Categoría: Opinión

“Son 39 222 que no sabemos dónde están”, asegura Emilio Chuayffet  en referencia a  los  maestros que, según el censo escolar del INEGI, no se encuentran en sus centros de trabajo.

Fantasmas o aviadores, el caso es que el dato revelado  cuenta el terrible  desaseo  del sistema educativo mexicano.

Tamaño problema es el resultado del  abandono en el que a través los  sexenios fue empantanada  la educación, que poco ha importado a quienes comandan las políticas públicas del País.

A eso sume el lector los treinta mil comisionados que por increíble que parezca, no se sabe cuántos son de la SEP y cuantos están asignados a  los sindicatos.

El censo escolar sin duda es un ejercicio sin precedentes.  Eleva nuevamente el debate y sube a tarima  otra serie de cuestionamientos  a un sector estratégico para  el desarrollo del País.

Hay que ser cautelosos con la autoridad de los datos que el INEGI revela, pues el sector educativo no tiene nada de distinto a los demás sectores que forman parte de la monstruosa burocracia que hizo raíces en México.

Para nada hay que rasgarse la vestiduras ante las cifras de aviadores y comisionados pues el abuso está en el sistema  engendrado por la insaciable clase política que se ha  beneficiado y sigue beneficiándose del erario público cual posesión suya y solo suya.

Sin embargo, hay que actuar ya.   No debe quedar el trabajo del INEGI como un mero ejercicio estadístico.   Craso error si así sucede.

Hay que ir a las acciones y poner orden a  la  sangría que representa pagar a quien ni siquiera se sabe dónde está.

Además, se debe conocer exactamente dónde están esos comisionados.    Es un dato importante porque la ley del servicio profesional docente no deja lugar a dudas respecto a las implicaciones que tiene un trabajador si no está dentro del servicio docente.

Es importante saber si éstos comisionados cargarán o no con el peso de la ley docente.

Pero más allá de los número y las cifras están los nombres.

Necesario saber quiénes son los aviadores y quiénes los comisionados,   desde cuándo  merman  el presupuesto educativo  y quiénes lo han permitido.

La pregunta es:  ¿lo sabremos?

Indignante proceder de los gorilas (animales al fin) que protegen al intolerante Gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez.

A rastras y de manera humillante,  sacaron a un profesor del foro educativo realizado en la ciudad de Villahermosa por el “terrible delito” de  elevar una protesta más en contra de la inmaculada  reforma educativa.

El maestro vejado por los guaruras del Gobernador, llegó al foro procedente del Estado de Yucatán.

Se llama Agustín Wittman Lavalle y al igual que muchos profesores del País, no está de acuerdo con la reforma educativa del Gobierno Federal.

Sin embargo, el profesor tuvo  la mala ocurrencia  de protestar  en Tabasco, un estado que poco a poco se prueba como sensible a la  intolerancia.

Particularmente  y lo digo con desilusión, me indigna el proceder de un gobierno  fóbico a la protesta.

Este  gobierno  evidentemente no está preparado para la pluralidad de las ideas, no reconoce la discrepancia y no tiene temple para manejarse ante  adversidad.

Es una pena que en los albores de su Gobierno,  Arturo Núñez comience a dejar colgadas las esperanzas de muchos tabasqueños que han creído en el “cambio verdadero”,.

Extiende la mano diminuta para alcanzar la ventana del automovilista. Pide una moneda y no la obtiene. La luz abandona el rojo y el conductor acelera sin enterarse de su presencia. Ella no tiene más de cinco años; probablemente sea de origen mazahua. Trabaja pidiendo dinero, casi seis horas diarias, en la esquina que hacen las calles Moliere y Mazaryk de la ciudad de México.

¿Qué posibilidad estadística existe de que esa menor de edad logre terminar su educación primaria? ¿Vivirá más años que sus padres? ¿Tendrá una mejor salud? ¿Heredará al morir algún tipo de patrimonio? Hoy, en México, la respuesta a estas interrogantes es desalentadora. Sin mucha ayuda del azar, esa niña mazahua no tendrá un futuro mejor que el de sus progenitores.

