* Pablo Velázquez.
Actualmente, los indicadores educativos oficiales agrupan datos sobre asistencia, avance escolar y apoyos gubernamentales, por ejemplo: ¿Cuántos niños asisten a la escuela? ¿Cuántos abandonaron la escuela el ciclo escolar pasado? ¿Cuántas becas se otorgaron en educación básica? ¿Cuántas en media superior? Todos estos indicadores son necesarios y son un primer paso para evaluar la observancia del derecho a aprender, sin embargo, no debemos olvidar que lo más importante no es que vayan a la escuela, sino que estén presentes en la misma para aprender. Por tanto, para valorar el avance en el cumplimiento del derecho a aprender, debemos contar con una herramienta que nos diga qué tanto aprenden nuestras niñas y niños en la escuela.
Por ello, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) diseñó el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), el cual, en pocas palabras, se trata de una evaluación al finalizar la educación primaria, secundaria y media superior para apreciar qué tanto nuestros alumnos aprenden lo que en un principio debieran aprender. La primera evaluación a los alumnos en las escuelas se realizó en 2015 a cargo de la Secretaría de Educación Pública y en coordinación con las autoridades educativas locales. Este 2016, se llevó a cabo un operativo distinto, dejando la aplicación y revisión de la prueba en manos del personal docente de la escuela, lo que provocó una falta de comparabilidad entre los resultados del año pasado con los de éste.
El derecho a aprender es ejercido por cada una de las personas, no por una escuela y mucho menos, por un sistema educativo. El hecho de que se evalúe qué tanto aprenden, en promedio, los niños de México es positivo; sin embargo, el ejercicio del derecho debe ser evaluado en términos de cada individuo. En 2015, participaron 77,125 escuelas de nivel primaria en Planea a nivel nacional, traducido en una cobertura de 77.9% del total de escuelas. Si analizamos por tipo de servicio, notamos que casi todas las escuelas privadas (95.6%) participaron en esta prueba; sin embargo, solamente 2 de cada 10 escuelas comunitarias en México hicieron lo propio.
En el nivel de secundaria, la situación es relativamente mejor, aunque todavía existen alumnos que no conocen qué tanto están ejerciendo su derecho a aprender. Por ejemplo, en 2016 se evaluaron 31,339 escuelas secundarias en Planea, una cobertura de 82.4% del total de escuelas secundarias. Mientras que la gran mayoría de las secundarias privadas participaron (95.2%), 1 de cada 4 telesecundarias públicas no fueron involucradas en este ejercicio y, por tanto, sus alumnos no cuentan con una evaluación externa que les ayude a entender qué tanto aprenden.
La canción popular “La víbora de la mar” cuenta que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Algo similar vivimos en el mundo de la evaluación educativa en México. Se evalúan los resultados de las personas en condiciones socioeconómicas menos frágiles, las de la zona urbana. Estas evaluaciones, a su vez, les permiten identificar errores, corregirlos y mejorar. En cambio, las escuelas en condiciones frágiles no cuentan con dicha información, dejándolas en un estado de oscurantismo.
Reiteramos que el derecho a aprender es de cada individuo y, por tanto, debiera ser evaluado a ese nivel. A los hacedores de política pública les interesa el resultado escolar, el promedio de los Estados, las estadísticas agrupadas por género. A los niños y a sus familias nos interesa conocer qué tanto aprendimos en la escuela y en dónde podemos ser mejor. Asimismo, las familias y la propia sociedad podemos estar enterados de qué habilidades no están siendo desarrolladas suficientemente en las escuelas y abogar para que el sistema educativo atienda dichas deficiencias.
En el Presupuesto de Egresos 2017, la partida presupuestal denominada “evaluación de los aprendizajes” sufre una reducción de 29%, al caer de 282 millones de pesos a 198 millones. Dicha reducción pone en vilo la aplicación adecuada y en tiempo de la prueba Planea en las escuelas. No es un asunto menor: para que la evaluación y sus resultados sean robustos y comparables es necesario llevar a cabo un operativo específico que involucra capacitación a aplicadores, escrutinio objetivo de los resultados y recolección de las pruebas de acuerdo con la normativa. Sin estas condiciones, los resultados no nos permiten conocer si todos y cada uno de nuestras niñas y niños aprendan y qué políticas públicas ayudaron con esto.
Los promedios y niveles de desempeño a nivel nacional pueden no cambiar significativamente de un año a otro, pero cada individuo tiene derecho a conocer qué tanto está ejerciendo su derecho a aprender. Seguiremos exigiendo que la prueba no sea opcional ni que su aplicación sea a discreción de la autoridad educativa. Es un derecho y como tal, debemos exigir su cumplimiento.
* Investigador en Mexicanos Primero.
