Los 43 normalistas de Ayotzinapa -incluido el agente de inteligencia militar- siguen desaparecidos. Han pasado dos gobiernos de la república, presuntamente de signo contrario, y siguen desaparecidos. Han pasado procuradores de la república, oficinas responsables, discursos y más discursos, entrevistas y más entrevistas y todavía no sabemos el destino de los 43 después de nueve años.
Esa es la cuestión central. En el caso de la desaparición forzada, como en tantos otros, no hay atenuantes a la responsabilidad gubernamental, ni rodeos, ni dinero gastado, ni promesas hechas, ni compromisos ni discursos: solo la presentación de los desaparecidos. Eso nos los enseñaron las madres del Comité Eureka y los compañeros de AFADEM desde los años setenta: es la prueba de ácido de la política gubernamental: la presentación de los desaparecidos. A eso se reduce todo.
Después vendrán las acciones de justicia, de castigo, de reparación, lo que se quiera -que siempre es problemático también-; y también la garantía de la no repetición. Verdad y justicia se le llama a eso. Y también memoria, para actualizar la lucha y erradicar las condiciones que hacen posible la desaparición forzada.
Tenemos que recordar esto porque la IV T ha generado expectativas en la población que no corresponden con los resultados. Más aún: ha generado un efecto enturbiador de la realidad que de entrada califica y descalifica, ubica en bloques e impide reconocer los hechos, sus relaciones e implicaciones, políticas y estratégicas.
Pareciera ser que la esperanza y la retórica tienen un efecto adormecedor, que legitiman lo que antes se consideraba insoportable. Lo vemos en las luchas feministas, ecologistas, de derechos humanos, de los pueblos originarios, por el agua, por la seguridad, en las cuestiones educativas, en todas partes. También en el caso de la desaparición forzada de los 43. Este es uno de las vertientes más preocupantes de este gobierno.
Lo decimos por tres cuestiones esenciales.
La primera tiene que ver con la especificidad de la desaparición forzada como tecnología represiva y actualmente necro-económica. Recordemos: se trata de un proceso, no de un acto; un proceso que se realiza por diversas fases, según las modalidades de la desaparición.
La fase inicial, en términos generales, es la aprehensión, el momento de la captura; en términos jurídicos equivale a la privación ilegal de la libertad, aunque en realidad es más complejo que eso, pues implica un trabajo previo de investigación, de seguimiento, ubicación y disposición de recursos y personal para realizar la aprehensión.
Hay muchas modalidades de esta forma, según el territorio en que se realicen y las características de los sujetos perseguidos y de los capturadores. No son lo mismo, por ejemplo, las aprehensiones realizadas en las montañas de Guerrero en el primer lustro de los años setenta, que las realizadas en El Fuerte, Sinaloa, en 1977. La fase y los objetivos son los mismos, pero las víctimas no. En un caso son militantes y bases de apoyo de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, en otra estudiantes y militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. En un caso el ejército es el responsable, en el otro ese cuerpo maldito llamado Brigada Blanca.
En el caso de los 43 estudiantes de una normal rural combativa, vigilados, intervenidos, seguidos de tiempo atrás por un dispositivo en el que participaron policías de distintos municipios y niveles de gobierno, agentes de las industrias criminales y militares.
Los cambios en los participantes, en las técnicas y tácticas de la aprehensión dan cuenta de las modificaciones históricas-políticas y, luego veremos, económicas de la desaparición forzada en México.
Sin embargo, la aprehensión es la primera fase de un proceso que puede o no terminar en la desaparición forzada. Lo cierto es que el tránsito de la aprehensión a la desaparición es más complicado. No son muy frecuentes los casos de que la Aprehensión y la Desaparición se den al mismo tiempo, porque en muchísimos casos se sabe dónde están los aprehendidos, quiénes y cómo se los llevaron.
Se encuentran en cárceles, en oficinas públicas, en centros de detención, en el campo militar, en las zonas militares, en casas de seguridad, están ahí, se cuentan con testimonios, registros, actas y documentos que así lo indican. O, como en caso de los 43, en grabaciones, videos, capturas de pantalla y demás: están ahí, los capturados están ahí, en cuerpo y alma, están Detenidos, esta es la segunda fase de la desaparición. Y esta fase también se puede dar en muchas formas, e intervienen muchos actores, que no son los mismos que antes, ahora son celadores, guardias, médicos, psicólogos, terapeutas, expertos en el dolor y en la administración de la vida, torturadores. Los sujetos son otros y los objetivos son distintos. Ya no capturar, sino detener, torturar, obtener información, castigar, amedrentar, un sinfín de propósitos con un objetivo particular: la desubjetivación de las personas, se trata de despojarlas de su humanidad, reducirlas a cuerpos y almas obedientes, útiles pero dóciles, sometidas.
