El día de ayer pasó la votación para avanzar hacia un marco normativo reformado en educación en la Cámara de Diputados. Para cuando escribo esto, aún no se vota en la de Senadores. Pero si anoche se aprobó en sus términos en la cámara revisora, paso dos, lo que corresponde entonces, paso tres, es que se envíe a los Congresos estatales. Si al menos 17 de las 32 soberanías lo aprueba, entonces estará listo el texto modificado para ser publicado, paso cuatro, como decreto, en el Diario Oficial de la Federación.
¿Quién gana si todo eso pasa? Para empezar, niñas y niños, en oportunidades. Reitero: en oportunidades, no todavía en realidades. Pero no es poca cosa, es una gran noticia. Reconociendo que todo lo que resulta del proceso parlamentario –todo lo que implica libertad, propósito y pluralidad- es menos que perfecto, se cierra un capítulo en el que objetivamente se fue enriqueciendo un proyecto que contenía pocos matices y se centraba en lo que se quería derrotar, más que en lo que se podía avanzar. Socios por obligación, muchas fuerzas y perspectivas tomaron confluencia en algunos elementos compartidos.
Queda un marco para que niñas, niños y jóvenes sean reconocidos como centro del sistema educativo nacional, se dan elementos para que se cumpla su derecho a la educación como una triple inclusión: que lleguen y permanezcan en la escuela, que logren un aprendizaje integral –si bien con una prolija enumeración de aspectos, desde matemáticas hasta educación sexual, desde filosofía hasta el cuidado al medio ambiente- y que participen en su proceso educativo.
Mucho hay para comentar, y habrá que hacerlo en las semanas siguientes. Pero hay puntos de avance que merecen atención. Se reconoce la rectoría del Estado con respecto de toda la tarea de educar, desde el segundo párrafo; se precisa la rectoría de la Federación en las disposiciones sobre el Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras y, en la versión con adiciones aprobada ayer, se subraya además en el disputado artículo Décimo Sexto transitorio que los derechos laborales de los maestros se regirán por la Constitución y la Ley reglamentaria del mencionado sistema, “…prevaleciendo siempre la rectoría del Estado”. La insistencia no es ociosa: sin darla por ya ganada en la terca realidad, es fundamental distanciarse –como hizo con este texto el Constituyente permanente- de la posibilidad que los nombramientos se deriven de procedimiento opacos, corruptos o capturados por las dirigencias sindicales.
Se ganan tres mandatos de estrategia: además de reconocer en el cuerpo del Artículo Tercero la responsabilidad del Estado con respecto de la educación inicial, la educación inclusiva y el fortalecimiento de las escuelas normales, los transitorios mandatan la presentación de Estrategias Nacionales que articulen a los actores y establezcan los cómos.
Se gana en los derechos profesionales de los docentes: crucial, haber puesto en el orden correcto que el primer derecho que tienen es a la formación inicial y continua relevante y pertinente; si van a ser los agentes de la comunidad, si van a asumir un nombramiento de la República para garantizar el derecho a aprender de sus alumnos, el Estado debe entonces garantizar el ejercicio del derecho a aprender de los maestros. La evaluación, de carácter diagnóstico, deberá ser un insumo finalizado a la formación permanente y la mejora continua.
Se hace explícito que la admisión, promoción y reconocimiento deberá pasar por procesos “públicos, transparentes, equitativos e imparciales” (es decir, a los ojos de todos, verificables, con igualdad de oportunidades para los aspirantes y, lo más importante, sin favoritismos) “y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos”, condición crítica que el típico escalafón y sus comisiones mixtas no aseguran, ni el “pase automático”.
Muchos sostenemos firmemente -y estamos dispuestos a combatir este punto ante las intentonas de las cúpulas sindicales y de la complacencia de los gobiernos que tengan la tentación de ceder ante ellas- que la única interpretación congruente y admisible por los tribunales es que el control de la nómina es básico, pero el control de los nombramientos es aún más esencial para garantizar el derecho de las niñas y los niños. No hay manera que el Ejecutivo Federal no sea cómplice y comparsa de la corrupción si no se asegura que cada nombramiento de la Carrera para los Maestros sea en servicio de los niños y las niñas, con criterios objetivos a favor de su derecho a aprender, y no en servicio a los adultos prepotentes que pidan moche, que hagan huachicoleo de influencias o que usen el “marchómetro” para empujar la carrera de sus allegados.
Estamos ante una oportunidad histórica de que los maestros estén en una situación más serena, con certeza jurídica y apoyos suficientes, y que ahora sí el debate educativo sea más sobre los cómos y menos sobre la rigidez ideológica del prejuicio.
Pero todo eso no va a pasar solito. Este largo primer episodio dará a su vez paso a las leyes secundarias. Será ocasión de recuperar, con más detalle aún, lo que se construyó en los foros y el parlamento abierto. Por eso las tres estrategias –Inicial, Inclusiva y Normales- son clave: no se tratará solo de declaraciones de amor, como tienden a ser los textos constitucionales en México, sino de proyectos con metas, responsables, tiempos, atribuciones legales, dinero y evaluaciones. Nuevas batallas. Pero esta ya fue un paso más.
