La mal llamada federalización de la nómina


En enero de 2020 se firmó el Convenio de Coordinación para Establecer el Mecanismo de Pago de Nómina de los Trabajadores del Sector Educativo al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, o bien, lo que comúnmente conocemos como Federalización de la Nómina; con él, se pondría fin al trato diferenciado entre los trabajadores de la educación federales y los estatales, a estos últimos, por años y de manera sistemática, se les dejó de pagar prestaciones, se les retrasaron quincenas, se les mantuvo en la incertidumbre de recibir su salario en los últimos meses del año fiscal o bien con la amenaza de no pagarles completo con el pretexto de que el Estado no tenía los fondos suficientes. Ya han pasado dos meses de haberlo signado, pero la problemática prevalece, agregando a los agravios anteriores la reestructuración del impuesto sobre la nómina, cuyo descuento es mayor a los dos últimos aumentos salariales.

No es un documento público como se presume oficialmente, no se encuentra en ningún portal de las dependencias involucradas; para acceder a él, tuvimos que solicitarlo a la comisión de transparencia y lo recibimos hasta varios días después. Se trata de un “Convenio” exclusivamente para coordinar el pago de la nómina, donde se estipula que el patrón sigue siendo el gobierno estatal y de ningún modo la Secretaría de Educación Pública (SEP) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en representación de la federación, serían patrones sustitutos; pero, tampoco se puede hablar de federalización porque la parte mayoritaria del salario sigue siendo responsabilidad del gobierno michoacano en un 64.5 % y la minoritaria del gobierno federal en 35.5 %.

No se acuerda la federalización de los servicios educativos, los programas estatales o de las escuelas que muchas veces quedaron inoperantes por falta de recursos indispensables, así sucedió con los albergues escolares o los Centros de Desarrollo Infantil; no se federalizan las claves presupuestales o los techos financieros que sustentan a los trabajadores de la educación; no se federaliza su sistema de pensiones, de ahorro ni su servicio médico; no entran en el convenio los sistemas de la educación media superior que dependen del Estado y que han sido tratados en iguales o peores condiciones que en la educación básica.

Un problema central que debería resolver el “Convenio”, es el pago de prestaciones que por años dejaron de percibir los mentores para completar el salario precario que los caracteriza, de los más bajos entre los sectores profesionales en México y muy por debajo de la media mundial entre los salarios docentes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; pero no se establece ese compromiso pues los rezagos y los problemas arriba señalados quedan en manos del gobierno michoacano actual, que de manera consecutiva aparece encabezando la lista de los gobernadores peores evaluados a nivel nacional por su pésima administración; estamos hablando del mismo mandatario que camina impunemente por el mundo, después de que el año anterior envió un paquete fiscal a sabiendas de que sólo contempló el pago de la mitad de las quincenas de los maestros y que en recurrentes ocasiones se declaró incompetente, al grado de manifestar públicamente que dejaba la responsabilidad de los servicios de educación básica y normal, sin acuerdo con la federación de por medio.

Si bien es cierto que, ante el incumplimiento por parte del gobierno estatal, la SEP está facultada para solicitar de las participaciones federales que le corresponden a esa entidad para ejecutar la nómina educativa, ya se han dado varias incidencias que lo ameritan y esto no ha sucedido. El “Convenio” deja otras incertidumbres que colocan al magisterio en medio de posiciones político electorales, que sin duda pretenden cada una por separado cobrar factura en los comicios venideros: se puede deshacer en cualquier momento por una o las dos partes, con 60 días de anticipación; además tiene finiquito, se vence en diciembre de 2024, justo cuando termina el actual gobierno de la 4T. En estas circunstancias, la estabilidad salarial presente y futura de los maestros dependería de pactos políticos, estaría condicionada al comportamiento conservador de su naturaleza rebelde y hasta a su inclinación electoral; a todas luces se parece a un mecanismo de control sindical.

El tema de la Federalización de la Nómina podría quedar en asunto local, si no fuera porque Michoacán es el primero que atraviesa por lo que se prefigura como el laboratorio nacional; en puerta quedaron otros estados que solicitaron la misma conversión, en donde se mantienen latentes las esperanzas magisteriales de que pronto verán fluir sin ninguna traba el sustento diario para sus familias; en todo caso, estas inconsistencias son parte de un cúmulo de agravios e incumplimientos: la fallida democratización del SNTE, la no apertura de la normal del Mexe, la sistemática represión contra la CNTE sobre todo en el sureste del país, la implementación del régimen de excepción laboral y del nuevo sistema de carrera docente, el deterioro de las percepciones de los jubilados con la Unidad de Medida Actualizada (UMA), que conjuntamente van dando vida a una nueva revuelta pasados los tiempos de la contingencia sanitaria.


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