En cuatro décadas de neoliberalismo el monopolio de la televisión creció al amparo de la corrupción del Estado, se consolidó como un poder fáctico por encima de cualquier otro; ha sido el actor principal de la antidemocracia y del sesgo a la diversidad de voces de la ciudadanía crítica. El caso de Enrique Peña Nieto es la confirmación de la existencia de una telecracia con tal capacidad de influencia que podía sentar en la silla presidencial a quien quisiera para lucrar a costa del dinero público. Está ampliamente documentado que en 2016 la SEP les entregó 94 mil pesos cada hora para promover su reforma educativa y desacreditar a los maestros que se opusieron a ella.
El monopolio de la televisión no sólo se alió a la descomposición gubernamental, también lo hizo con el sindicalismo más corrupto y antidemocrático. En un compromiso de favores compartidos, en 2009 la lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo Morales selló un pacto económico de 750 millones de pesos con Televisa a través de Claudio X González Guajardo, entonces presidente de Fundación Televisa y después líder moral de Mexicanos Primero. Durante dos años Marco Antonio Regil condujo el show televisivo “Todo el mundo cree que sabe” para enarbolar la figura del magisterio propatronal que había desempeñado el papel de mercenario electoral para llevar a Felipe Calderón a la presidencia de la república.
La idea no fue original, en realidad era parte de una estrategia de la derecha internacional que tuvo su primera experiencia en el show norteamericano ¿sabes más que un niño de primaria?, que se replicó por diferentes países de Latinoamérica como plataforma ideológica del empresariado para reforzar las evaluaciones estandarizadas como sistemas de rendición de cuentas hacia los maestros y de vigilancia de los aprendizajes.
Pero, cuando que creíamos que se había echado a la telecracia del poder, nos encontramos con que se les devuelve su papel protagónico en el actual gobierno, no fue una formalidad que los representantes de TV Azteca, Televisa e Imagen TV asistieran a la reunión del presidente Andrés Manuel con Donald Trump; ahí, fueron invitados a sellar el destino de la nación negociando el T-MEC, poniendo sus intereses de clase por delante.
La estrecha relación con la telecracia en el ámbito educativo no tardó mucho tiempo en hacerse visible, se puso de manifiesto desde el momento en que Esteban Moctezuma Barragán dejó la presidencia de Fundación Azteca para que fungiera desde la SEP como el Claudio X González de la cuarta transformación; se trató de un cambio de figura política con una relación menos desgastada con el nuevo presidente de México. Siendo secretario de educación, el ex empleado del Grupo Salinas no ha perdido ninguna oportunidad para favorecer contratos de la SEP con Televisión Azteca, desde las orquestas infantiles hasta la elaboración de contenidos educativos.
Justo en el momento en que el poder del monopolio de la televisión había perdido terreno frente a la apertura de medios digitales que ofertan otras posibilidades de información con mayor credibilidad y de que estaban padeciendo una larga caída de sus ingresos económicos porque la audiencia se está mudando a las plataformas virtuales de entretenimiento por streaming, el pacto educativo articulado por Esteban Moctezuma para que sean el vehículo central de la estrategia de Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021, le da un giro inusitado de legitimidad ante la sociedad.
La telecracia no está salvando a la nación ni a la educación, tal cual se les quiso presentar en la conferencia mañanera del tres de agosto. Es al revés, se les está rescatando a ellos de un ciclo constante de pérdidas y de falta de credibilidad, por principio recibirán 450 millones de pesos para operar canales marginales de su programación; pero, las consecuencias económicas del rescate moral se vieron reflejadas al día siguiente de haberse presentado el acuerdo educativo, en la bolsa de valores el Grupo Televisa repuntó 11.42% en sus acciones, mientras que TV Azteca lo hizo con un 10.59%.
Lo que pudo ser una decisión de Estado legítima, necesaria y emergente para hacer uso de la infraestructura de las televisoras y ponerlas al servicio de la educación pública, derivó en otro acuerdo cupular entre el gobierno y la oligarquía nacional, al margen de las y de los maestros, con mayores beneficios para el empresariado. Hay que decirlo claro y fuerte, escolarizar por medio de la televisión no es educación, es privatizar la escuela y hacer como que el sistema educativo sigue de pie. La gran tarea de educar, seguirá siendo del magisterio con un plan integral que no quedará inmóvil ante la imposición de la caja idiota.
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