Dos consultas y ninguna respuesta
En poco más de dos meses, la Secretaría de Educación Pública ha puesto frente al magisterio dos ejercicios de “escucha”. El primero fue el Cuestionario Diagnóstico aplicado durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, los días 26, 27 y 28 de agosto[1]; el segundo será la Consulta Nacional del 30 de octubre, destinada —según la propia carpeta de trabajo— a “deliberar” sobre el nuevo sistema que sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)[2]. Ambos ejercicios se inscriben en el Compromiso Presidencial número 27: “Desaparece la USICAMM. Nuevo sistema de contratación y promoción de maestros”.
Dos consultas en nueve semanas deberían ser una buena noticia. No lo son. Porque entre escuchar y decidir se abre un abismo que ningún cuestionario ha cruzado: al magisterio se le consulta, sobre todo —sobre instrumentos, ponderaciones, antigüedad, transparencia— menos sobre lo único que determina su vida laboral: quién decide, con qué presupuesto y bajo qué consecuencias cuando la norma se incumple. El maestro mexicano sigue siendo el último enterado de las reglas que gobiernan su carrera, y esa condición no la cambió la reforma de 2013, ni la de 2019, ni la que ahora se anuncia con bombo y platillo.
La primera consulta: un diagnóstico que no diagnostica
Empecemos por los números que la SEP sí publicó. Del cuestionario de agosto participaron 393,696 maestras y maestros de 93,235 centros de trabajo[3]. La propia Secretaría lo celebró como “uno de los ejercicios de consulta al magisterio con mayor alcance”. Lo que no subrayó es que había anunciado la consulta para más de 1.2 millones de docentes[4]: respondió alrededor de una tercera parte. Ese dato no invalida por sí solo el ejercicio, pero sí obliga a la prudencia: los resultados no pueden presentarse, sin más, como el consenso del magisterio, porque no se ha explicado la cobertura, la no respuesta ni la representatividad de quienes sí contestaron. La CNTE lo dijo con la palabra exacta por dolorosa: simulación; “cuestionarios a modo”, denunciaron sus secciones disidentes desde agosto[5].
Pero el problema de fondo no es cuántos respondieron, sino qué se les preguntó. La pregunta estrella del diagnóstico ofrecía dos únicos caminos: un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes para plazas y promociones (79.6%) o “regresar al pasado” mediante el viejo reparto discrecional de plazas a través de las Comisiones Mixtas (20.4%)[6]. La lectura oficial fue triunfalista: casi ocho de cada diez docentes avalan los instrumentos de valoración. La lectura honesta es otra: se le ofreció al magisterio una disyuntiva entre el presente administrado y una caricatura del pasado, y nunca la tercera opción que la base lleva años exigiendo —ni examen punitivo ni reparto discrecional: una carrera profesional con derechos financiados—. Cuando las únicas opciones del menú son las del anfitrión, el comensal no delibera: ratifica.
Hay un dato más, revelador, en esa misma presentación: a la pregunta de quién debería participar, junto con la autoridad federal, en la elaboración del instrumento, la primera preferencia —43.2% de las menciones— fue para las maestras y los maestros del nivel educativo que se evalúe; y 73.9% pidió que esos participantes se elijan por concurso público con convocatoria abierta, no por designación de la autoridad[7]. La base pidió democracia curricular: que los valorados participen en diseñar la valoración. La respuesta institucional a esa demanda fue… otra consulta en línea. Escuchar para repetir el circuito.
La segunda consulta: deliberar sin decidir
El 30 de octubre, la Segunda Sesión Ordinaria del CTE no tendrá temas pedagógicos: será íntegramente la Consulta Nacional. La plataforma consultanacional.sep.gob.mx abrirá del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 8:00 a 20:00 horas; los resultados, según los materiales difundidos para la sesión, estarán disponibles a partir del 3 de noviembre[8]. Cinco temas: instrumento de valoración; valoración entre pares; práctica docente y Plan de Estudios; antigüedad y preparación profesional; transparencia y denuncia de corrupción[9].
