Desde hace una década, cada vez son más los mexicanos que regresan a nuestra patria que los que salen. Es previsible que esta tendencia continuará en los siguientes años. Se trata de personas valiosas para nuestra nación. Son mujeres y hombres que han demostrado su espíritu incansable de superación; su compromiso permanente con sus seres queridos y comunidades; y, sobre todo, su gran amor a México.
Durante 2016, de los casi 220 mil mexicanos repatriados, poco más de la mitad eran adultos que no habían terminado la educación básica, uno de cada tres no había completado la educación media superior y uno de cada diez no había terminado la educación superior. Como gobierno, nuestro compromiso es garantizar que su reintegración a la vida nacional se realice con pleno respeto a sus derechos humanos y que cuenten con oportunidades efectivas para su desarrollo personal y familiar. Debemos asegurarles, entre otras cosas, lo que he llamado “eficacia gubernamental”.
Por eso, decidimos agilizar el procedimiento para completar su educación y la revalidación de los estudios que hayan realizado en el extranjero, para que concluyan su formación académica y consigan un buen trabajo. También nos aseguraremos de que las hijas e hijos de estas familias puedan incorporarse sin dificultades a nuestras escuelas públicas y continuar su proyecto educativo.
Con el fin de avanzar rápidamente en estos propósitos, a principios de febrero envié al Congreso de la Unión una iniciativa preferente, para realizar diversas modificaciones a la Ley General de Educación. En tan sólo 44 días, la iniciativa en favor de los estudiantes que vuelven a México fue analizada, enriquecida y aprobada por el Congreso de la Unión.
Estos cambios legales se reflejarán en importantes beneficios para los estudiantes. En primer lugar, será más sencillo el proceso de revalidación de estudios, al quitarse trabas y barreras burocráticas. Se eliminarán requisitos como la apostilla, las traducciones oficiales y los antecedentes académicos, evitando la pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos para los estudiantes y sus familias. También se simplificará la revalidación de profesiones reguladas, como la carrera de Derecho; mientras que las profesiones no reguladas podrán revalidarse de forma casi automática.
En segundo lugar, se facilitará el ingreso de los estudiantes al Sistema Educativo Nacional bajo un principio de confianza, aun cuando carezcan de documentos académicos o de identidad. El objetivo es asegurar la movilidad de los alumnos que deseen seguir estudiando en todo el país, desde el preescolar hasta la universidad, así como mejorar la coordinación entre todas las autoridades educativas.
Una vez concluido el proceso legislativo, lo que sigue ahora es avanzar en la operación y la normatividad. Lo haremos con el mismo espíritu de unidad y el mismo sentido de urgencia, con los que esta iniciativa fue procesada en el Congreso. Por eso he dado seis indicaciones al secretario de Educación Pública.
La primera es fortalecer las acciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en las Plazas Comunitarias ubicadas en México y en Estados Unidos, para que sus beneficiarios completen la educación primaria y secundaria. El 90% de quienes regresan son adultos, por lo que la mayor demanda recaerá en el INEA.
En segundo lugar, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se instalarán Módulos Educativos en los 11 puntos de repatriación de la frontera norte y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para difundir la oferta educativa de la SEP.
La tercera es implementar un programa especial para los niños y jóvenes que vuelven y que no dominan el idioma español.
La cuarta indicación es impulsar un programa especial para la capacitación y certificación de competencias laborales, en beneficio de los migrantes que retornan.
En quinto lugar, se aprovecharán los conocimientos de inglés de quienes regresan, a fin de que apoyen la enseñanza de ese idioma en nuestro Sistema Educativo.
Y, finalmente, la sexta es emitir, lo más pronto posible, los lineamientos para hacer operativa esta reforma legal.
Los mexicanos en el exterior no están solos. Seguiremos utilizando todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos a nuestro alcance, para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad.
Y seguiremos construyendo aquí, en su tierra, más oportunidades de superación para todos. Nada ni nadie debe impedir el derecho de los mexicanos a una educación que transforme su vida y les abra la oportunidad de construir un mejor futuro.
Fue publicado en El Universal
