Hace seis años, una reforma al artículo 3º de la Constitución elevó al estatus de Órgano Constitucional Autónomo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), instituto que ya llevaba una década de estudio y desarrollo de metodologías e instrumentos que aportaban información imprescindible sobre el estado que guardaba el sistema educativo nacional.
La decisión de conceder autonomía al INEE se derivó del reconocimiento de que la autoridad educativa –federal, estatal o municipal– no debe ser juez y parte; no debe diseñar, implementar y evaluar sus propios esfuerzos.
Entre otras atribuciones que le fueron conferidas, el nuevo INEE nació para evaluar y promover el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación de cada niña, niño y joven (NNJ) en México.
Trasladémonos al día de hoy. Si se aprueba la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional presentada por el Poder Ejecutivo, estamos a unas semanas –tal vez menos– de ver la desaparición del INEE.
Nosotros, como muchos otros, hemos advertido del riesgo de perder un instituto autónomo responsable no sólo de desarrollar evidencia confiable para la toma de decisiones, sino también de asegurar su uso adecuado por parte de las autoridades.
Estamos seguros que México necesita un instituto para la educación con autonomía, no sólo técnica, sino también funcional y financiera.
Pero hay que ser realistas. Que el INEE “se va” es casi un hecho.
Entonces, ha llegado la hora de pensar cuál sería una salida digna que respete y refleje la gran tarea que se le otorgó hace seis años a ese organismo: aportar elementos para la garantía del derecho a la educación en México.
Desde nuestra perspectiva, esto debe incluir tres acciones fundamentales orientadas a una defensa y promoción efectiva del derecho de todas y todos a estar, aprender y participar en la escuela:
1) Asegurar la aplicación adecuada del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 2019: para dar seguimiento a las trayectorias educativas de los estudiantes y brindar información necesaria para la evaluación y diseño de políticas y programas educativos.
2) Dar seguimiento a los derechos profesionales de los docentes: acompañar a las autoridades locales en la implementación efectiva de los concursos de ingreso y promoción.
3) Publicar el acervo de información del Instituto: hacer disponible todas las bases de datos, información, metodologías e instrumentos desarrollados en los últimos seis años.
Con todo y recorte presupuestario, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación puede (y debe) priorizar sus decisiones y pensar en el legado que dejará a las niñas y los niños y sus maestros en México, así como a las autoridades en los estados y el gobierno federal que requieren elementos para tomar decisiones adecuadas y seguir impulsando la transformación de sus sistemas educativos.
Que sus actos finales sean dignos de la esperanza y expectativas depositadas en él hace seis años.
Artículo publicado en El Heraldo de México.