Obsérvese lo que hay —y lo que no hay— en esa lista. Hay todo lo que se refiere a cómo se valorará al maestro. No hay nada sobre cuánto dinero obligará el resultado, sobre qué reformas legales lo harán exigible, sobre qué pasará con la administración estatal que hoy incumple, ni sobre quién interpreta la norma cuando el reglamento calla. Según lo informado por la propia dependencia, la desaparición formal de la USICAMM aún requiere modificaciones legales[10]. Es decir: deliberaremos sobre las características de un sistema cuyo diseño normativo, presupuesto y calendario no se nos muestran. Eso no es construir con el magisterio; es pedirle al magisterio que legitime con su CURP lo que otros redactarán después. La consulta no obliga a nada ni a nadie: recoge “opiniones” para un texto que todavía no existe.
El simbolismo llega al detalle: el anexo tres de la sesión —el que contiene los criterios técnicos de valoración— se anunció “disponible a partir del 30 de octubre”, el mismo día de la consulta[11]. Y conviene decirlo sin rodeos: mientras el país discute si la USICAMM desaparece, la Sección 22 de la CNTE mantiene la huelga nacional iniciada el 1 de junio y sus bases votaron, en consulta interna, continuarla[12]. Cuando una consulta y una huelga nacionales transcurren en paralelo sin encontrarse, algo del diseño de la escucha está roto.
La norma que no está clara: quién interpreta el futuro del maestro
Aquí está el meollo del asunto, y conviene decirlo con la misma voz con que lo escriben los acuerdos. La USICAMM “emite las disposiciones normativas”; las autoridades educativas locales publican las convocatorias “de acuerdo con los contextos locales y regionales”[13]. La contextualización sería razonable si la norma federal fijara límites claros a la interpretación; sin esos límites, la frase es un cheque en blanco: lo que en una entidad es derecho exigible, en otra es promesa administrativa, y el docente no tiene dónde reclamar la diferencia. Cuando algo falla, cada eslabón señala al siguiente: la federación culpa del retraso a la entidad, la entidad culpa a la federación por el presupuesto, y el maestro —el único sin mesa donde sentarse— carga con el resultado.
La propia SEP, en su carpeta de trabajo para la consulta, recoge las dificultades que “han identificado las maestras y los maestros”[14]. Que esas denuncias formen parte del diagnóstico oficial las vuelve más graves, no más resueltas: exigen explicar cómo se investigarán y corregirán. Ahí, en letra oficial, están: la autoridad educativa “no respeta el listado de ordenamiento” en la asignación de plazas; hay “opacidad” en el registro de vacantes porque la autoridad “no reporta los espacios”; la plataforma “constantemente se cae”; existe “burocracia en el desarrollo de los procesos”; y la representación sindical es “únicamente observadora” en la mesa tripartita. Añádase lo que el propio Acuerdo de promoción horizontal escribe con la parsimonia de quien ya sabe: el resultado “no obliga a las autoridades educativas a asignar el incentivo a la totalidad” de quienes figuran en el listado, y la asignación “estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria”[15]. Traducción: puedes acreditar todo, esperar, cumplir cada requisito, y no recibir el incentivo porque el dinero no alcanzó. Aprobar ya no garantiza nada. Y hay más: el propio diagnóstico registró que 68.3% de los docentes prefiere procesos híbridos, con etapas presenciales[16]; la carpeta admite que “se priorizan los registros y los eventos públicos en línea”. La base pidió presencialidad y recibió una plataforma.
Cuando el diagnóstico oficial recoge punto por punto lo que la base magisterial denuncia desde hace años, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política: si la SEP registra que el listado de ordenamiento no se respeta y que las vacantes no se reportan, ¿qué mecanismos de investigación y corrección se han activado? ¿Dónde está la ruta de atención de cada denuncia enumerada? Sin esa respuesta, la lista queda en síntoma documentado: la fotografía más nítida de los pendientes heredados.
El cuello de botella administrativo
En un texto anterior escribí que la esperanza no concursa[17]. Hoy añadiría: tampoco tramita. El sistema de admisión en educación básica exige quince pasos —el director notifica la vacante, la autoridad estatal la concentra, el SATAP la coteja, se pondera, se lista, se convoca al evento público—[18] y cada paso es una oportunidad de fallar. El maestro ya no pierde su plaza frente a un examinador: la pierde frente a un expediente incompleto, una cita que no se generó, una convocatoria que se publicó tarde, una vacante que nunca se reportó. La administración escolar se convirtió en el cuello de botella de la carrera docente: todo pasa por ella, nada se mueve sin ella, y sus tiempos no son los del aula.
