director de la escuela donde trabaja el profesor rinda un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones profesionales básicas (asistencia, puntualidad, etcétera); en segundo lugar, se pide al docente que presente (o envíe por vía digital) evidencias del proceso de enseñanza-aprendizaje de su grupo (tareas de sus alumnos, material digital, fotos, videos, etcétera); en tercer lugar, el profesor presenta un examen sobre el dominio que tiene de la asignatura que enseña y, en cuarto, se le pide que describa con sus palabras su desempeño en el aula, a través de lo que se ha llamado “planeación didáctica argumentada”.
Este examen sufre algunas modificaciones de forma en educación media superior, pero esencialmente es el mismo. Un rasgo de los exámenes que se aplican a los docentes es que se les pide que reaccionen ante determinada situación. Por ejemplo: ¿Qué haría usted si observa que uno de sus alumnos fracasa reiteradamente en el aprendizaje de los números fraccionarios o quebrados?
Como se puede ver, la evaluación de desempeño no pregunta al maestro nada sofisticado, insólito o absurdo. En el centro de todo se encuentra su práctica profesional y sólo se solicita que cumpla lo básico.
