Hace una semana levantamos la voz desde Mexicanos Primero para cuestionar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por “capacitar” a casi un millón de docentes de educación básica sobre proyectos de leyes que no existían (y siguen sin existir) en el foro público. En respuesta, la SEP comunicó que formaba parte de una “consulta democrática” con las y los docentes.
Una consulta democrática en general se hace con base en información completa, no con un resumen de los “elementos a destacar” de un documento que no conozco y tampoco estoy en posibilidades de conocer. Sólo para dar un ejemplo, la iniciativa para la nueva Ley General de Educación – la única que ha sido presentada oficialmente ante el Poder Legislativo y el escrutinio público – consiste de 181 artículos y 15 tránsitorios plasmados en más de 80 páginas. Pero en la guía presentada a las y los docentes todo esto se resume en tres hojas, 35 puntos. ¿Qué tan significativa puede ser mi retroalimentación sobre algo que sólo conozco de manera general y resumida? Si coincido con el resumen, ¿en automático me parece bien el 80 o 90% de la propuesta que no he visto?
Como un momento aislado, tal vez esta situación se podría clasificar como “no ideal, pero no tan preocupante”. Pero no es un momento aislado.
Hoy, a tres días de arrancar el ciclo escolar, las y los maestros, estudiantes, familias, medios, académicos, miembros de sociedad civil e incluso autoridades educativas estatales desconocemos los detalles de gran parte de la política educativa, no sólo de la legislación secundaria, sino también de los programas educativos.
La misma guía para los talleres de “La Nueva Escuela Mexicana” habla de un programa – La Escuela es Nuestra – para mejorar la infraestructura educativa, invirtiendo 20 mil millones de pesos en escuelas marginadas, y en diversos medios se reporta que ya se está implementando a lo largo del país. Esto sin tener publicados sus lineamientos ni un documento en la página de la SEP detallando los qués y los cómos.
El documento de la SEP destaca también la reinstalación de docentes como parte de su compromiso con la educación. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información, la misma SEP dice que no tiene mayor información por “no ser” su atribución.
Se puede preguntar ¿por qué tanto enfasis en una guía para un taller? Y la respuesta es tristemente sencilla: porque hasta hoy es uno de los pocos documentos oficiales publicados con información sobre las prioridades, políticas y prácticas de la autoridad educativa federal.
La base de la democracia es la co-construcción, la corresponsabilidad y la participación activa, sobre todo en un proyecto que determinará qué tanto cumpliremos con un derecho humano como es la educación, al mismo tiempo que definirá nuestro futuro como sociedad. Formar un acuerdo sobre la educación implica no sólo compartir aspiraciones sobre hacia dónde queremos ir, sino también contribuir – cada quien desde su trinchera – para asegurar que lleguemos. Y para eso, el primer paso es transparentar, haciendo pública la información completa.