Esta administración no nació con la USICAMM: la heredó y la perfeccionó. Los gobiernos neoliberales convirtieron la carrera docente en botín político y la respuesta tecnocrática fue convertir el acceso a la plaza en un proceso tan complejo que solo la burocracia puede navegarlo. Cambió el discurso, no las prácticas. Hoy se dice “construir con el magisterio” mientras se consulta por internet en horario de labores y oficina; se dice “combatir la corrupción” mientras las denuncias recogidas en la propia carpeta —las de las plazas sin reportar, las del listado incumplido— se publican sin ruta de atención. Se anuncia la desaparición de una unidad, no la desaparición de una manera de administrar: la de servir al proceso y no a las personas, la de servirse del puesto en lugar de servir desde el puesto.
El grupo de la muerte: setecientos, recursos para veinte
Debo hablar ahora de lo que conozco de primera mano, y lo cuento como lo que es: mi experiencia, una sola entre las miles que se escriben cada ciclo en el magisterio. En 2021 fuimos convocados a un proceso de promoción como grupo de supervisores. Pero la lista aumentó hasta reunir a setecientos aspirantes; el presupuesto alcanzó para veinte. Ante la falta de recursos, lo que era una convocatoria de grupo se convirtió en lo que el magisterio, con la amargura precisa de quien sobrevive, al que se le llamo al grupo de la muerte: setecientos compitiendo por veinte lugares, donde se incluyó al grupo de supervisores al reparto a jefes de sector, directores, subdirectores, jefes de enseñanza y asesores técnicos pedagógicos de todos los niveles —violentando, a juicio de quienes lo vivimos, la norma que había separado las funciones, y sin dar nunca cuenta a los maestros de su actuar—. Un supervisor compitiendo contra todos, con las reglas reescritas a media marcha y sin explicación alguna. Cinco años después, hasta la fecha no ha habido otra convocatoria para nuestro grupo.
Esa aritmética no es un accidente: es el diseño visto desde abajo. Ya pasó el ciclo de cuatro años que la propia norma anuncia para volver a competir, y la puerta sigue cerrada. El sistema pondera la antigüedad hasta en 35 puntos en la promoción horizontal y 30 en la vertical —premia la espera—[19], pero la espera no compra nada, porque el incentivo está sujeto a la “disponibilidad presupuestaria” y a la bolsa que alcance. Y en un texto anterior documenté el contraste que duele: mientras los incentivos docentes se racionan conforme a esa “disponibilidad”, el aparato que administra la carrera no se raciona igual[20]. Recursos abundantes para administrar la espera; presupuesto raquítico para la carrera misma.
¿Y qué queda cuando un maestro atraviesa eso? Pregúntenselo a cualquiera de los setecientos: cada uno volvió a su escuela cargando algo distinto a lo que llevó —desengaños, sueños muertos, esperanzas enterradas bajo un listado que nadie explica—. Eso no aparece en ninguna presentación institucional y no lo registra ningún cuestionario: es la herida silenciosa en la vocación de servicio. ¿Qué le dice esto a un maestro joven? Que la vocación se paga en paciencia y se cobra en silencio. ¿Qué le dice a una directora, a un jefe de enseñanza, a un docente con veinte años de aula? Que su trayectoria se reduce a casillas de un tabulador y a una lista de espera sin fecha. El reconocimiento profesional del magisterio se quedó corto: se nos reconoce en el discurso y se nos raciona en el presupuesto. Un sistema que convierte la esperanza en trámite y el mérito en espera no está revalorizando al magisterio: lo está agotando.
Viejos vicios, nuevo discurso
Hay una continuidad incómoda que la consulta del 30 de octubre no toca y que hay que nombrar. La reforma de 2013 quiso arrebatar el control de las plazas al sindicalismo con exámenes punitivos. La de 2019 suprimió el castigo y construyó un laberinto administrativo. La de ahora anuncia la desaparición de la unidad que administra el laberinto, pero conserva la racionalidad de fondo: el centro decide, la base ratifica. En trece años cambió todo el discurso —revalorización, nueva escuela, justicia social— y nada cambió en lo esencial: la carrera del maestro sigue decidiéndose en oficinas donde el maestro no está invitado.
