Veo con sorpresa que mi colaboración del lunes pasado (1), generó polémica, interesantes contrastes y opiniones encontradas. El tema: las “cuotas voluntarias” que se cobran en la escuela pública con fundamento en el artículo 6 de la Ley General de Educación (LGE) vigente, aun cuando la Constitución Política consagra la “gratuidad” de la educación. Digo que es una sorpresa porque algunos de los comentarios se manifestaron a favor de no cambiar el estado actual de las “aportaciones voluntarias” o simplemente por no creer que se pueda cambiar la situación prevaleciente.
Comentarios en Twitter
Los compañeros de la cuenta Observatorio Docente (@REobservatorio) comentaron lo siguiente:
“Nos piden imprimir Planea, pagar los gastos operativos e incidencias. El Estado está imposibilitado presupuestalmente a menos que paguemos más impuestos. De una u otra forma nos tocará pagarlo en cuotas o impositivamente.”
@josedlal:
“Yo tengo otros datos, incluso en educación superior. En la institución donde laboro piden cuotas a los estudiantes, con mañas amedrentan o «invitan» a cooperar y nunca rinde cuentas la directora.”
@Elodinn1:
“No es así; en las escuelas, al menos las de educación básica, se inscribe libremente a los alumnos hayan o no dado aportación sus padres. Es más, en muchos planteles primero se realizan las inscripciones y hasta después la Asociación de Padres de Familia (APF) informa de la aportación voluntaria…”
@JRDA26:
“Además, dentro de los planteles hay que comprar insumos para limpieza, oficina y mantenimiento en general, y como lo dijo @REobservatorio el estado está imposibilitado para cubrir dichos gastos; ¿usted qué solución les daría a dichas problemáticas y evitar las «cuotas voluntarias»?
También hay reportes en sentido contrario, que sería el escenario no deseable, en términos de la no colaboración por parte de la comunidad:
Según @agalvan283:
“En mi jardín (de niños) los Padres de Familia (PF) decidieron no dar cuotas, tampoco están dispuestos a que hayan «mercaditos» para recaudar fondos. Ahora hay que ver de dónde se va a sacar el recurso para arreglar los sanitarios y la instalación de luz…”
Tengo la impresión que tanto las y los legisladores como ciertos sectores del magisterio, sobre todo los directivos escolares de los centros educativos públicos, y funcionarios públicos del sector educativo de todos los niveles jerárquicos, no quisieran mover ni tocar con el pétalo de una rosa el asunto de las “cuotas voluntarias” escolares, puesto que se verían afectados los intereses de la escuela pública que, en aspectos operativos, ha sido totalmente abandonada por el Estado. Sin embargo, hay argumentos en el sentido de que las cosas están así, porque el Estado no cuenta con recursos para hacerse cargo de los gastos operativos de la escuela pública. (“¿Cómo va a cubrir esos gastos el Estado o el gobierno federal?” o “¿Qué vamos a hacer sin las “aportaciones voluntarias” de la sociedad”?).
Hay quien también me calificó de “demagogo” o me planteó otra pregunta: @Rafael_O_M_1969: “Como si fueran obligatorias, ¿sabe usted que sin esas cuotas TODAS las escuelas públicas de país estarían en tan malas condiciones, que (sin las “cuotas voluntarias”) ya no sería posible dar clases ahí?”
El Proyecto…
La Gaceta Parlamentaria publicó recientemente un adelanto del dictamen que preparó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal (2), con respecto a la Ley General de Educación, que sería reformada en el actual periodo ordinario de sesiones. Justamente el artículo 7, en el nuevo proyecto de ley, se refiere en uno de sus apartados a la “gratuidad” de la educación. Así se propone la redacción de ese texto legal (LGE):
“Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será: (…)
IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que:
a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado;
b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos, y
c) Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias, y tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin…”
La propuesta
Como se puede apreciar, en el proyecto de redacción sobre este asunto en particular, no desaparece la figura o concepto de las “cuotas voluntarias”, puesto que tácitamente éste es considerado como una opción que debe “regularse”. Preocupa que, en unos días, las leyes secundarias en materia educativa que, junto con la LGE, serán aprobadas por las y los legisladores en la Cámara de Diputados federal, a partir del proyecto elaborado por la Comisión respectiva; esto en un contexto o en un ambiente donde no se perciben, en términos generales, consensos entre los diferentes grupos parlamentarios no sólo con ésta, sino con las demás leyes secundarias en materia educativa o reglamentarias del Artículo Tercero Constitucional.
Por lo tanto y en concreto, propongo que no solamente se ratifiquen en dicha ley los términos del principio de “gratuidad” de la educación, consagrado en la Constitución, sino que también se elimine el concepto de “cuotas voluntarias”, para que solamente queden establecidas en ley las “donaciones” libres por parte de la ciudadanía hacia las escuelas públicas. Y que el Estado cumpla cabalmente con su obligación de garantizar la educación pública gratuita.
Reitero que una medida legislativa de esta naturaleza (eliminar definitivamente las llamadas “cuotas voluntarias” en las escuelas públicas), abonaría a favor de la economía de las familias mexicanas, que constituye prácticamente la mayoría del país. Para ello, sin embargo, el Congreso habrá de tomar las previsiones financieras correspondientes, a efecto de dotar con recursos públicos suficientes, continuos y en forma expedita, a todas las escuelas públicas de la nación. A cada escuela se le deberán entregar montos diferenciados de recursos, en función de la cantidad de estudiantes atendidos.
Reitero que la práctica de cobrar o solicitar “cuotas voluntarias” en la escuela pública se ha vuelto lamentablemente una costumbre (en casi todos los casos por iniciativa desesperada de los directivos escolares), debido a que el Estado ha colocado o ha llevado a las escuelas públicas a una condición de precariedad. No digo que esto suceda así en todas las escuelas, pero ese es el sobre entendido en la mayoría de ellas. Y eso se debe a que las escuelas públicas no cuentan con recursos financieros públicos para cubrir los gastos ordinarios para operar adecuadamente en el día a día (servicios de mantenimiento, material de papelería, fotocopiado, teléfono, material de limpieza, fondo para eventos cívicos y festividades comunitarias o sociales, entre otros).
Tengo la convicción que defender la economía de las familias no va en contra del carácter público de la educación. Aquí el problema es otro: El Estado mexicano no ha hecho suyo el principio de “gratuidad” de la educación pública, a través de establecerlo en ley y de una adecuada planificación y administración de recursos. El día en que en este país se cumpla la ley al pie de la letra, y cuando el Estado mexicano se haga cargo de su responsabilidad, que consiste en entregar recursos financieros y logísticos a las escuelas “de gobierno” (a través de la aportación, por parte de la Secretaría de Hacienda o de la SEP, de una cuota estimada por alumno atendido, en cada escuela pública, para gastos de operación), ese día las familias serán beneficiadas en sus bolsillos y se hará realidad la garantía del derecho pleno a la educación.
La idea es dar un paso más hacia adelante en la recomposición del Estado de bienestar. Ese es el sentido esencial de la propuesta.
Epílogo:
Esto lo escribió mi amigo Adrián Bejerano @bejerano_adrian: “Lo leí hace muchos años en un cartel: «Muchos niños no pueden pagar su educación pública gratuita».
Fuentes consultadas:
(1) “Reformar el Artículo 6 de la Ley General de Educación”, SDP Noticias, 9 de septiembre, 2019.
(2) http://www.educacionfutura.org/publican-en-gaceta-parlamentaria-propuesta-de-ley-general-de-educacion/
jcmqro3@yahoo.com
Artículo publicado en SDPnoticias.
