Maestra Delfina Gómez Álvarez
Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal.
Presente.
Distinguida Profesora:
Distraigo por un momento su atención para manifestarle, de manera respetuosa y como profesor de escuela pública, lo siguiente:
En la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal, que usted encabeza, en plena etapa de la “Cuarta Transformación” de la vida nacional, al parecer, se siguen unas políticas educativas erráticas, no de apertura sino de puertas cerradas. Me explico.
Están cerradas las puertas para las profesoras y profesores que tienen experiencia en el sistema educativo público, como docentes, asesores técnicos o directores escolares, en el nivel de educación básica o media superior, puesto que no han sido aceptados para concursar por una plaza de ascenso o promoción, debido a inconsistencias, de procedimiento, creadas por la propia burocracia educativa.
¿Cómo es posible que estas políticas, de “cierre de puertas”, esté dirigido a las maestras y los maestros que cuentan con más de 15 o 20 años de experiencia docente o directiva en la escuela pública; que además se han preparado académicamente (con la realización de estudios de licenciatura y posgrado en educación), pero que la normatividad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no les ha permitido concursar por detalles de forma y no de fondo?
Maestra Delfina: Conozco el caso, cercano, de una querida maestra de Educación Preescolar, que tiene más de 20 años de servicio docente en la escuela pública; con más de 6 años de experiencia como directora de Jardín de Niños; que cuenta con títulos de licenciatura (UPN) y maestría en educación (como usted, del Tec de MTY); y que ha recibido diplomas de reconocimiento al mérito académico (SEP), pero que durante el actual proceso de promoción (2021) no fue aceptada debido a que su título de Normal Básica es de “Educación Primaria” (en la ciudad donde ella estudió no había en los años 70´s, normal básica para Preescolar), esto aun cuando entregó documentos que acreditan la aprobación de un diplomado de nivelación docente para trabajar en Preescolar, expedido por la SEP.
¿La propia SEP no reconoce a las maestras y los maestros que cursaron los programas nacionales de nivelación? ¿Tiene lógica académica esa línea de políticas públicas educativas de exclusión?
Cabe mencionar que la maestra, de cuyo caso les comento, se ha desempeñado durante todo ese tiempo en el ámbito de Preescolar (más de 25 años de servicio), pero resulta que el perfil que maneja la normatividad de la USICAMM (el famoso catálogo) sólo acepta a “titulados de Normal Básica” de Educación Preescolar, pero no nivelados.
Como usted podrá apreciar, esto es injusto y contradictorio. Y no se trata de que a la maestra, y cientos de casos que hay como éste en México, se le otorgue una plaza de supervisión escolar en automático, sino que se le permita concursar y demostrar sus capacidades académicas y profesionales en igualdad de condiciones.
Maestra Gómez, me pregunto ¿Es intencional, por parte de la SEP, que se pongan en práctica este tipo de políticas inflexibles y de puertas cerradas? ¿Acaso las plazas ya están pactadas con las cúpulas sindicales nacionales y locales? Si eso es así ¿Entonces para qué se publican las convocatorias?
Más preguntas ¿Lo que buscan las autoridades educativas, federales y estatales, es contratar o promover sólo a quienes cuentan con estudios de normal básica, sin que hayan tenido el compromiso de prepararse más allá de esa formación elemental? Por lo que veo, todo parece indicar que, con estas políticas educativas y administrativas, se busca premiar al “mínimo esfuerzo” académico y las más cortas trayectorias o experiencias profesionales.
Disculpe que lo diga así, Maestra, pero es lamentable, con este cuadro de hechos, el rumbo que toma, hoy, la “Reforma Educativa” de la “4T” (desde 2019), pues se cierran las puertas de las oportunidades para todas y todos aquellos trabajadores de la educación que han participado en los diferentes esquemas de “nivelación”, que la propia SEP puso en marcha durante las décadas de 70´s y 80´s en todo el país, tanto para educación preescolar como primaria y secundaria.
Por otra parte, tengo conocimiento, que este tipo de atropellos y violaciones a los derechos de las y los trabajadores de la educación no sólo se han presentado en el nivel de educación básica sino también en media superior; ello ha sucedido en estados como Querétaro, Tamaulipas y Jalisco, pero no dudo que hoy en día también se presentan, lamentablemente, en otras entidades del país. ¿Éste será el sello de la revaloración o revalorización del magisterio durante su gestión?
Así como éste, varios y varias colegas me han reportado, vía correo-e, diferentes casos donde la autoridad y las burocracias locales han actuado en contra de distintas figuras educativas, aspirantes a una promoción (movilidad vertical) o al reconocimiento, a través de incentivos económicos (movilidad horizontal), quienes han sido mal atendidos y con actitudes de puertas cerradas.
Considero que es indispensable que la misma SEP, la Subsecretaría de Educación Básica, las autoridades educativas locales y USICAMM revisen de inmediato estos casos, y los resuelvan a favor de las maestras y los maestros, porque sin ello se tenderán a bajar los niveles de valor académico que requiere la educación pública y, por lo tanto, a poner en manos de la escuela, a los profesionales de la educación que cuentan con la experiencia y la preparación profesional más modesta del sistema educativo nacional.
Propuesta de mediano y largo plazos
Estimada Maestra Delfina: Como lo he propuesto desde 2018, y frente a la generación de leyes y normatividades, implantadas con las nuevas leyes secundarias, desde 2019, que violentan los derechos de las Maestras y los Maestros de Educación Básica y Media Superior, urge crear una Defensoría Nacional de los Derechos de las y los Trabajadores de la Educación, ya que el Sindicato Nacional no cumple cabalmente con sus responsabilidades en la defensa y seguimiento personalizado de los trabajadores de la educación.
Si las mismas instituciones del Estado mexicano (Poderes Legislativo y Ejecutivo) no crean estas instancias de intermediación, conciliación y defensa de los trabajadores, los propios maestros y maestras habremos de crear los espacios que correspondan para frenar los atropellos y las injusticias que se cometen cotidianamente, y actuar a contra corriente de los procedimientos caracterizados por el “cierre de puertas” para el mismo personal que labora, desde hace muchos años, en la educación pública (y no me refiero al paso del tiempo, en abstracto, sino a la experiencia profesional).
Es urgente crear, pues, desde el Congreso, por iniciativa ciudadana o de la autoridad educativa, un Ombudsman Educativo, porque cada día se cometen atropellos y violaciones a los derechos de las Maestras y los Maestros de educación básica y media superior, durante los procesos de promoción y reconocimiento, y no existe una instancia imparcial que evalúe y dictamine. Esto sin contar con las arbitrariedades que también se cometen en contra de las y los aspirantes a la admisión al “servicio educativo público”.
Agradezco de antemano, Maestra Delfina, la atención que se haya servido dar a esta misiva.
jcmqro3@yahoo.com
Publicado en SDPnoticias