Pero las malas noticias no terminan ahí: en diez o quince años la hija de esa chiquita tendrá una oportunidad sobre dos de repetir la misma historia que su madre: baja escolaridad, salud precaria, ingresos magros, patrimonio inexistente y muerte relativamente temprana.

En nuestro presente, la arquitectura social mexicana no sirve de escalera para cinco millones de familias, más de 22 millones de personas, que se encuentran en situación de pobreza desesperada. Y vista desde el extremo opuesto, esa misma arquitectura tampoco cuenta con resbaladilla.

A unas cuantas cuadras de la esquina referida se halla el centro comercial Antara, emblema de la prosperidad y la opulencia nacionales. Ahí, un joven de veinte años se pasea sobre un par de elegantes zapatos de 300 dólares. Se mira satisfecho y tiene razón para estarlo: haga lo que haga su descendencia contará con 60% de probabilidades para conservar su mismo privilegio económico. Sin demasiado esfuerzo sus hijos acudirán a una buena escuela privada y luego, sin mayor contratiempo, llegarán hasta la universidad. Poco importa cuántos conocimientos adquieran durante el recorrido, lo fundamental en la educación privada mexicana son los conocidos hechos en la escuela, la red social que más tarde sirve para asegurar el patrimonio.

A diferencia de los hijos de la niña mazahua, la descendencia de este otro joven será más longeva, más saludable y a su muerte heredará un patrimonio similar al que tuvieron sus padres.

Es evidente que la arquitectura social mexicana está diseñada para que los que viven en el sótano no puedan subir y, sobre todo, para que aquellos habitantes del último piso no corran el riesgo de caer. Se trata de un país que todavía apuesta a conservar el estatus quo de los privilegios y es, al mismo tiempo, indiferente ante la circunstancia de los desposeídos.

A manera de ejemplo, la educación de calidad en México es meticulosamente excluyente y el sistema de salud fue concebido para que los más jodidos permanezcan afuera. Igual lógica persigue a otras oportunidades fundamentales para la dignidad humana: vivienda, alimentación, pensión, crédito, ingreso, seguridad, etcétera.

Según el Informe de Movilidad Social en México (2013), elaborado por el CEEY, el ascensor social en nuestro país exhibe uno de los más precarios desempeños del orbe. Esta es la principal lección: mientras el error del pobre fue haber “elegido” nacer en una familia pobre, el acierto del rico fue haber “escogido” una cuna cara. Lo demás es destino que ni Estado ni sociedad han logrado conmover.

Ante esta lógica no sorprende el éxito que en nuestra sociedad tienen las novelas de televisión donde la trama incluye a una trabajadora del hogar cuyo ascenso dependió del amor dispensado por el joven heredero de la casa donde labora.

Se inspira tan manida narrativa en el milagro que se produciría si la niña mazahua de Moliere y el joven de Antara se enamoraran. Una historia falsísima porque en México los matrimonios inter-clase prácticamente no existen. Acaso por el morbo que provoca la imposibilidad de tal circunstancia es que tantos adoran esos culebrones – mascarada insoportable.

Todavía podría ocurrirnos a los mexicanos una manera distinta de construir país, pero antes tendríamos que aceptar que el ascensor social se halla descompuesto desde hace mucho tiempo.

Fue publicado en El Universal

Hoy hace un año que el Diario Oficial de la Federación publicó las enmiendas al artículo tercero, que incitaron la promulgación de las leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como reformas en la Ley General de Educación. El conjunto de ordenamientos perfila un modelo de reforma institucional, que acarrea cambios en las reglas del juego en la política educativa. Hoy también se cumple un año que la Procuraduría General de la República aprehendió a Elba Esther Gordillo. Este hecho acapara la atención pública de la efemérides. Los cambios en la constitución parecen ser un asunto de segunda mano.

En un año muchas cosas han cambiado. Contra lo que muchos pensaban, la camarilla dominante en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no se desbandó con la captura de la señora Gordillo, sigue vigente y mantiene el control de los fondos sindicales, así como de los hilos que son la fuente de su poder.