La presidenta de la República ha dicho que se trata de erradicar “los vicios que había en el pasado: de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas”[21]. Coincido con el diagnóstico, y por eso pregunto: ¿de qué sirve erradicar la USICAMM si la opacidad queda? La corrupción no vive en una unidad administrativa: vive en los espacios donde la norma es vaga y la discrecionalidad no tiene consecuencias. Y esa opacidad la enumera, con nombre y apellido, la propia carpeta de trabajo: listados que no se respetan, vacantes que no se reportan, sindicato que solo observa[22]. Mientras el síntoma se documente oficialmente y la ruta de atención no exista, cada reforma será el relevo de una burocracia por otra, con mejor diseño gráfico.
Lo que la base exige
No pido caridad institucional; exijo lo mínimo que un Estado serio debe a su magisterio. Primero, que la consulta obligue: resultados publicados, vinculantes, con un dictamen público que diga qué propuesta se acogió, cuál se rechazó y por qué. Segundo, presupuesto como obligación y no como “disponibilidad”: acreditar un proceso debe garantizar el incentivo, o que la norma se llame por su nombre —promesa condicionada—. Tercero, una sola norma nacional de carrera, clara, con límites explícitos a la interpretación local y con las obligaciones de las autoridades estatales escritas con la misma precisión con que se escriben las del docente. Cuarto, la difusión pública e inmediata de cada plaza disponible —que 96.7% del magisterio exigió en el diagnóstico[23]— debe ser obligación, no sugerencia. Quinto, participación docente real en el diseño: la primera preferencia del diagnóstico —docentes del nivel evaluado, elegidos por concurso abierto— no pidió un favor; exigió lo elemental. Sexto, un calendario legal con fecha para la desaparición de la USICAMM: publicado, exigible, con responsables.
Cierre: la esperanza ya no delibera
Que nadie se llame a engaño: lo que está en juego el 30 de octubre no es el nombre de una unidad administrativa, es la pregunta de si este país está dispuesto a pagar lo que dice valorar. Mientras el magisterio se concierte en fechas y plataformas, la deuda sigue intacta: el maestro que aprueba y no cobra, el supervisor que desde 2021 espera una convocatoria que la norma anuncia cada cuatro años y el presupuesto nunca abre, la directora que sostiene una escuela con horas fragmentadas y promesas condicionadas. Esa deuda no se consulta: se paga.
A las autoridades les pido poco y les exijo todo: que la consulta obligue, que el presupuesto sea obligación y no “disponibilidad”, que cada denuncia documentada en la propia carpeta oficial tenga ruta, responsables y consecuencias. Nada de eso es caridad: es lo mínimo que un Estado serio debe a quienes le confía a sus hijos cada mañana.
Y a mis compañeros, una sola cosa: no entreguemos nuestra voz con la CURP y la paciencia de siempre. Exijamos que el acta diga quién decide, quién paga y quién responde. Porque mientras la norma calla, el aula no calla: ahí estamos nosotros, todos los días, dando lo que no nos dan. Nos pueden consultar mil veces; mientras aprobar no sea recibir y esperar no sea el oficio principal del maestro, seguiremos siendo lo que este sistema nos ha hecho: consultados, nunca decididos.
La esperanza ya no concursa. Ahora tampoco delibera: marca asistencia. Y un país que acostumbra a sus maestros a vivir de esperanza no tiene derecho a sorprenderse cuando el aula, cansada de esperar, empieza a vaciarse.
[1]SEP, Resultados del Cuestionario Diagnóstico. Compromiso Presidencial número 27: “Desaparece la USICAMM. Nuevo sistema de contratación y promoción de maestros”, presentación oficial de la SEP, octubre de 2026 (aplicación del cuestionario durante la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, 26, 27 y 28 de agosto de 2026).
[2]SEP, Carpeta de Trabajo. Consulta Nacional para la construcción del Nuevo Sistema de las Maestras y los Maestros, Consejo Técnico Escolar, octubre de 2026, págs. 3 y 5. Documento oficial.
[3]SEP, Resultados del Cuestionario Diagnóstico, op. cit. (393,696 maestras y maestros; 93,235 centros de trabajo).
