El fin de las escuelas de tiempo completo, ¿una muerte silenciosa?

¿Por qué una decisión unilateral y arbitraria sin el debido fundamento en un régimen donde hasta el hartazgo se habla de democracia participativa?
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En septiembre de 2020, advertía la serie de dificultades por las que trece programas educativos atravesarían en los siguientes años (Carro, 2021). Uno de ellos, de singular importancia para miles de padres de familia y alumnos, ha causado un creciente malestar en los últimos días producto de su inminente desaparición, me refiero al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

Tal osadía comenzó por esas fechas (2020), cuando se estipuló en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF21) que, este programa, ya no recibiría financiamiento en 2021, y así fue.

En enero de ese año (2021), Esteban Moctezuma (ex titular de la SEP), anunció a través de sus redes sociales que el PETC seguiría operando a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) pues, según él, tal acuerdo se había logrado de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de nuestro país (Profelandia.com, 2021), sin que en ello mediara una explicación de por qué el gobierno federal había tomado esa decisión, pero si justificó el que se integraría a LEEN, debido al malestar que se había gestado entre padres de familia, docentes y organizaciones civiles (El Universal, 2021) que veían diversas bondades desde su implementación.

Así transcurrió el 2021, con más incertidumbres que certezas porque, como es de nuestro conocimiento, el primer semestre del ciclo escolar 2021-2022 transcurrió entre regresos presenciales a las escuelas y la continuidad de modelos mixtos, híbridos o a distancia – que permitieran dar continuidad a los procesos formativos de los chicos – por los estragos en la salud de los seres humanos que fueron más que evidentes. Obviamente que, durante este tiempo, varias escuelas que operaron bajo el esquema, el de tiempo completo, al abrir sus puertas siguieron trabajando con la organización que las caracterizaba, otras tantas más, por las cuestiones de salud referidas, mantuvieron esa virtualidad o a distancia, pero, lo que hay que destacar, es que no dejaron de prestar sus servicios educativos, salvo los relacionados con los alimentos que en éstas se brindaban.

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Ahora bien, no hay que perder de vista que, otras tantas escuelas más dejaron de prestar este servicio desde enero de 2021, precisamente porque a los estados ya no “llegó” el recurso que les permitía operar; de hecho, desde 2020, hubo diversos adeudos que no se cubrieron al magisterio que brindó ese servicio educativo durante este año. Una muerte silenciosa que, en días pasados, se hizo pública con la emisión del Acuerdo 05/02/22 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, acuerdo que sustituyó al 26/01/21 que contenía los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra y en el que claramente se señalaba que dicho programa “incluía recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo”.

Tal acción, desde luego que provocó una serie de reacciones en cadena; padres de familia, docentes y organizaciones civiles, de nueva cuenta alzaron la voz, principalmente porque de la noche a la mañana, sin una debida valoración o revisión de lo que implicaba brindar este servicio educativo a miles de estudiantes, ya no aparecía en el Acuerdo 05/02/22.

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Al respecto, la profesora Delfina Gómez, ¿titular? de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en plena conferencia de prensa del presidente López Obrador, cuando fue cuestionada sobre este asunto refirió que, después de una valoración de las necesidades que presentan las escuelas del país, se determinó priorizar cuestiones básicas para su funcionamiento luego del regreso a clases presenciales… haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario ahorita, darles la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad y, por ello, la Escuela es Nuestra, ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para LEEN sea ocupado para esa situación (Profelandia.com, 2021). ¿Cuál es la valoración a la que se refiere la profesora y Secretaria de Educación?, ¿qué tipo de necesidades fueron detectadas y en cuántas escuelas se hizo este ejercicio valorativo? ¿quién realizó esta valoración y qué metodología empleó para este propósito?, ¿cuáles fueron sus resultados y dónde se pueden consultar? Peor aún, ¿qué elementos de esa valoración y de esas necesidades permitieron sustentar la desaparición de un programa que, por donde quiera que se mire, favorecía a diversos sectores de la población?, ¿por qué en un país donde las consultas han sido el sello distintivo de un gobierno, solo son aplicables cuando así convienen a ciertos intereses y en otros no?, ¿por qué una decisión unilateral y arbitraria sin el debido fundamento en un régimen donde hasta el hartazgo se habla de democracia participativa?

En este sentido no debemos confundirnos, que los objetivos del LEEN y los del PETC son claramente diferentes; con esto no quiero decir que priorizar el tema de mejorar la infraestructura educativa no sea importante, desde luego que lo es, como también lo es, el que miles de alumnos y padres de familia puedan acceder a servicios educativos que favorezcan su desarrollo a través de talleres, proyectos u otras estrategias de aprendizaje, así como también, de la ingesta de un alimento que, aunque pareciera que no es fundamental, para cientos de familias cuyos recursos son limitados sí es indispensable; vaya, el conjunto de estas cuestiones es lo que significaba las escuelas de tiempo completo. Aquí cobra sentido lo que una madre de familia expresaba sobre este tema, en estos días, durante una entrevista que trasmitieron en algún canal televisivo: vivimos en una sociedad que demanda personas preparadas, pero sin que a las familias se les dé la posibilidad de acceder a un servicio que apoye, tanto a alumnos como a padres de familia. ¿Primero los pobres entonces?

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En el momento en que cierro estas líneas, leo con inmensa preocupación el que, al menos,13 estados del país tomaron la iniciativa de mantener el PETC con recursos propios (Lugo y Zárate, 2022), más que por un pesimismo empedernido, por un falta de claridad en cuanto a la obtención de esos recursos para mantener vigente el programa, también, por conocer qué reglas de operación habrán de hacerlo funcionar si las actuales ya desaparecieron, qué instancias habrán de realizar constantes auditorías para transparentar tales recursos y qué programa educativo habrán de seguir los maestros porque los actuales también han desaparecido. ¿Acaso la SEP, a partir de este momento, transferirá la “rectoría” de la educación a los estados?

Cierto, hay voces que señalan que el PETC se convirtió en la “caja chica” de algunos gobiernos y/o Secretarías de Educación; cierto, hay voces que señalan que, con el paso del tiempo, este programa fua acumulando diversos problemas en las escuelas producto de la falta de seguimiento y evaluación por parte de las autoridades educativas, pero también, por una paupérrima capacitación al profesorado; sin embargo, en medio de este asunto yo me pregunto: ¿qué responsabilidad tuvieron los niños, niñas, adolescentes y padres de familia para que de tajo lo hayan desaparecido?

En fin: ¿qué hubiera pasado con este asunto si no estuviera una profesora al frente de la SEP?

Al tiempo.

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