Soy maestro. Conozco de cerca el sonido de una plaza que no llega, el de un incentivo que se anuncia y se pospone, y el de una plataforma que falla justo cuando el plazo vence. Por eso escribo esta reflexión desde la base: porque los cambios anunciados a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no deben leerse como una concesión generosa del gobierno, sino como el reconocimiento tardío de una deuda que el Estado mexicano tiene con su magisterio desde 2013. Una deuda que, lejos de pagarse, se ha administrado: con consultas, con encuestas, con hojas de ruta y con fechas que se corren. Y el maestro, mientras tanto, sigue viviendo de la esperanza.
Una deuda que se administra, no se paga
El compromiso de desaparecer la USICAMM fue promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum y demanda histórica tanto del SNTE como de la CNTE. Pero la ruta institucional diseña un calendario interminable: el 3 de junio de 2026 el secretario Mario Delgado presentó una hoja de ruta con mesa plural (15 de junio), diagnóstico (junio-julio), elaboración de la iniciativa (julio-agosto), consulta al magisterio (18-31 de agosto) y presentación ante el Congreso el 14 de septiembre. Esa fecha llegó y pasó: al cierre de septiembre de 2026 la Unidad sigue operando bajo sus reglas actuales y sin fecha cierta de extinción. Tres sexenios de reforma educativa —2013, 2019 y la que ahora se anuncia— y el magisterio continúa siendo el último enterado de las reglas que gobiernan su vida laboral.
Del examen punitivo al calvario burocrático
Conviene recordar el origen. La Ley General del Servicio Profesional Docente de 2013 pretendió arrebatar a los sindicatos el control de las plazas, pero lo hizo con evaluaciones punitivas que ponían el empleo a prueba de un examen. La USICAMM, creada en septiembre de 2019, suprimió el despido por reprobación y prometió revalorizar la profesión. Sin embargo, eliminó el castigo sin eliminar el suplicio: la evaluación dejó de ser punitiva y se volvió burocrática. La plataforma Venus convirtió el derecho legítimo a mejorar el ingreso en una travesía digital de caídas frecuentes, sesiones que se congelan, un hackeo masivo en junio de 2024 y rezagos injustificados en el pago de incentivos. Miles de maestros aprendimos que el aversivo no estaba en el examen, sino en el proceso: en el burocratismo digital que somete al docente a un desgaste físico y emocional que ninguna autoridad asume como suyo.
La escalera que se sube de cuatro en cuatro años
Si algo simboliza la deuda del Estado con su magisterio es la promoción horizontal. El esquema contempla ocho niveles de incentivo, con una permanencia mínima de cuatro años por nivel y una incorporación inicial —siempre— al nivel 1, que representa apenas 35% del sueldo tabular. La aritmética es despiadada: un maestro que hoy entra al programa necesitaría, en el mejor de los casos, veintiocho años de escalera para acercarse al tope. Y aún hay algo peor, casi clandestino en los acuerdos normativos: los resultados de un proceso solo tienen vigencia «hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria». Es decir, el maestro puede aprobar, esperar, cumplir todos los requisitos y no recibir el incentivo porque el dinero no alcanzó. Aprobar ya no garantiza nada. La esperanza, en este sistema, no concursa: solo espera.
Lo mismo ocurre, con agravantes, en la asignación de plazas y horas en secundaria. La Unidad concursa las vacantes en fragmentos de ocho o diez horas semanales, con frecuencia en comunidades alejadas, de modo que la plaza deja de ser atractiva para cualquier docente que deba mudarse de residencia por una carga tan raquítica. En educación física, artística y talleres el problema es especialmente grave. El resultado es paradójico y trágico: escuelas sin maestros y maestros sin plazas, un déficit que no es demográfico sino de diseño normativo. La promoción vertical camina por la misma cuerda floja: años de preparación, procesos suspendidos y lineamientos que cambian a mitad del camino, con la sensación permanente de jugar con reglas que alguien más reescribe.
