Cuando se trabaja en política pública educativa hay que atender a una multitud de frentes: es algo que exige solidez académica, consistencia política, solvencia intelectual, congruencia ética.
No está nada sencillo, porque la confluencia de factores no es tan común como sería deseable. Todos arrastramos sesgos, puntos ciegos, taras que tienen que ver con nuestro origen y aspiraciones, a veces no tan ajustadas. Incluso con enorme buena voluntad no es fácil coincidir, o ver el punto que el otro actor o sector quiere subrayar.
Los gobiernos tienen dificultad con atenerse al conocimiento experto, y tienden en la práctica a confundir lo grandioso con lo grandote, y a privilegiar la ocurrencia sobre la evidencia. Ni hablar de cuando la ambición, la soberbia y la auto-referencia del caudillo –de todos los colores y partidos- le permite una comprensión superior que nos hace enemigos a todos los que hallamos fallas de diseño, de lógica o de implementación.
Las fundaciones corporativas les encanta contribuir en educación en todo aquello que no cause fricción con las autoridades y puedan exponer como grandes logros a sus consejos, con hermosos reportes anuales llenos de caritas, gráficas y numerotes con los cientos de miles de niños beneficiados que no saben que son así reportados. La evaluación de impacto de sus intervenciones, y la posibilidad que se desprendan de la filantropía y se queden instaladas como prácticas del sistema, es poco frecuente; incluso, cuando hay la generosidad de las fundaciones en entregar el saber hacer, y la humildad e inteligencia de los equipos oficiales para recibir y asumir, se puede perder todo en un cambio de sexenio y hasta de titular de unidad.
Los sindicatos (ojo: las estructuras y dirigencias sindicales, no los maestros afiliados) han evolucionado en forma lenta y dispareja para aportar a la política pública; les encantó llenarse la boca por décadas de que estaban “interesados en su materia de trabajo” –como si hablaran de plastilina- pero a la hora buena salían a buscar intelectuales e investigadores educativos a donde los hallaran y les alcanzara el dinero de consultoría pagada y mercenaria, porque claramente no había nadie en los cuadros mayores que supiera redactar una cuartilla con decoro y elocuencia.
Las organizaciones de sociedad civil fácilmente se auto-atribuyen un papel determinante que sólo en su imaginación tienen, y se dicen autores de cambios estructurales que en la realidad se prepararon por años y son efectos multifactoriales, desde una diversidad de actores. En su demanda fácilmente pueden –podemos- caer en cargar las tintas y con inflamado verbo, con palabrotas ajenas a la cultura pedagógica nacional como “incentivos”, “capital humano”, “diseño instruccional” (y ahora “clubes”, el término menos afortunado de cuantos hubiera), ponernos a exigir perentoriamente lo que sólo puede pasar por vía de un trabajo moroso, cuidadoso y delicado, con reto sí, pero también con empatía, respeto y reconocimiento.
Hay días en que el debate educativo acaba en “empatados a cero”, aunque en realidad todos perdemos. A los profesores les gana el dolor tribal, y exigen que todos los que escribimos de educación vayamos a una escuela de la sierra, con niños desnutridos, en arreglo multigrado, nos paguen 7,200 pesos y entonces, sólo entonces, nos atrevamos a escribir sobre la profesión docente. Tenemos que presentar nuestro certificado de “pureza de sangre”: uno tiene que haber sufrido mucho, mucho, y haber pasado por la escuela pública, si es que pretende tener cierta autoridad en la propuesta de mejora; el argumento qué, eso importa menos… o eres de la prole o tu pensamiento burgués nos quiere someter y tener mano de obra barata calificada, educación bancaria es lo que propones y además –así me han dicho- ni lo entiendes porque nunca has leído a Freire.
Neoliberal, fifí, al servicio del Fondo Monetario Internacional, nos acusan de lucrar con las escuelas y no pagar impuestos. En su arrebato justiciero, no puedo dejar de repetir la anécdota de que alguno me motejó: “Seguro eres economista del ITAM, y estudiaste en Chicago”. Y no, la verdad es que estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, rasposa y combativa, y luego en la roja Florencia de tradición hereje, respondona y antifascista. De tanto en tanto debo alegar a mi favor, en conferencias, diálogos en universidades y en las redes sociales que fui orgullosamente instructor comunitario de CONAFE, que organicé servicios educativos para campos de desplazados por la violencia, en concentraciones de inmigrantes detenidos y en prisiones para delitos de alto impacto; que sí di clase de 50 minutos, una tras otra, en secundaria, y que me tocó acompañar para el “apoyo a la educación regular” a niñas y niños con barreras para el aprendizaje.
Y después de todo eso, busco regresarle su responsabilidad a mi interlocutor, para decirle que si lo que propongo, estudio o demuestro tiene fundamento, nada pasaría si el que lo dice fuera economista del ITAM posgraduado en Chicago. Descalificar desde el prejuicio es escupir al cielo y autodenigrarse.
Cuando estamos en mundo de Trumps y Bolsonaros, de Maduros y Dutertes, de descalificación vulgar, jaurías en las redes, ofensa gratuita, tenemos que hacerle doble nudo a nuestros prejuicios, y rechazar con firmeza pero sin nueva agresión las descalificaciones. Si el sentido de la educación es preparase a participar participando (que eso es lo que debiera pasar todos los días en el aula y en el patio de cada escuela), es un contrasentido negarse a que participen todas y todos, desde todas las experiencias y corrientes. Así que me auguro que las próximas semanas, aunque haya discusiones candentes sobre el estatuto docente, la escuela que queremos o un órgano autónomo que nos dé datos confiables, sepamos escuchar y reconozcamos en el otro un otro yo. Sólo si se supera el prejuicio, sólo si hay manera de formar un “nosotros” tendrá sentido el esfuerzo educativo en México.