Y, sin embargo, aquí todavía los aprehendidos-detenidos están ubicables, o son ubicables, incluso registrables, eso se observa en las cédulas de los interrogatorios, en las fichas signalécticas, en los informes y hasta en los libros de visitas y las cárceles municipales. Ahí están las fotos en juzgados, las listas de espera y los testimonios así lo evidencian. Y, en este caso de los 43, están las grabaciones, los mensajes interceptados, los informes, las fotos: ahí están, son reconocibles. No han desaparecido: están capturados, también detenidos, pero todavía no desaparecidos
¿Cuándo inicia la desaparición entonces? Este es el punto fundamental para entender el momento en el que nos encontramos.
Empieza cuando los rastros se van desvaneciendo, cuando las huellas se borran, cuando las señales se vuelven imperceptibles, o confusas, cuando ya no se sabe dónde están, cuando la información es contradictoria, cuando los discursos son inentendibles, cuando se dan largas, cuando las familia no son recibidas, cuando los agentes de procuración de justicia no investigan, o dan información espuria, cuando se construyen mil y una versiones sin fundamento, cuando nos dicen que ya murieron, cuando las pruebas son falsas, las explicaciones increíbles, los procesos truncos, los defensores perseguidos. Esa es la desaparición forzada: la confusión, la incertidumbre, las borraduras, las tachaduras, las mentiras de oficina, los tras-papeleos, todo eso que hace indistinguible la realidad de la bruma.
Y hay que recalcarlo: se trata de una desaparición producida, se trata de un proceso construido, pero no inexorable, de ahí la centralidad de la lucha contra la desaparición, un proceso que puede interrumpirse, que se puede cortar, que se debe desconectar.
La producción de la desaparición forzada, entonces, es responsabilidad de los participantes en lo que he denominado el circuito burocrático-político. Son ellos los que toman las decisiones de qué, cómo, cuándo y quiénes perseguir, a quiénes desaparecer, a quiénes no, a quiénes encontrar o no. Son los responsables de la procuración de justicia, los de la administración de justicia, los gobiernos de todos los niveles, son ellos los que producen, dirigen y controlan la desaparición o no de los detenidos.
Las familias de los desaparecidos lo saben desde siempre cuando se enfrentan a las mil y una triquiñuelas de las oficinas públicas, de los abogados de oficio, de los secretarios, de los jueces, de los gobernadores, de los militares y los responsables de las policías, de los funcionarios de gobernación y de los presidentes de la república.
Esta preponderancia del circuito político de la desaparición fue evidente en diciembre de 2014 cuando se produjo la verdad histórica del caso Ayotzinapa. En ese momento desde la procuraduría de la república se dijo sin admitir duda ni crítica alguna: los estudiantes fueron capturados, masacrados, quemados y dispersados en el rio San Juan. Por tanto, es caso cerrado, no se les puede encontrar.
Poco importaban las inconsistencias de todo tipo, mostradas desde distintos lugares; la verdad estaba dicha: no se pueden encontrar. Y ya. Murillo Karam se cansó del tema. Por eso, en su momento señalé que él era el último desaparecedor, el que pretendía borrar los rastros hasta hacer imposible su localización.
Contra todo eso se construyó uno de los grandes movimientos sociales en este siglo en México. Un movimiento que exigía la presentación con vida de los normalistas, establecía que era un crimen de Estado y que era resultado de la confluencia entre los poderes estatales y los de las industrias criminales. Contra todo eso se luchó en México y en muchas partes del mundo. Eso fue recogido por el movimiento—partido desde 2014 hasta el 2019. Con eso tuvo que enfrentarse Morena-gobierno a partir de 2018.
Esta es la segunda cuestión que explica el momento presente.
