Recuerdo esa férrea oposición que despertó la aprobación de lo que rápidamente fue catalogada como la mal llamada reforma educativa de 2013. La disidencia magisterial se organizó en diferentes latitudes de la República Mexicana pues, indistintamente, el punto medular de esa reforma, proveniente del Pacto Por México, fue la evaluación del magisterio. Una evaluación a todas luces punitiva que implicaba, no solo la posible valoración del desempeño docente, sino su cese, prácticamente, inmediato, si es que no resultaba satisfactorio el resultado una vez que hubiese presentado un examen el maestro o maestra.
No había de otra porque, según se dijo, el Sistema Educativo Nacional (SEN) tendría a las mejores maestras y maestros en cada una de las aulas y escuelas de México. En nombre de la tan anhelada “calidad educativa” todo era posible, aun y cuando se violaran los derechos de los trabajadores de la educación porque, además, Carrera Magisterial se había corrompido.
Como parece obvio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue maniatado. La detención de La Maestra Gordillo puso en escena a un “líder” sindical bajo las órdenes de su jefe inmediato: el peñanietismo. Sí, el sindicalismo se “oficializó” como nunca antes se había visto y conocido. Nunca hubo, de su parte, un pronunciamiento ni una resistencia a ese esquema evaluativo cuando, en los hechos, se le faltara el respeto al magisterio pues cualquiera podría ser maestro.
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Los mecanismos ingreso, permanencia y promoción entraron con fuerza y vigor apenas un par de años después de esa aprobación legislativa. Las movilizaciones magisteriales, mayormente impulsadas por una disidencia magisterial impetuosa, ocuparon los encabezados y notas en diversos medios de comunicación. Obviamente, Aurelio Nuño, empleó todos sus recursos para denostar y menospreciar esa resistencia y, aunque en su discurso argumentara lo contrario, difícilmente lo acompañó con hechos.
Las sedes de evaluación se montaron, con fuertes operativos policiacos y militares, para que los maestros fueran evaluados con la finalidad de que no hubiera interrupciones ni altercados, de ningún tipo. Es más, en diversas partes del país, se pudo observar la llegada de profesores en helicóptero a esas sedes donde se aplicarían los exámenes y, para ello, el hospedaje y la alimentación fueron cubiertos por el estado porque, también se dijo, había maestros que sí querían evaluarse.
Las imágenes circularon a raudales por las redes sociales, periódicos y canales televisivos. Filas de maestros sentados frente a una computadora respondiendo un examen; sí, un examen, como si éste permitiera hacer una valoración profunda del quehacer docente que ocurre en un presente donde diversos factores influyen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué jamás se propuso otro mecanismo evaluativo? Las políticas neoliberales no podían esperar, pero tampoco, “lograr” esa calidad educativa que por años había dormido el sueño de los justos.
Ingenuo fue pensar que tales acciones generarían una aceptación inmediata; el cálculo político nada más no calculó nada.
Con la llegada del 2018 creció la esperanza; una promesa fue lanzada y bien recibida por buena parte del gremio. Se dijo que la evaluación punitiva sería cancelada y se cumplió tal hecho. La aprobación de la reforma a la mal llamada reforma educativa de 2013 llegó con esa noticia, sin embargo, aquello de que no quedaría ni una sola coma de la reforma anterior nunca se cumplió. Los ordenamientos legales mantuvieron la esencia y el espíritu de la del 2013 cambiando solo el nombre de una Coordinación, la del Servicio Profesional Docente, por la del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; una ley secundaria que, si se analiza con detenimiento, contiene prácticamente los mismos criterios para el ingreso, promoción y reconocimiento ¿Qué cambió entonces?
La llegada de la pandemia a nuestro país, para algunas instituciones como la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), les vino como anillo al dedo, aludiendo a aquella polémica frase presidencial con la que se afirmaba que se afianzaría la cuarta transformación a pesar de la situación por la que atravesaba el mundo entero.
Los procesos de ingreso y promoción puestos en marcha por este órgano desconcentrado durante la pandemia fueron, son y han sido, un desastre. Varios hemos dado cuenta de ello en diversos espacios.
Tan esta afirmación es cierta que, su ex titular de apellido Cartas, dejó el encargo de la noche a la mañana y en su lugar llegó una conocida profesora emanada de la disidencia. ¿Qué cambió entonces? Prácticamente nada, aunque en las redes sociales circulen fotografías de un posible trabajo realizado por esta titular con autoridades educativas, pero jamás con las maestras y los maestros.
Irrisoriamente los procesos que actualmente, en pleno 2022, se están emprendiendo, siguen considerando el empleo de una plataforma que, en absoluto, garantiza una valoración del quehacer docente, ese ejercicio en el que, como ya he dicho, confluyen una serie de factores que inciden en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es más, en este ejercicio, pero con otra denominación, se sigue considerando que tal maestro o maestra ha sido seleccionado pues sus resultados lo han llevado a ser idóneo o no idóneo, destacado o no destacado. ¿Qué cambió entonces?
Pero aún hay más.
¿Por qué si la pandemia ha dado cierta tregua a la humanidad se siguen considerando la aplicación de exámenes virtuales?, ¿por qué se sigue sobre responsabilizando a los participantes en este proceso al pedirles que empleen un equipo de cómputo con ciertas características?, ¿no acaso esta medida es excluyente, discriminatoria y apegada al más puro estilo tradicionalista debido a que en dichos exámenes ni agua podría beber el concursante?, ¿por qué la USICAMM y las autoridades educativas de los estados no asumen esta responsabilidad?, ¿no acaso esta política neoliberal se contrapone con lo que establece el marco curricular y plan de estudios 2022 para la educación básica?, ¿no acaso en estos documentos se detesta todo aquello que dejó el neoliberalismo en nuestro país?, ¿no acaso esta serie de acciones violentan los derechos laborales y profesionales de las maestras y maestros concursantes?
¿Por qué los docentes tendrían que ser participes en un programa de ingreso o de estímulos salariales cuando, por un lado, se cursaron estudios de formación inicial en instituciones formadoras de docentes y, por el otro, es su derecho percibir un incremento salarial que corresponda con la función tan relevante que realiza en sus escuelas y aulas?
¿Qué ha cambiado entonces?
