Tres temas marcan la agenda de esta semana en el campo educativo: el atorón a la discusión de las leyes secundarias, la presentación del proyecto de presupuesto federal con recorte y reasignaciones mayúsculas, y finalmente la publicación de la base de datos de PLANEA 2019, en la plataforma de la SEP.
Nos quedan a deber las y los legisladores, especialmente quienes forman la coalición mayoritaria. Nos quedan a deber las y los funcionarios de Hacienda, y en lo que les corresponda de proyecto presupuestario original, sus homólogos de Educación. Nos quedan a deber las y los encargados de monitorear el aprendizaje en la SEP (y a ello volveremos, ¿quiénes son?), y adquieren anticipadamente una deuda la Junta Directiva y el Consejo Técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, ya electos pero sin tomar posesión. Nos deben explicaciones, nos deben transparencia, nos deben rendición de cuentas.
Sin duda, es mejor una ley tardada que una ley anticonstitucional. Es un alivio, pero no un consuelo. Las iniciativas presentadas tienen algunos elementos que directamente desconocen y desafían la letra del tercero constitucional. El que se haya brincado el término temporal marcado en los transitorios hace que diputados y senadores, como generadores de leyes generales, incumplan con el mandato del Constituyente permanente. Son dos funciones diferenciadas, y si fuesen dos conjuntos de personas distintas, los segundos –el Constituyente- deberían reconvenir y eventualmente sancionar a los primeros –el Legislativo regular. Que se trate de las mismas personas no minimiza el desacato, sólo lo revela como incongruencia.
Se autoimpusieron un plazo y no lo cumplieron; tal vez lo peor es que no es tanto negligencia lo que debe reclamarse –directa flojera, pues- sino distorsión: no dictaminan porque no se toman en serio el examen desde diversas fuerzas políticas, ni el aporte en Parlamento Abierto de los expertos, los que saben las implicaciones por sus experiencias cotidianas –maestros y directivos- y los que lo estudian con instrumentos conceptuales, académicos y organizaciones ciudadanas.
No hay transparencia de por qué la señal del Ejecutivo los detiene, desdibujando la división democrática de poderes; ni porqué unas decenas de embajadores de la Coordinadora –que ya dieron muestra, mes tras mes, año tras año, que no son aliados confiables, sino abusivos sistemáticos- son más relevantes que cientos de miles de maestros y millones de niñas y niños; tampoco hay rendición de cuentas sobre lo que negocian.
Desde Mexicanos Primero y su brazo jurídico, Aprender Primero, litigamos y ganamos el amparo de la Justicia federal contra los acuerdos ilegales de 2015 entre Gobernación, el gobierno de Oaxaca y la Sección 22, que los jueces tienen que seguir amonestando en su cumplimiento a las dos autoridades (no demandamos al abusivo, sino al que les entregó lo que no debía), pero ahora nos encontramos con que los acuerdos y las minutas son inexistentes o se desaparecen, y sólo personajes bizarros, saliendo de las reuniones, anuncian a los reporteros triunfo tras triunfo y concesión tras concesión, todas sin base legal. ¿Les creemos? ¿Por qué los funcionarios no reportan a la opinión pública? ¿De verdad, para eso ganó esta administración, con tanto esfuerzo y perseverancia, para acabar entregando la decisión sobre la educación a líderes impresentables y chantajistas?
Explicaciones que nadie da: ¿acaso no contradice el discurso de amor por los maestros el recorte brutal a formación continua? ¿Ya se acabó lo que había con las reinstalaciones de dudosa legalidad y de más cuestionable equidad con respecto de cesados? ¿A la mitad tiempo completo? ¿Nueva restricción al organismo de Mejora Continua, que va a hacer más que evaluar pero que no tiene ni lo que tuvo su antecesor el INEE en el peor año? ¿Restricción a Básica para subirle a becas que aceleran la brecha de desigualdad en Media Superior? ¿Tres estrategias nacionales que manda la Constitución –Normales, Inclusión y Primera Infancia- sin dinero y hasta con ofensivos recortes a lo poco disperso que ya había?
Y se lanza, por último, la base de datos cruda de resultados PLANEA 2019, tercero de secundaria. Para empezar, hay que sacar del listado a Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala porque no presentaron el número de estudiantes requeridos para entrar en la muestra. En la mayoría de los estados se está evaluando a la mitad o menos de los estudiantes totales del grado; la tragedia de no contar con la muestra controlada del INEE -la llamada ELSEN, que dejó de realizarse por una pésima decisión de la última Junta del INEE, y no por el gobierno actual- es que no sabemos si dicha mitad no tiene sesgos demográficos, así que hay que tomar sus distribuciones de resultados con cautela. Los resultados son de los estudiantes, pero ¿de quién tiene que ser la explicación? ¿Quién nos debe dar la perspectiva de lo que se va a hacer en concreto para remontar que seis de cada diez evaluados no alcanza el mínimo aceptable en matemáticas? ¿Quién es responsable de los aprendizajes de los estudiantes? Con los resultados no pueden hacer nada las familias o los estudiantes, porque a ellas y ellos no les dan los resultados (obvio, a la mitad que sí presentó; la otra mitad se va directamente en blanco). Tampoco sus maestros: las y los jóvenes que presentaron la evaluación ya no están en las secundarias en las que se aplicó; están, si tienen la fortuna de seguir estudiando, en bachilleratos de diversas modalidades, y sus actuales profesores no tienen cómo consultar lo que les daría un mapa preliminar de lo que sí dominan sus estudiantes. Todos a ciegas, a volver a empezar en cada ciclo, porque no hay rendición de cuentas ni una política pública para usar –lo que tanto se exigió desde el discurso- la evaluación con fines formativos.
En los tres campos nos deben. Y eso se traduce en una deuda mucho más gravosa. Si los ciudadanos no exigimos, nos sumamos a todos los que les quedan a deber a niñas, niños y jóvenes. Ellas y ellos sufrirán por las leyes que favorecen la coacción sindical sobre los maestros, los presupuestos empobrecidos que no piensan en su auténtico bien, por un sistema que da palos de ciego porque evalúa un montón pero no se aprende ni se replantea nada a partir de ello. Vamos comenzando a aligerar nuestra deuda, ¿no creen?