Algunos colegas subestimaron a Juan Díaz de la Torre, no le veían estatura de cacique, siempre había sido el segundo de a bordo. Pero, a pesar de comportarse “modosito” pronto aprendió a sentarse en asiento del chofer. Cierto, es parco, no incordia con su discurso ya que pende sobre su cabeza —y en la de otros líderes— una averiguación previa, que los obliga a “conducirse como es debido”. Pero esa docilidad aparente le reditúa frutos. Puede negociar con discreción que la “armonización de las leyes en los estados” (que deberán estar listas para el 12 de marzo) no lastimen los intereses de las camarillas del SNTE.

No que las leyes que se publicaron en septiembre del año pasado sean perfectas, pero contienen elementos que, bien aplicados, le permitirían al gobierno retomar la rectoría de la educación, que es el propósito declarado. Pero en este país, las leyes se negocian. Dependen de los intereses en juego. La señora Gordillo está en la cárcel, pero sus cómplices y subordinados no; éstos se repartieron el poder que ella ejercía. Ya negociaron que aceptarían las leyes a cambio de impunidad. Pero luego se retractan y aprovechan que a los gobernadores no los toma en cuenta el gobierno federal para que suavicen los filos de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Y si las camarillas “institucionales” del SNTE negocian la ley, sus opositores de la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación no se quedan atrás. El 21 de enero, La Jornada anunció que se cocina un acuerdo de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y los grupos disidentes para reinstalación de maestros cesados. Según la nota, ya convinieron disponer mesas resolutivas en los estados para garantizar el cumplimiento de este pacto.

A pesar de que dirigentes de la CNTE habían respondido al secretario de Educación Pública de que ninguno de los 500 maestros cesados eran afilados de sus organizaciones, hoy se desmienten. Sí hubo despidos. Pero de qué sirve tener buenas leyes (o leyes a secas) si al final todo se puede mercadear, hasta quedarse con los frutos de las transas que se hicieron a la sombra del poder. Vamos, la familia de la señora Gordillo disfruta de los bienes que según todas las pruebas que la PGR dio a conocer, son producto de acciones ilegales.

Me pregunto si vale la pena festejar el primer aniversario de las reformas a la constitución en materia de política educativa. Nunca me hice ilusiones de que se avecinaban cambios mayores, pero esperaba que algo se haría para restar privilegios a los chapuceros. Decía Paulo Freire que a los educadores no nos está permitido perder la esperanza, pero hay ocasiones en que la realidad es abrumadora. Aún con la señora Gordillo en prisión, el corporativismo magisterial sigue vivo y coleando. ¡Qué mal para México!

Retazos

Otro motivo de preocupación. Excélsior publicó el 20 de enero que el INEE advirtió que rechazará historiales negativos de quienes aspiren a ser aplicadores de los procesos de evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Docente. El historial negativo incluye antecedentes de mal desempeño, impuntualidad, inasistencia el día del examen, reportes de comportamiento indebido, negligencia, manejo inadecuado del material o extravío de exámenes. ¡Mala señal!

Fue publicado en Excelsior

El Secretario de Educación nos acostumbra a mandar señales de poder  y con ello, doblegar los últimos intentos de insurrección en contra de la reforma educativa, que dicho sea de paso, empieza a rendir sus primeros frutos.

Y es que al inaugurar los foros de consulta para revisar el modelo educativo el pasado 7 de febrero, el comandante de la SEP reveló que más de 500 docentes en diversos estados del País fueron cesados del servicio por faltistas.

Como bien está enterado el lector, la ley general del servicio profesional  docente mandata cese para aquellos trabajadores que falten a sus labores por tres días seguidos o discontinuos durante un mes.

Aquí habría que reconocer que el jerarca de  la SEP siempre se cobija al amparo de la ley, pues afirmó que los ceses de los profesores  “no se pueden revocar, pero sí se pueden impugnar ante el Poder Judicial”.

El  breve detalle (y vaya detalle), es que,  los victimados que deseen apelar al estado de derecho, deben entender que, por lo menos, el partido ya lo van perdiendo desde el vestidor por un par de goles,  pues vivimos en un País gobernado con la vara de la injusticia y la impunidad.

Que si en efecto los docentes cesados  agraviaron la ley general del servicio profesional docente es cosa que no nos toca determinar.

Se trata de que tendrán que pedir clemencia a un oscuro sistema de justicia cuestionable hasta los tuétanos, que un día, dependiendo de sus raros humores, puede justamente aplicar la ley, pero en otro;  ensañarse contra el que se deje.