¿Qué se pierde si desaparece el INEE? Para mí es una pregunta sencilla de responder. Sin embargo, es motivo de múltiples debates y comentarios en los que la mayoría de los análisis han sido superficiales. A lo que nos enfrentamos es a desaparecer a un organismo constitucional autónomo, con base en percepciones y juicios sin fundamento, y sin haber hecho una revisión de sus aportaciones al Sistema Educativo Nacional, lo que debilita la discusión política que hoy, más que nunca, es imprescindible.
El Proyecto de Decreto de reforma a los artículos 3o, 31 y 73 contiene afirmaciones sin sustento alguno sobre este tema. Como la que señala que el Instituto “[…] no es compatible con la visión que se está reconociendo [en el dictamen] del derecho a la educación, toda vez que su creación obedeció a factores que buscaban más en ese organismo una fuente de legitimación para emprender una política laboral que nada tiene que ver con la mejora de la educación en nuestro país”.
Gracias a la labor del INEE se conoce el estado de la educación en México, como el propio Dictamen reconoce —al usar datos producidos por el Instituto—. El estatus de organismo constitucional autónomo le dio la posibilidad de abordar temas para mejorar el nivel de inclusión, igualdad y justicia de nuestro sistema educativo, como la educación para niños y jóvenes indígenas y para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes. Con ello se hicieron visibles poblaciones que nunca habían sido consideradas en las políticas públicas.
Al INEE se le acusa de “no evaluar”, sin considerar que coordina el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, en donde se han producido evaluaciones de los componentes, procesos y resultados del sistema educativo. Con las autoridades educativas de los estados se hicieron planes de evaluación para atender sus necesidades y esfuerzos para fortalecer sus capacidades y alejarlas de la visión de ser simples ejecutoras de la evaluación.
Otra acción que realiza es evaluar los aprendizajes de los alumnos, a través de PLANEA, Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, y es responsable de aplicar las pruebas internacionales en las que México participa: PISA y el estudio regional de Latinoamérica. También son importantes las evaluaciones de infraestructura y de las condiciones de la oferta educativa. Todas ellas muestran cómo las autoridades cumplen con el derecho a la educación de niños y jóvenes.
Para realizar estas acciones, el INEE requiere de profesionales con alta especialización, que en este momento ven amenazada su fuente de trabajo.
Destaco su extensa producción editorial, disponible para la población desde hace más de 15 años, y que ha permitido una construcción crítica de la educación en nuestro país.
Mucha de esta información no deja bien parada a la autoridad educativa y resulta irónico que se usa como base del Proyecto de Decreto, como argumento para justificar la desaparición del Instituto. También utilizan las recomendaciones del INEE, en materia de política de equidad y la información que produce, para sustentar sus propuestas.
Se dice que el Instituto ha estado alejado de los maestros, sin tomar en cuenta que es la autonomía constitucional la que le ha permitido decirles cómo mejorar su práctica docente, y señalarle a la autoridad la importancia de atender la formación inicial y continua, la infraestructura, la pertinencia de los currículos, la dotación suficiente y oportuna de materiales y el perfeccionamiento de las prácticas involucradas en la gestión escolar, entre otros temas.
De ser aprobada la iniciativa en los términos que ha sido planteada en el Proyecto de Decreto, se pierde mucho. Si el nuevo organismo no cuenta con el ingrediente fundamental de la autonomía constitucional, nuestro país estará retrocediendo en una de sus garantías fundamentales: el derecho a una educación de calidad.
Publicado en El Universal.
