El Gobierno federal reconoció que la exigencia central de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para abrogar por completo la Ley del ISSSTE de 2007 enfrenta, por ahora, una imposibilidad financiera.
Y es que aseguró que revertir esa reforma requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
A través del Comunicado Conjunto número 9, emitido por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, sostuvo que la reforma impulsada en 2007 fue “una medida profundamente injusta para los trabajadores al servicio del Estado“, pero señaló que su derogación total “resulta en estos momentos muy difícil lograrlo“, debido al enorme costo presupuestal que implicaría.
Por ello, en lugar de eliminar la legislación vigente, el Gobierno propuso fortalecer a PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, con el objetivo de consolidar una opción “100 por ciento pública” dentro del sistema de cuentas individuales y evitar que las aportaciones de los trabajadores se canalicen a instituciones financieras privadas.
El comunicado destaca además que el Fondo de Pensiones para el Bienestar funcionaría como un mecanismo complementario para que los trabajadores puedan recibir una pensión cercana a su último salario como empleados activos.
Sin embargo, la postura oficial representa un choque con una de las principales demandas de la CNTE, que desde el inicio de su paro nacional mantiene como condición inamovible la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al esquema solidario de pensiones.
Lo anterior debido a que fue una promesa se campaña de la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El magisterio disidente rechaza que el fortalecimiento de PENSIONISSSTE sustituya esa exigencia.
Cabe señalar que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que los maestros “ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones” y reiteró el llamado a concluir las movilizaciones para evitar mayores afectaciones al cierre del ciclo escolar y a las actividades económicas del Centro Histórico de la Ciudad de México.