En el momento en que escribo esto aún no se han reunido las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales para votar el dictamen que han elaborado, con paciencia, búsqueda de entendimiento y sorteando las expectativas de una variedad grande de grupos.
Contingentes de la Coordinadora impidieron, rodeando el recinto de la Cámara de Diputados, que se diera curso a la convocatoria normal de los representantes populares. Siguen diciendo, los voceros de la CNTE, que quieren que les expliquen, que los escuchen, que se incluya su visión. Eso ya pasó; acapararon la voz en los foros estatales. Estuvieron en las audiencias de Parlamento Abierto. Son ahora parte del gobierno, parte del legislativo. Pero no aceptan las reglas cuando no les favorecen.
Otros harán la crónica de cómo la Coordinadora puede estar arruinando su posibilidad de ser factor de cambio a escala de la educación en México. Voy a concentrarme por ahora en la “letra chica” del dictamen, aquellos aspectos que pueden ser de enorme relevancia pero que a primera vista parecen ser de poca monta. Como pasa con contratos con telefónicas o proveedores de servicios con aplicaciones para internet, lo que consideramos mero trámite puede traernos dolores de cabeza en el futuro.
Del dictamen hay que reconocer que enriqueció el planteamiento de la iniciativa presidencial del 12 de diciembre, que las y los diputados buscaron incluir aspectos señalados en la iniciativa MMI y las aportaciones en los foros, documentos de grupos de estudio, profesores o activistas, comentarios de senadores, gobernadores y secretarios de educación. Quedó como algo positivo la rectoría del Estado, el interés superior de la niñez, el logro de aprendizaje, el derecho a la formación continua, el apoyo a las normales, la regulación con certeza jurídica de una Carrera para las Maestras y Maestros, el Centro de Mejora ya no como apéndice de la SEP.
Pero además de la ingente tarea que va a representar aterrizar todo esto a las leyes secundarias, incluyendo la Ley General de Educación y también las 32 leyes estatales, y la aún más ingente tarea de bajarlo a estrategias de la SEP y de las autoridades locales, no hay que dejar de advertir a los legisladores sobre algunos puntos.
Por ejemplo, en la fracción IX, inciso c), no se aclara en qué consistirán “los criterios que deben cumplir las instancias autorizadas para la certificación de los procesos de mejora continua de la educación” ni tampoco para qué servirán dichas instancias autorizadas. ¿Tendrán calificaciones, “estrellitas”, reseñas las escuelas? ¿Y la certificación de la mejora continua será como ISO-9000? ¿O un proceso de una agencia del Estado? ¿Cada cuándo? ¿Quién lo paga? ¿Y eso será mejor que verificar el logro de aprendizaje? Demasiadas preguntas para dejarlo todo a la legislación secundaria. Pero si se menciona, ¿ya hay un plan o visión sobre la certificación?
En el transitorio segundo se dice que será suspendida toda evaluación hasta que se apruebe la ley sobre la Carrera, y le deja facultades discrecionales a la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente (a la cual no alcanzó el verbo encendido de comentadores y profesores airados, concentrados en la lapidación ritual del INEE), para definir las situaciones. El riesgo de un “portazo”, es decir, que en el inter entre la promulgación de la reforma constitucional y la entrada en vigor de la ley sobre los maestros se “regularicen” a modo ciento o miles de nombramientos y sus respectivas plazas presupuestales es un riesgo que atacaría la equidad entre maestros y los derechos de los niños; ya si no cabe virtud, es una apertura arbitraria que debería preocupar al Secretario de Hacienda, que seguirá pagando plazas y plazas que alguien diga que son válidas, pero que no se sustentan en certeza jurídica.
En fin. Además de la pronta resolución en la Cámara de Diputados, convendrá que el Senado, como cámara revisora, haga una revisión seria, profunda y de valor histórico. Leer la letra chica será su tarea, y reescribirla para bien.