El presupuesto que sí creció
Se dice que no hay dinero. Y, sin embargo, mientras el presupuesto de los incentivos docentes se raciona «conforme a la disponibilidad», el presupuesto de operación de la propia USICAMM creció de 185 millones de pesos en 2021 a 954 millones en 2022 —un aumento de 395% en un solo año— y a más de mil millones en 2023. Es la paradoja más elocuente del modelo: recursos abundantes para el aparato que administra la carrera magisterial y presupuesto raquítico, irrisorio, para el magisterio mismo. Cada peso destinado a mantener la burocracia de la evaluación es un peso que no llega al salario de un maestro que hoy no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. No es un problema técnico: es una decisión de prioridades, y las prioridades están mal puestas.
Una encuesta no es una consulta
El gobierno presumió la participación de casi 400 mil docentes en el cuestionario diagnóstico aplicado durante el Consejo Técnico Intensivo, y concluyó que 80% favorece instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes para plazas y promociones. Pero la consulta se dirigía a más de un millón doscientos mil maestros: participó apenas una tercera parte, y lo hizo en formato digital, no «escuela por escuela» como se anunció. La CNTE lo denunció con una palabra que duele porque es exacta: simulación. Una encuesta en línea, respondida bajo presión de calendario, sin deliberación colectiva y sin presencia institucional en los planteles, no sustituye el diálogo abierto con la base magisterial. Los lineamientos del nuevo sistema no pueden nacer de un cuestionario de opción múltiple: deben nacer de las inconformidades y necesidades que los maestros expresamos cuando alguien se digna a escucharnos en nuestras escuelas, en nuestros consejos técnicos, en nuestras asambleas. La consulta escuela por escuela quedó prometida para octubre; ojalá esta vez la promesa no corra de fecha como corrió la iniciativa ante el Congreso.
El papel triste de los sindicatos
No puedo cerrar sin nombrar la responsabilidad sindical. La desaparición de la USICAMM fue exigida por los sindicatos oficiales durante años, y en ese reclamo estuvimos de acuerdo muchos de la base. Pero el desenlace revela el papel que las dirigencias han asumido: tras las movilizaciones, la SEP presume concesiones negociadas de arriba hacia abajo —cerca de 200 mil basificaciones, aumentos salariales, decenas de miles de cambios de centro de trabajo— que se intercambian como moneda de pacificación mientras las demandas estructurales de la base (salario digno, selección transparente, carrera magisterial sin trampas) siguen en el congelador. El sindicato que negocia prebendas sin consultar a sus agremiados no representa al magisterio: lo administra. Y un magisterio administrado por su propio sindicato difícilmente será escuchado por su gobierno.
Lo que la base exige
Mi posición es clara y la asumo sin ambages. Lo que el magisterio mexicano demanda no es caridad sindical ni encuestas digitales: es justicia, democracia y salario. Justicia, para que aprobar un proceso garantice el incentivo y para que ninguna plaza se asigne en fragmentos indignos de ocho horas. Democracia, para que los lineamientos del nuevo sistema se construyan desde las escuelas, en diálogos abiertos donde las inconformidades de la base sean el punto de partida y no un anexo decorativo. Y salario, porque un maestro que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas no puede dar lo que no tiene: la revalorización del magisterio empieza en el talón de pago o no empieza en absoluto.
La desaparición de la USICAMM puede ser el inicio de una nueva relación entre el Estado y su magisterio, o puede ser apenas el relevo de una burocracia por otra. La diferencia no la decidirá un cuestionario ni una hoja de ruta: la decidirá si, por primera vez en tres décadas, alguien construye la norma escuchando primero a quienes la vamos a vivir. Nosotros, los de la base, seguiremos en las aulas, viviendo de la esperanza. Pero la esperanza, como las plazas, también se agota si nadie la convoca.
