Por: Juan Alfonso Mejía (@juanmejia_mzt)
La información presentada por el presidente Peña Nieto en su quinto informe parece y aparece como una suma desenfrenada de acciones, ausentes de sentido y con el mínimo rigor hacia la edificación de un objetivo. Muy probablemente, lo anterior es sólo expresión de un viejo vicio: la renuencia a rendir cuentas.
Luego del festín de datos anunciados por el presidente de la República en su informe de gobierno, ¿con qué nos quedamos?
La respuesta varía seguramente por sector, pero me limito a la tarea educativa oficial, con respecto de la cual es preciso aclarar: cuantificar NO es mejorar.
El informe reconoce el rol del Estado mexicano para velar por la calidad de la educación, aunque no por ello ofrece garantía suficiente de que así suceda. En la casi interminable lista de cifras, porcentajes e indicadores, no se percibe un progreso sustantivo en la garantía del derecho humano a la educación. Al revisar el texto, se proyectan una serie de datos que pretenden representar un avance, pero es difícil juzgar la solidez de los números. La fuente suele ser siempre la misma, la Secretaría de Educación Pública, con información que NO ha dado a conocer en detalle, lo que impide contrastarla con otras fuentes y monitorear los procesos por parte de otros actores sociales (como medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, o académicos).
El dato debe contar siempre una historia; de lo contrario su utilidad está seriamente limitada.
Algunos ejemplos son ilustrativos en este sentido:
1. Ninguno de los datos presentados tiene una relación clara con el aprendizaje de las niñas, los niños y los jóvenes. La reforma al Artículo Tercero Constitucional es una modificación a favor del derecho a aprender de todas y todos. ¿Qué sentido tiene que se den a conocer cifras que hablan de la cuadruplicación del programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) entre 2012 y 2017, si no se presenta evidencia alguna sobre el impacto concreto en el aprendizaje de quienes forman parte del programa? Este mismo ejercicio se repite con escuelas al CIEN, la formación docente, los libros de texto gratuitos, los programas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre otros. Acumulación de programas, pero omisión de referencia a los resultados exigibles.
2. Para la ciudadanía es difícil conocer cómo vamos cuando no se le dice qué se está buscando. El informe en materia educativa destaca por su ambigüedad a la hora de fijar metas claras en un lapso de tiempo específico.
“Capacitar” a 33 mil 115 maestros y directores en convivencia pacífica, ¿es mucho o es poco? En términos absolutos, estamos hablando de 3 % del número total de docentes. Contar con 21 mil 579 tutores “en función”, ¿es suficiente para el número de nuevos ingresados en los últimos dos años (por lo menos 50 mil)? ¿Tuvieron dos tutorados o sólo se atendió a la mitad? ¿A cuál mitad? ¿Por qué? Y ello sin contar con los profesores en servicio con resultado insuficiente en la evaluación de desempeño de 2015-2016 (casi 20 mil), que también debieran contar con ese apoyo según lo planeado.
3. La calidad de la información utilizada se caracteriza por su imprecisión. Existe información contradictoria, utilizada de manera indiscriminada en ocasiones distintas y con propósitos diversos. Incluso, en más de una ocasión se lee: “no se tiene el dato”, por ejemplo no está disponible el número de escuelas Telesecundarias beneficiadas con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en el ciclo escolar 2016-2017. (Pág. 308)
Si el gobierno de la República no tiene la información, ¡¿quién sí?!
Al hacer referencia al Programa Nacional de Inglés (PRONI) se lee: “Durante el ciclo escolar 2016-2017 fueron distribuidos 17 millones 724 mil 260 materiales”. Aunque más adelante se menciona: “durante el ciclo escolar 2016-2017 se distribuyeron 7 millones 827 mil 308 materiales”. ¿Cuál fue el dato correcto? ¿Qué incluye o no los materiales? ¿Son libros o también incluye grabaciones, carteles? ¿Quién cuantifica esto, para decir qué?
Sin duda, puede tratarse sólo de un error. La imprecisión también distorsiona, cuando –por ejemplo- se menciona que el número de personas que han participado en los “procesos de evaluación” en lo que va del ciclo escolar de 2014-2015 al 7 de agosto del 2017, alcanza la cifra de 1 millón 085 mil 369 personas,, pero sin hacer distingo alguno de qué tipo de condición docente se trata: ingreso al servicio, promoción, evaluación diagnóstica o de permanencia, y menos se aclara qué porcentaje representa el número de evaluados efectivos en contraste con los programados, una discrepancia que puede ser severa en el caso de la evaluación de permanencia.
La conquista de todo derecho humano es progresiva, esto es, exige el cumplimiento de más y mejores garantías. El dato por sí mismo impide conocer más sobre los resultados esperados a partir de la multiplicidad de acciones emprendidas. Es necesario establecer metas, y evaluar los programas y las políticas implementadas a la luz de ellas, para conocer si la cifra, porcentaje o indicador reportados nos dice algo más sobre el derecho a aprender de la niñez y juventud en México. Sin parámetro o meta, el número sólo cuenta de bulto, pero no es evaluación, y por lo tanto no es rendición de cuentas.
Cuantificar no es mejorar. Si lo que se desea es un genuino ejercicio de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, con el objetivo de asegurar el progreso en la garantía del derecho, no basta el montón de números. De lo contrario, ¿a qué otro propósito sirve un informe?
Que así sea.
Artículo publicado en Animal Político.
