El 25 de enero, para sorpresa de prácticamente todo el respetable (no tan sorpresa porque estamos viviendo un periodo electoral), el PRI de Veracruz, desde la legislatura local, lanzó un torpedo por debajo de la línea de flotación al buque de la reforma educativa. Lo hizo a despecho de lo que han sostenido tanto el gobierno federal como el partido citado y su precandidato a la presidencia, Meade.
La iniciativa del PRI veracruzano representado en la legislatura jarocha pega en el lado más sensible de la reforma que es la evaluación docente para permanecer en el empleo. Con esta postura da un viraje violento en el tema, viraje vigoroso y de fondo, viraje que, de prosperar en la cámara federal, destroncará la reforma educativa tal como la conocimos en el discurso. Llama la atención que diputados locales del PAN-PRD y Morena se unieran a la propuesta sin mayor visión crítica. Vieron la camioneta electoral del PRI y se treparon a la batea a la carrera cuando la camioneta ya se hallaba en movimiento, sin detenerse por sombreros caídos. Llama la atención otra cosa todavía más importante: el silencio de la SEP y el INEE en la Ciudad de México durante toda la semana posterior después de que se hizo pública la iniciativa.
La iniciativa salió a la luz el jueves 25 de enero. El martes 30 el secretario Otto Granados (SEP) seguía defendiendo la reforma sin reservas y sin descanso, como siempre lo ha hecho el gobierno. Dice el comunicado de la SEP No. 26 del 30 de enero: “La Reforma Educativa debe continuar, profundizarse y defenderse, dijo el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, quien explicó que el cambio cuenta con el apoyo del 64 por ciento de la población. En reunión con diputados del Partido Nueva Alianza, dijo que con la transformación educativa se dará vigencia al principio constitucional que mandata ofrecer educación de calidad. En el recinto legislativo de San Lázaro, Granados Roldán dijo que si la Reforma se trunca o revierte no se dañaría a ésta, sino a los niños de México”.
El comunicado de la SEP No. 30 del 31 de enero avisaba del apoyo total del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) a la reforma. Tiene el comunicado como encabezado lo siguiente: “Respaldan las autoridades educativas estatales profundización de la Reforma Educativa, para alcanzar educación de calidad”. Añade: “Las autoridades educativas estatales manifestaron su total apoyo a la profundización en la instrumentación de la Reforma Educativa, conscientes de que los mayores avances en beneficio del derecho a la educación de calidad para niños, niñas y jóvenes se darán en los próximos años”. Ese mismo día 31, ya entrada la tarde, la legislatura de Veracruz aprobó en el pleno, “por unanimidad”, la iniciativa de reforma al art. 3º constitucional en contradicción con lo que dicen el secretario y los comunicados de la SEP. Aprobada ya, durante los primeros días de febrero emprende su camino a la Ciudad de México. Cuando el lector lea estos párrafos debe ir, quizá, por Perote.
Una semana después no hay ni una palabra al respecto de parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Lleva tres comunicados en el año, ninguno que tenga que ver con la anulación de la evaluación docente que pretende la legislatura de Veracruz con el “apoyo unánime” de los partidos allí representados. En otros momentos la SEP (Chuayffet, Nuño) y el INEE (Schmelkes, Backhoff), por mucho menos que eso, saltaban al ruedo, rojos de indignación y de ira, apenas se tocaba con el pétalo de un cuestionamiento cualquier cosa que tuviese que ver con la evaluación docente y la reforma.
¿Señales encontradas? ¿Valores entendidos? ¿Estamos ante una operación de largo alcance encaminada a revertir la reforma en lo que más ha dañado al magisterio, la evaluación docente por su diseño y por su forma de aplicarse? Quizá el PRI se quiera adelantar para lograr cachar unos pocos votos de un magisterio indignado por la forma en que se le ha tratado en los últimos cinco años. Nosotros tenemos en nuestro poder datos de docentes agraviados por la reforma. La CNTE dice que hay 800 cesados. Hay 53 en Sonora. En Veracruz, en lo inmediato, tenemos en nuestro poder una lista de cinco nombres propios de docentes agremiados en la Sección 32 del SNTE, tres de ellos sin sueldo desde hace varios meses. Uno de estos últimos tres, que no tienen sueldo, es el autor de estos párrafos, crítico del procedimiento evaluador, golpeado severamente por la reforma a través de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Quizá nos diga la dirigencia que ahora no es el momento para necedades como defender los derechos sindicales de los trabajadores sino que es el momento de amarrar bien la candidatura por antonomasia. Quizá los cinco trabajadores resultemos regañados o pellizcados en el antebrazo como niños malcriados en tertulia de adultos pero lo debemos decir. La reforma educativa nos golpeó y tenemos el testimonio en carne propia y de primera mano, y ahora resulta que quienes la aplaudieron le quieren dar reversa.
La iniciativa veracruzana para reformar la reforma tiene como motivo lo electoral y raíces en el PRI y en el SNTE. Le seguiremos la pista al tema para ver hasta dónde llega. Veremos si queda en broma pesada derivada de un jueves de ocio o llega hasta las últimas consecuencias legislativas federales para desaparecer la evaluación docente para la permanencia del personal antiguo. Sea una cosa u otra es notoria la intención de quitarle votos a cierto candidato presidencial. Y ya sabemos a quién.