Por: Anel Guadalupe Montero Díaz.
En México, a partir de 2013, los docentes que acataron la ley y participaron en los procesos de ingreso y promoción, enfrentaron una dura realidad cuando se trató de hacer valer los derechos que obtuvieron conforme a los resultados que se plasman en la lista de prelación, según la cual, la Autoridad Educativa Local (AEL) va llamando a cada docente para otorgar la asignación que por derecho le corresponde.
De todos los perfiles docentes que contempla la Reforma Educativa promulgada en 2013, la del Asesor Técnico-Pedagógico ha dado una batalla singular por el reconocimiento a su función establecido en las leyes secundarias (Artículo 41 de la Ley General del Servicio Profesional Docente) y ante la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) para gestionar ante la Secretaría de Hacienda la modificación de los tabuladores a las 8 categorías autorizadas por dicha dependencia, también por una retroalimentación formativa de los resultados de la evaluación y, sobre todo, porque cada actor del proceso educativo asuma la responsabilidad que le compete a la hora de asignar las promociones para Asesor Técnico Pedagógico en Pensamiento Matemático o Lenguaje Oral y Escrito.
Hasta el día de hoy, este esfuerzo tiene características de tiempo y circunstancia que ameritan una clasificación que permita clarificar el camino para lograr que obtengan la promoción que ganaron por mérito propio y de acuerdo a la ley.
1.- El tiempo
La primera batalla es contrarreloj, pues el 31 de mayo de 2019 es la fecha límite a la que se ajusta la Autoridad Educativa local (AEL) para otorgar el nombramiento a los docentes que hayan participado en los procesos de ingreso y promoción de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente.
2.- La aplicación de la ley
Por ende, cuando una autoridad educativa local afirma que “ser promovido no significa ser contratado” en realidad está apelando a la misma ley que determina que el ingreso y las promociones horizontales como el Asesor Técnico-Pedagógico están sujetas al presupuesto (techo financiero) de la entidad, pero es omisa cuando se trata de pedir cuentas y fincar responsabilidades a las autoridades educativas locales de las entidades federativas, tomando en cuenta que las plazas pertenecen a los estados.
Lo anterior es la base del éxito en cualquier Reforma Educativa, pues estamos hablando de procesos transparentes, públicos y de acuerdo a la ley como condiciones mínimas de participación de los docentes mexicanos.
Ninguna Reforma pasada, presente o futura tendrá éxito mientras los responsables de implementarla operen al margen de la ley con la garantía de impunidad y con la venia de los que siempre sacan raja política de actores y procesos del campo educativo.
Mientras escribo este artículo, la organización “México Evalúa” da a conocer que los costos por irregularidades en la nómina magisterial de 2008 a 2019 ascienden a seis mil millones de pesos. “Esto es posible porque cuando ocurre, no hay consecuencias administrativas ni penales”, afirmó Marco Fernández, quien elaboró la investigación.
Por otro lado, Edna Jaime, directora general de “México Evalúa” afirma que “es muy grave que 2 mil 529 millones destinados a educación sean desviados año con año. Esta suma equivale a dos veces lo invertido en capacitar a nuestros docentes”. Sí, estamos hablando de un tipo de Estafa Maestra Educativa, como afirma Vania Bañuelos, donde estarían implicadas autoridades educativas y sindicales en todo el país.
Es importante señalar lo anterior, porque algunos de los argumentos más utilizados por las Autoridades Educativas Locales para pasar por alto los derechos de los docentes promovidos por examen a Asesores Técnico-Pedagógicos, van desde “no hay presupuesto” hasta el memorándum del Presidente utilizado a discreción según sus intereses.
Sin embargo, en el oficio CNSPD/0844/2017 signado por Ana María Aceves Estrada, entonces coordinadora nacional del servicio profesional docente, establece:
“Es importante señalar que la creación de estas plazas (ATP) será resultado de un proceso de cancelación-creación a cargo de los recursos autorizados a las entidades federativas, por lo que no representa un incremento al presupuesto”. El paréntesis y las negritas son mías.
3.- El reconocimiento a su función
Habrá que esperar a la promulgación de las Leyes Secundarias de esta Nueva Reforma Educativa para poder tener elementos de juicio que permitan ponderar la importancia que las nuevas reconfiguraciones discursivas en el campo educativo, otorgarán a la figura del ATP.
Sin embargo, a pesar del desgaste de la lucha -o tal vez por eso-, los Asesores Técnico-Pedagógicos de todo el país, organizados en el Comité Nacional de Asesores Técnico-Pedagógicos están dando batalla en las redes con el hashtag #InclusiónDeLosATPEnLaLey para exigir ante los legisladores que su función sea reconocida con una clave diferente a los docentes, directivos y supervisores.
Por todo lo anterior, la batalla de los ATP, en el fondo es de todos los maestros mexicanos. No están solos. Hoy son ellos…
Cabe mencionar que para la realización de este artículo, conté con el invaluable apoyo y asesoría de la Mtra. Belinda Aquino Picazo, Asesora Técnico-Pedagógica de la zona escolar 074, nivel Primaria Federalizada en Coatzacoalcos, Veracruz ¡Muchas gracias, profe Beli!
¿Usted qué opina, estimado lector?
