Hace cinco años, en febrero de 2013, se echó a andar la reforma educativa desde la plataforma feliz del Pacto por México que agrupaba al PRI, al PAN y al PRD. Su instrumentación estuvo plena de símbolos. El día 25 se anunció y entró en vigor el día 26, mismo día que fue el de la aprehensión de la lideresa nacional de la central magisterial más grande del país. Para operar la reforma educativa se echó mano de otro simbolismo: no se puso al frente de ella y de la SEP a un pedagogo posgraduado sino a un político que tenía diferencias personales insalvables con la exlideresa detenida.
Para el docente, el ángulo más importante de la reforma es la Ley General del Servicio Profesional Docente. Su administración quedó a cargo de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Al frente de ella no se puso tampoco a un didáctico posgraduado sino a un administrador de plazas, ahora ya relevado del cargo. Desde que al frente de la reforma, y de su rostro menos amable, la ley docente, no quedaron ni un didáctico ni un pedagogo sino a un administrador y a un político de mano dura se sabía que la reforma educativa era más una reforma laboral que cualquier otra cosa. Este hecho ha sido reconocido por diversos actores políticos gubernamentales.
Así, hace cinco años, al magisterio se le arrebató el benévolo paraguas que era la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y se le trasladó maniatado, de bruces, en furgones sindicales, a un ghetto jurídico a la intemperie que es el reformado artículo tercero constitucional. A cinco años de su creación la reforma educativa tiene una aprobación del 64 % dijo el titular de la SEP, Granados, el 20 de febrero en Monterrey, porcentaje que se nos antoja raquítico por ser la estrella más rutilante de las reformas estructurales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado un dictamen lapidario a propósito de la reforma en este febrero de 2018, duro dictamen que congela las sonrisas del oficialismo: la reforma no ha servido para mejorar la educación mexicana. Esos son dos de sus saldos oficiales. ¿Para qué agregar algo?
En el horizonte político nacional no hay partido político alguno que pretenda echarla abajo. Lo indica un balance de las iniciativas legales o políticas más recientes anunciadas contra de la reforma. No perdamos de vista que el tema principal a debate es la evaluación docente para efectos de permanencia, el tema más sensible para el quehacer diario del docente. En enero de 2017 el grupo legislativo de Morena en la legislatura veracruzana pretendió eliminar la evaluación docente y los ceses mediante el acto mágico de borrar los artículos 53, y 8 y 9 transitorios de la ley docente. En la consideración XVII se llegó a llamar a los ceses “un acto vil”. El tema lo tocamos en este espacio hace un año, febrero de 2017, en una nota titulada Los ceses docentes: ¿un acto vil? Unos días después, ¿coincidencia?, el 14 de febrero le tocaría al autor de estos párrafos su propio cese con documentada (escrita) complicidad sindical; 24 quincenas después seguimos esperando una solución que tarde o temprano llegará.
En enero de 2017 a Morena lo apoyó el PRI. En enero de 2018 al PRI lo apoya Morena. Estamos observando, no crean que no nos damos cuenta del juego en el que todo queda en nada. En la última semana de enero de enero de 2018 el PRI veracruzano, en voz de su bancada en la legislatura local, operó una iniciativa de reforma constitucional que pretendía eliminar para siempre la evaluación docente para efectos de permanencia como lo hizo Morena un año atrás. No sabemos hasta hoy si la bancada del PRI amaneció ese día de mal humor y, con jaqueca, decidió desquitarse desapareciendo la evaluación para siempre, o amaneció de un humor excelente y decidió jugar una broma al magisterio en mal momento: en temporada electoral, con consecuencias en las urnas.
El 10 de febrero se firmaron en Zacatecas unos acuerdos que no desafían la existencia de la reforma educativa. Hay en ellos el compromiso de presentar una iniciativa para reformar algunas áreas de la ley docente, no se sabe bien cuáles. El compromiso es presentar la iniciativa, ojo, no se habla de hacerla triunfar. El día 12 hubo el congreso nacional del SNTE. No sabemos si el tema de la reforma educativa y el de la vigencia o desaparición de la evaluación docente para la permanencia fue o no un tema debatido, pero cuatro días después de Puerto Vallarta, en un comunicado nacional del SNTE fechado en la Ciudad de México el día 16, el tema no fue siquiera mencionado. Por esas ausencias conceptuales es que el magisterio se anota en la oferta electoral que sí toca el tema, la exitosa oferta presidencial de Morena, con todo y sus inconsecuencias. Cuando hace unas horas, el 22 de febrero, se supo de la toma de nota federal en favor del SNTE supimos que este sindicato se propone relanzar un plan de trabajo “respetando la normatividad”. Relanzar al sindicato “respetando la normatividad” implica que la central magisterial más grande del país no se moverá contra la reforma educativa.
El balance final es el siguiente: la aprobación de la reforma es baja (64%, SEP), no ha servido para mejorar la educación (ASF), Morena y el SNTE no harán movimientos de fondo contra ella; el PRI legislativo de Veracruz en Xalapa dejó en broma ociosa su iniciativa de enero de 2018. Recupero a M.L. Puga bajo paráfrasis: los diputados del PRI en la legislatura de Veracruz nos dieron muestra de lo extrañas que pueden ser las interminables posibilidades del ocio. Corrigiendo lo que apuntamos aquí hace poco (La reforma educativa contra la pared), podemos concluir que, al parecer, la reforma educativa cumplirá muchos años independientemente de quién triunfe el primero de julio en las elecciones presidenciales. Pero ahora cumple cinco años de vida. Queremos pastel.
