Por: Fernando Ruiz*
El pasado mes de febrero dio inicio el primer proceso de admisión de nuevos maestros bajo la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) con la emisión de las convocatorias por parte de las entidades federativas.
En este proceso llama la atención: las convocatorias señalan que todos los sustentantes deberán registrarse en línea, cumplir con la verificación documental de los requisitos, acreditar un curso de 40 horas sobre habilidades docentes y presentarse a una Valoración de Conocimientos y Aptitudes Docentes, así como demostrar el dominio de otra lengua, en el caso de sustentantes que deseen ingresar a las escuelas de educación indígena o deseen impartir clases de inglés. Sin embargo, los postulantes no tendrán las mismas oportunidades porque se dará preferencia a los egresados de Escuela Normal, Centros de Actualización de Maestros (CAM) y Universidad Pedagógica Nacional, incluso dividiéndolos en dos listas.
En el periodo 2014-2018 en promedio participaron 125 mil sustentantes y se contrataron, también en promedio, 34 mil docentes, es decir, que sólo 1 de cada 4 obtuvo alguna plaza. Esto quiere decir que los egresados de instituciones de educación superior diferentes a las instituciones señaladas difícilmente serán contratados a pesar de haber cumplido todos los requisitos o incluso, en su caso, haber obtenido puntajes superiores. Esto es contrario a lo establecido en el artículo tercero constitucional, que señala que la admisión de docentes al servicio público deberá realizarse mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales.
Esta situación complica por la falta de transparencia. Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco no presentaron vacantes; BCS, Campeche, Colima, Morelos, Nuevo León, Veracruz y Yucatán no ofertaron plazas; Aguascalientes y Morelos presentaron menos de 50 plazas. Guerrero y Oaxaca ni siquiera emitieron convocatoria. Este último estado es preocupante ya que el ingreso de los docentes parece ser objeto de las negociaciones políticas realizadas entre la SEP, el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 sin consideración institucional alguna y con exclusión de sustentantes afines a otros sindicatos magisteriales legalmente constituidos.
¿Cómo se llegó a esta situación? La mejor explicación es que nuevamente la educación pública se encuentra sometida a los pactos políticos sexenales. El año pasado, durante las negociaciones con la CNTE para la aprobación de las leyes secundarias, el Presidente de la República decidió darle preferencia a los normalistas, satisfaciendo con ello una de las viejas demandas de la CNTE.
La SCJN se debe pronunciar en torno a la constitucionalidad de dichas disposiciones. Mientras esto se resuelve, resta que los maestros exijan el respeto de su derecho a participar en igualdad de oportunidades.
*Es Coordinador de investigación en Mexicanos Primero.