Todo eso parecía haber quedado sepultado con el triunfo de AMLO y el inicio de la IV T. El discurso era otro, cercano a los padres y a las exigencias de la lucha, atención y buenas elaciones con el el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), creación de oficinas ad hoc, incorporación a estas tareas personajes respetados en el movimiento popular, dotación de presupuestos y distintas normativas. Durante los dos primeros años parecía funcionar. Más tarde hubo algunos logros; el principal: la destrucción de la narrativa gubernamental anterior y de la verdad histórica.
Acorde con esa lógica, los dos elementos clave de la lucha, la presentación de los estudiantes y la justicia y castigo a los responsables, se prometió como una realidad cercana. Por desgracia, los hechos no son esos. Al contrario, en los dos últimos años, las señales son muy, pero muy distintas. En 2022 la cuestión fue el desmantelamiento de las estructuras de procuración de justicia y del organismo responsable, además de los bloqueos a las exigencias de información de familiares y expertos internacionales.
En este año, ha sido peor: la retirada del GIEI ante la imposibilidad de continuar la investigación por los obstáculos reiterados y el bloqueo impenetrable de militares. En los dos casos, la respuesta gubernamental fue la misma: retórica, mentiras y, de manera notable, la autoridad del presidente de la república al absorber y asumir que las decisiones castrenses eran las suyas como máxima autoridad de las fuerzas armadas.
El resultado de eso lo vemos hoy: a cinco años del gobierno que se comprometió a desentrañar lo ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, hoy seguimos demandando la presentación de los 43; seguimos sin verdad y sin justicia; para qué hablar de la garantía de no repetición, cuando hoy día la cifra de desaparecidos ronda los 100 mil, con todos los problemas de subregistro que se cargan, lo que podría aumentar la cifra entre 8 y 9 veces más.
Lo que hoy vemos es el bloqueo militar en toda su magnitud. Los familiares y compañeros que están en el Campo Militar No. 1 demandan cosas puntuales. Cosas que el ejército debía entregar hace mucho y sigue sin responder, con la venia, la autorización y defensa de AMLO.
Ese es el punto a dilucidar ahora. La tercera cuestión sustantiva del momento actual. ¿Por qué un gobierno que presuntamente viene de la lucha popular, que propuso y se comprometió a resolver la desaparición de los estudiantes, actúa como defensor de los últimos participantes, de los que resguardan la información que pude desentrañar lo ocurrido y garantizar justicia y verdad?
La respuesta nos lleva a una cuestión que va más allá de Ayotzinapa y se da en el terreno específico de una de las características de la IV T: se le ha llamado militarización, esto es, el conjunto de prácticas, instituciones, organizaciones, decisiones, normativas que han expandido las actividades, funciones, atribuciones, gestiones del ejército, la fuerza área y la marina en la seguridad pública, en la operación, administración y usufructo de aduanas, fronteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos.
Más aún: a su institucionalización, es decir, al modo como se convierte en reformas constitucionales, leyes, reglamentos y decretos, lo que indica una voluntad y un rediseño estratégico de las fuerzas armadas en el país, no una utilización coyuntural.
Lo que se está haciendo es la construcción de unas fuerzas armadas que ya no solo tienen poder político y militar, impune y cuasi-autónomo, sino ahora son agentes territoriales y económicas sin vigilancia y rendición de cuentas, entidades cada vez más poderosas.
Además, que esto no es de este gobierno, sino una iniciativa tran-sexenal, que pretende se continúe y quede permanente en la legislación y la administración pública.
Si queremos buscar las razones de por qué el ejército se niega a colaborar de manera decidida con la presentación de los 43, encontraremos que no solo es co-responsable, que no solo es otro participante de la llamada necro-gobernanza en Iguala, en Guerrero y en el país, sino que en el rediseño institucional del país que AMLO pretende, los 43 son una más de las monedas de cambio con el neo-poder militar.
En otras palabras, es posible conjeturar que el gobierno de la IV T pretende sacrificar a los 43 en aras de la gobernabilidad cívico-militar y la institucionalización del nuevo poder de las fuerzas armadas en México.
Ojalá y se demuestre que no es así; mientras tanto, no dejo de recordar que, en 1973, apenas unas semanas antes del golpe, Salvador Allende había nombrado a Pinochet como comandante en jefe del ejército chileno.[1]
[1] Intervención en el Foro de Análisis “Desaparición forzada y militarización”, organizado por el Pacto Morelos por la Soberanía y Colectiva Diversa, Cuernavaca, 25 de septiembre de 2023, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=261938356815580&id=1248027172
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Publicado en Insurgencia Magisterial
