Es bastante típico, en nuestra imperfecta democracia, el comentario amargo de los funcionarios del sistema educativo que dicen: “ustedes, desde la sociedad civil –o desde la academia– critican, pero no proponen”. Además de lo distorsionado que la expresión delata en términos de la rendición de cuentas que corresponde a los servidores públicos, en general se omite convenientemente que la demanda –mediática, en forma de papers de publicaciones internacionales indexadas, o incluso la solidez de una demanda como es derecho de los ciudadanos en el orden constitucional– es ella misma fundada en investigación, y que distraer el asunto en términos de ‘ataque’ y no de corrección, denota una falta de madurez política, social y cultural.
Pero entrando en materia, el punto ahora es la exigencia de respuestas, y de corrección urgente, al despojo concreto que representa privar de alimentación en las escuelas y de la jornada ampliada en la educación básica pública de México. Sí hay corrección posible, y la SEP está en condiciones –tiene atribuciones legales y presupuesto– para remediar una decisión que con justa razón ha sido repudiada por las propias comunidades escolares –las familias, los docentes, los directivos, los mismos niñas y niños afectados– y que ha merecido el llamado a revisión por parte de las comisiones de Derechos Humanos, las cámaras del Congreso de la Unión y por un sinnúmero de ciudadanas y ciudadanos.
¿Cómo puede resolverse el asunto? Con un acuerdo modificatorio que reintegre los componentes de ampliación de jornada y de alimentación en las escuelas, armonizada con la inversión en infraestructura, en el Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN). El PLENN recibió aprobación de los diputados federales para manejar una bolsa de 14 mil millones de pesos. Distribuirlo entre los tres componentes requiere de ajustes técnicos a las reglas de operación, pero no hay ningún obstáculo legal o presupuestario para hacerlo. Si quieren, pueden. La soberanía reside en el pueblo, como sostiene nuestra Constitución y la opción histórica de México como República, y con instrumentos legales los ciudadanos les dimos los mandatos y las reglas, los cauces y los límites a los funcionarios. Esta modificación, y la sustitución del acuerdo de marras en una nueva versión ajustada, para un ciclo fiscal de transición en espera de un diseño más cuidado y fortalecido, sí es factible.
En términos presupuestales, si se quiere dotar de recursos para enfrentar la inversión de los alimentos y las compensaciones a los maestros, hay una variedad de fondos disponibles. Hay una partida para subsidios, la U080, que se puede destinar a ello; no se debe olvidar que se determinó un impuesto a las bebidas azucaradas para justamente –así fue la justificación– destinarlo a los planteles de educación pública, y que para este año fiscal fue estimado por la propia Secretaría de Hacienda en más de 30 mil millones de pesos. En todo caso, se puede mantener la lógica de que “sin intermediarios” –como ha sido la consigna– las representaciones de las familias puedan vigilar la aplicación de los recursos escuela por escuela. Obviamente implica que la focalización y la estructura de apoyo que hagan la SEP y los gobiernos estatales respondan a reglas de operación que marquen las exigencias de eficacia, transparencia, oportunidad y dispersión oportuna.
Para que no se trate de una solución atinada pero abstracta, nos dimos a la tarea de ponerla por escrito en todos los formatos que le corresponden a un acuerdo secretarial que pueda ser revisado en su impacto regulatorio y publicado en el Diario Oficial de la Federación, para su plena vigencia y certeza jurídica. Las más de noventa páginas de esa propuesta ya fueron entregadas con acuse de recibo en la oficialía de partes de la SEP, lo mismo que compartida a los representantes populares que presiden la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Obra en su poder, y se acompaña de una petición, que protege el artículo octavo constitucional, de considerarla.
Las niñas y niños, sus familias y docentes, merecen que el ajuste sea rápido y sólido. Si se está estudiando porque “no se va a desaparecer, sino que se está estudiando para que no haya intermediación y corrupción”, pues entonces ahí hay material concreto para hacerlo. Si ya es muy cuestionable que se extinga la garantía de un derecho –de dos: alimentación y educación con equidad– sin haber previsto antes cómo sustituirlo adecuadamente en la realidad, es realmente inaceptable que, una vez evidenciada una omisión tan grave, que afecta a millones de los más desprotegidos, se pueda desdeñar entrar a propuestas de solución efectiva. Se le suele llamar “voluntad política”; es elemental congruencia para que los funcionarios puedan decir que de verdad valoran el interés superior de la niñez. Crítica, pero con propuesta; ahí está. El tiempo apremia.
