La Reforma Educativa no será cancelada como un mero acto de voluntarismo, ni por decreto. Así lo afirma AMLO. Durante la firma del “Acuerdo para la defensa de los derechos laborales de los maestros y para la transformación de la educación” en la ciudad de Zacatecas el pasado 9 de febrero, el ahora candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia se limita a enviar una iniciativa al Congreso de la Unión. Precisión (una iniciativa de ley) y limitación (sólo menciona la Ley General de Servicio Profesional Docente, LGSPD), dos características que fortalecen nuestras instituciones, al tiempo que le dan realismo y sustancia al debate..
Sin pretender ser ingenuos, no nos va, y con el historial que antecede al personaje, su reconocimiento ante la imposibilidad de cancelar un proceso que nos pertenece y compete a todos los mexicanos, como es la educación, es en cierta medida un logro, así estemos en desacuerdo con su propuesta.
AMLO dice querer modificar la LGSPD; según él y sus aliados de las Redes Sociales Progresistas Magisteriales, es la forma de: “garantizar los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, que dé certidumbre al empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión”. Este regreso al acuerdo corporativo con las cúpulas sindicales del siglo pasado no beneficia a niños y jóvenes.
La mejor manera de garantizar el derecho a aprender de la niñez y la juventud en México siempre será defendiendo el derecho que tienen los maestros a ejercer su vocación en libertad. Las plazas no son un botín, como tampoco lo son las y los maestros en México. Garantizar este derecho es responsabilidad del Estado mexicano; es mentira que temen a ser evaluados. Lo que les indigna es que no haya una correspondencia entre sus resultados y sus posibilidades de desarrollo debido a “(des) acuerdos” con los líderes sindicales. Discutamos entonces el instrumento de evaluación, en qué medida lo hacemos mayormente pertinente y resolvamos sobre el mismo.
Lamento que a estas alturas no haya quién le explique al candidato que la educación de calidad es un derecho humano, consagrado en la carta magna. Existe jurisprudencia desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés superior de la niñez, acorde a los tratados internacionales de los que México forma parte, como el Pacto Inter- nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Cuando exista conflicto entre dos derechos, como el laboral, el de la niñez prevalece.
Finalmente, la ambigüedad no debe dar lugar al oportunismo electorero de nadie. La alianza de AMLO con quienes encarnan la parte más oscura del derecho a aprender de los maestros, es indefendible. Es el caso de Elba Esther Gordillo y “su resto”.
Artículo publicado en El Heraldo de México.
