En la iniciativa de reforma educativa de AMLO, anunciada el 12 de diciembre de 2018 y publicada en la Gaceta Parlamentaria al día siguiente, se proponen varios cambios, de enormes consecuencias para la educación nacional e incluso para la consolidación o no de la democracia. Hoy voy a comentar el cambio propuesto del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que en la Constitución vigente es un Órgano Constitucional Autónomo (OCA), para que sea sustituido –así en el texto enviado a la Cámara de Diputados- por un órgano desconcentrado con autonomía técnica, pero no orgánica y funcional, y por tanto subordinado por ley a la Secretaría de Educación Pública federal.
Un paréntesis: es del todo peculiar el derecho a la educación, porque su ejercicio pleno implica muchas cosas, y sólo algunas de ellas son inmediatamente tangibles; externamente visibles, pues. Pero, para usar una imagen, así como se puede confundir el derecho a la salud con la simple inscripción a servicios (ser “derechohabiente” de algún sistema de seguridad social), pero que justo el hecho de acudir a una clínica o “servicio” represente no un fortalecimiento, restitución o alivio a la condición de salud que todos merecemos gozar, sino un riesgo concreto y hasta aumentado de maltrato, contagio y negligencia, en paralelo el derecho a la educación se puede confundir con el mero acceso a algún tipo de “escuela”, a pesar de que su infraestructura sea indigna y hasta riesgosa, pero sobre todo aunque dicha “educación” signifique arreglos empobrecidos y simuladores, en los que la buena voluntad del educador presente –en México, los héroes de educación indígena, los Centros de Atención Múltiple, los servicios comunitarios de CONAFE, las Telesecundarias- no acabe de suplir y superar la irresponsabilidad social, no asumida desde la agencia del Estado, para brindar el tipo de interacción que toda niña y todo niño merecen para desplegar su máximo potencial, el aprendizaje.
Siendo sustantivo entonces saber si los propósitos educativos se cumplen, y en qué medida ello ocurre para todas y todos, en la enorme variedad de sistemas en el mundo han surgido áreas de evaluación para la mejora que buscan tomar el pulso de los procesos y resultados educativos. Hay múltiples y urgentes pendientes para que el INEE actual se acerque a cumplir con la misión que le dio origen. Ha sido cuestionado desde el prejuicio y la revancha, pero también válidamente ha sido objeto de importantes llamados a rectificar y evolucionar. Pero es crucial para el derecho a la educación que la verificación, la rendición de cuentas, la responsabilidad no sea un mero reporte de “sedes” (que fácilmente se pueden inaugurar sin que tengan condiciones mínimas aseguradas) y la “cobertura”. Si tengo una proporción de inscritos más o menos grande en los primeros años, ya la libré en la opinión pública y en los reclamos de los mecanismos internacionales de derechos humanos… eso cada vez pasa menos, cada vez se denuncia con más energía que educar no es inscribir e institucionalizar, sino asegurar que todos y todas de la joven generación permanezcan, aprendan y participen en su propio proceso.
En la propuesta de López Obrador al Legislativo, se eliminaría la actual fracción IX del Artículo Tercero, que creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa vigente, coordinado por el INEE, y en su lugar –de aprobarse en sus términos por mayoría calificada en ambas Cámaras del Poder Legislativo Federal y por los congresos de 17 estados de la República- se establecería un Centro que “…contribuya a la mejora continua de la educación, a través de estudios, mediciones e investigaciones especializadas y la determinación de estándares e indicadores de resultados; que acredite a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos actores de la educación; que emita lineamientos relacionados con la formación y mejora continua del magisterio, a la mejora de las escuelas y al desempeño escolar; y que promueva la formación profesional de la gestión escolar”. No suena nada mal; el fraseo se puede pulir, pero la mejora basada en la evidencia es un valor imprescindible para que un sistema educativo en el mundo contemporáneo cumpla su finalidad.
Comparado con la vigente en la actualidad, esta postulada fracción novena le quitaría el carácter sistémico – federal a la evaluación (ya no sería un Sistema con un OCA coordinador, sino una sola instancia federal bajo control del Ejecutivo), pero sobre todo implicaría un Consejo Directivo de siete miembros, en lugar de la actual Junta de Gobierno del INEE de cinco miembros. No es lo mismo que el Secretario de Educación designe y remueva libremente a los dirigentes del Centro, comparado con el proceso de aprobación de candidatos y elección de Consejeros que hoy corresponde al Senado, como expresión de una soberanía que conlleva la representación popular. Los riesgos de un área o departamento o centro que controle la SEP ya los conocemos: que se oculten los resultados, que las mediciones sean para autoconsumo, que al no tener las familias un referente confiable y nacional, juzguen el logro de sus hijos sólo por la nota de la boleta o el aspecto material de la escuela, sin tener elementos para saber lo que niñas y niños disciernen, elijen, saben y pueden gracias al proceso educativo.
Aquí dejo el reto concreto: ¿por qué no, señores legisladores, un Centro que sea órgano constitucional autónomo? Si se redefinen y redimensionan las funciones a favor del derecho de los titulares, según lo marca el interés superior de la infancia, el nombre es lo de menos. Mejora de la mejora: eso es lo que todos queremos. Un enorme departamentote que esté a las órdenes del secretario, por más virtuoso o iluminado que él o ella sea, no sólo le pega a la equidad y calidad educativa, sino al control democrático. Que la evaluación no tenga que ser (sólo) la revocación de mandato; que el Centro pueda cuestionar abiertamente las fallas y limitaciones de la autoridad educativa federal.