[4]El Sol de México (OEM), “CNTE de Oaxaca rechaza consulta para sustituir la USICAMM”, 30 de agosto de 2026: la SEP anunció la participación de más de 1.2 millones de docentes. https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/cnte-de-oaxaca-rechaza-consulta-para-sustituir-la-usicamm-31815921
[5]La Jornada, “CNTE acusa de simulación la consulta ‘a modo’ sobre permanencia de la USICamm”, 27 de agosto de 2026. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/08/27/sociedad/cnte-acusa-de-simulacion-la-consulta-a-modo-sobre-permanencia-de-la-usicamm
[6]SEP, Resultados del Cuestionario Diagnóstico, op. cit. (79.6% por un instrumento de valoración; 20.4% por el retorno a las Comisiones Mixtas).
[7]SEP, Resultados del Cuestionario Diagnóstico, op. cit. (pregunta 2: 43.2% de las menciones para las maestras y los maestros del nivel que se evalúe; pregunta 3: 73.9% por elegir a los participantes del instrumento mediante concurso público con convocatoria abierta).
[8]Red de Docentes MX, “CTE del 30 de octubre: así será la Consulta Nacional que sustituirá a la USICAMM”, 21 de octubre de 2026. https://www.reddocente.mx/blog
[9]Profelandia, “SEP convierte la Segunda Sesión del CTE en consulta para eliminar a la USICAMM”, octubre de 2026. https://profelandia.com/sep-convierte-la-segunda-sesion-del-cte-en-consulta-para-eliminar-a-la-usicamm/
[10]Excélsior, “SEP alista consulta final en octubre para definir la desaparición de la USICAMM”, octubre de 2026. https://www.excelsior.com.mx/nacional/sep-alista-consulta-final-octubre-para-definir-desaparicion-usicamm
[11]SEP, Anexo 3 de la sesión de consulta: tarjeta oficial con el aviso “Disponible a partir del 30 de octubre de 2026”.
[12]El Universal, “Sección 22 del SNTE en Oaxaca decide continuar con la huelga nacional de la CNTE”, 17 de octubre de 2026. https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/seccion-22-del-snte-en-oaxaca-decide-continuar-con-la-huelga-nacional-de-la-cnte/
[13]SEP, Carpeta de Trabajo, op. cit., pág. 6 (atribuciones de la USICAMM y de las autoridades educativas locales).
[14]SEP, Carpeta de Trabajo, op. cit., pág. 18: “¿Qué dificultades han identificado las maestras y los maestros?”.
[15]USICAMM, Acuerdo que contiene las reglas del Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica: “El resultado obtenido… no obliga a las autoridades educativas a asignar el incentivo a la totalidad… la asignación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria”. https://usicamm.sep.gob.mx/usicamm_dsk08/2026-2027/compilacion/EB/Acuerdo_prom_horizontal.pdf
[16]SEP, Resultados del Cuestionario Diagnóstico, op. cit. (pregunta 7: 68.3% prefirió una modalidad híbrida, presencial y en línea; 31.7%, totalmente en línea).
[17]Vélez Merino, H., “La esperanza no concursa: la USICAMM y la deuda pendiente del Estado con el magisterio”, Mérida, Yucatán, septiembre de 2026.
[18]SEP, Carpeta de Trabajo, op. cit., pág. 8 (flujo de quince pasos del proceso de admisión en educación básica).
[19]SEP, Carpeta de Trabajo, op. cit., págs. 10, 12 y 13 (ponderaciones: antigüedad, 30 puntos en promoción vertical y 35 en promoción horizontal; zonas marginadas, 15 puntos).
[20]Vélez Merino, H., op. cit. (análisis del presupuesto de operación de la USICAMM frente al racionamiento de los incentivos docentes).
[21]El Economista, “Desaparecer al Usicamm, promesa incumplida: CNTE”, 15 de junio de 2026 (declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum). https://www.eleconomista.com.mx/politica/desaparecer-usicamm-promesa-incumplida-cnte-20260615-818506.html
[22]SEP, Carpeta de Trabajo, op. cit., pág. 18.
[23]SEP, Resultados del Cuestionario Diagnóstico, op. cit. (pregunta 8: 96.7% pidió que la disponibilidad de plazas se informe y difunda públicamente y de manera inmediata).
