En la democracia contemporánea y en la situación actual de México, hay divisiones y divisiones. Hay divisiones a superar y hay divisiones a defender.
Una división lamentable está en la exclusión que el sistema escolar enfrenta. Hay un abismo entre las oportunidades de niñas y niños de clase media en Mérida o el centro y sur de la Ciudad de México, con respecto de sus coetáneos en la sierra de Tlapa en Guerrero o en la zona conurbada de Valle de Chalco.
Hay situaciones admirables que rompen el “techo de cristal”, el límite no tan visible pero sí muy efectivo que mantiene escuelas pobres para pobres, escuelas en las que la infraestructura es un decir o la carga multigrado no es vista como riqueza; escuelas en las que ser mujer, indígena, tener una condición de discapacidad, sufrir violencia familiar o desplazamiento –o todas las anteriores– son elementos que acumulan exclusión.
A veces el techo de cristal se rompe y las chicas y chicos crecen y salen de lo previsto por su contexto. En ocasiones se da un proceso especialmente valioso y admirable, en el cual la familia y los profes facilitan el abrirse al mundo, insertarse en ambientes diferentes al origen, seguir estudiando y trabajando, y luego regresar a transformar el propio lugar de nacimiento.
Pero en muchos casos el límite se impone: la división no se cierra, la brecha no se acorta. Niñas y niños se quedan sin desencadenar su potencial, repiten la historia de limitación que sufrieron sus padres y abuelos, actualizada a los apremios de una sociedad consumista, depredadora de la ecología y orientada a acabar con el discernimiento personal. Esta división –que ocurre incluso no sólo entre escuelas, sino dentro de cada escuela– puede y debe superarse, y redistribuirse las oportunidades, los ingresos y el sentido de propósito para cada persona, con toda la fuerza y magnitud del colectivo que somos como país.
No vamos a avanzar mucho si esa división se repite y se fija en la percepción pública, con una visión patriarcal, asistencialista y generadora de lealtades políticas: la división entre los vulnerables que son objeto de asistencia y de transferencias de dinero sin instituciones intermediarias, y la de los privilegiados que deben dejar de interferir en la tarea de gobierno cuando hacen estudios de política pública, impulsan el escrutinio ciudadano y recurren al Poder Judicial para que se examine el proceder de la autoridad. La división a superar, la brecha entre lo que corresponde al derecho humano y lo que se vive en la realidad, debe romperse.
Y ahora hablemos de las divisiones a defender. Una primera y principal para la vida de la comunidad es la división de poderes en la democracia. Ha sido lamentable el deterioro de la conversación pública con el proceso de las leyes secundarias en materia educativa. En la creación del nuevo Artículo Tercero de la Constitución se condensó una participación muy amplia y plural: los foros, la consulta en línea, el parlamento abierto, los consensos trabajados con fatiga entre las distintas fuerzas, la atención a colegios profesionales, organizaciones de sociedad civil y liderazgos de expresiones sindicales del magisterio.
Sin embargo, ese excelente prólogo a un Acuerdo Educativo Nacional que es el Tercero, se fue deteriorando a los golpes de ocurrencia y de asumir –al menos en la retórica– la narrativa de la cúpula sindical ahora favorita, la Coordinadora. Con gran desparpajo, el presidente dice que a él fue a quien se le ocurrió la idea de que hubiese pase automático. Adela Piña y otros legisladores, los funcionarios de la SEP, todo el grupo gobernante hace malabares para justificar que no es automático, sin reconocer la conexión entre el artículo 35 y los artículos 39 y 40.
En fin, que es claro que la mayoría en las cámaras ya no sigue las reglas y las formas: cancelaron el parlamento abierto para las tres leyes, hicieron dictámenes exprés para subirlos al pleno, no admitieron reservas de los demás partidos que no son sus aliados. Alguno lo dijo con cierta sorna: “somos la bancada del Presidente”.
Cuando el Legislativo es instrumento del Ejecutivo, cuando el Judicial teme o se pliega ante el avasallamiento del gobierno federal, cuando los gobiernos estatales son amenazados con el recorte al presupuesto, cuando los organismos autónomos -un minuto de silencio por el fallecido INEE- son acosados y se busca deteriorar su prestigio para que no sean freno a las ocurrencias, tenemos que estar alertas.
Es importante la pluralidad y la divergencia para crecer, pero con un marco en el que ningún actor monopoliza los permisos, los frenos y los espacios. Si el Legislativo –o más claramente, si Morena y sus aliados- no le dan importancia a la inconstitucionalidad de lo que aprueban, aunque se dan cuenta de ello, y dejan a la deriva de la defensa individual por el amparo o la resistencia con una acción de inconstitucionalidad, queda claro que no representan a quienes votaron por ellos, sino a su líder en la Presidencia, quien así los instruye. Hay que prender las alarmas.
Es hora de formar una bancada a favor de la educación, a favor del derecho de niñas y niños a aprender. Están sub-representados, a pesar de ser, si juntamos a los jóvenes, la mitad de los mexicanos. La mitad más pobre, la mitad con menos derechos en ejercicio, la mitad con menos voz, con menos conectes, con menos agencia. Se requiere de la división de poderes, y de un Legislativo digno y suficiente, así como de un Judicial valiente y con aplomo. Y desde la sociedad civil saber que el privilegio que tenemos –ejercer nuestra libertad de asociación, de expresión, de conciencia y nuestro derecho de participación- nos compromete a asegurar que esos mismos derechos serán ampliados y no recortados para los más jóvenes. Para evitar la primera división, la de oportunidades, es necesario defender la segunda, la de poderes y funciones.
