Si a un niño se le niega la educación y se le obliga a trabajar, se ha ejercido violencia contra él”. Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014.
La ENTI 2025 ofrece una advertencia que conviene leer sin triunfalismos ni simplificaciones. En México, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil: 12.6 % de la población de ese grupo de edad. La cifra disminuyó respecto del máximo de 13.1 % registrado en 2022, pero sigue ligeramente por encima de 2015, cuando se ubicó en 12.3 %. En una década, el país no ha logrado una reducción sostenida. El cambio reciente es favorable, pero insuficiente frente a la dimensión de un problema que afecta la salud, la seguridad, el desarrollo y las oportunidades educativas de millones de personas.
La encuesta mide más que la participación en un empleo remunerado. Incluye la ocupación no permitida por la edad, la naturaleza o las condiciones de la actividad, así como los quehaceres domésticos en el propio hogar cuando se realizan durante jornadas prolongadas o bajo condiciones que ponen en riesgo la salud o el desarrollo. En 2025, 1.8 millones de menores de edad estaban en una ocupación no permitida y 1.9 millones realizaban quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas; 200 mil se encontraban en ambas situaciones. Las categorías se traslapan, por lo que no deben sumarse como si fueran grupos distintos. Esta definición permite reconocer trabajos visibles y también cargas que suelen quedar ocultas dentro de los hogares.
La ENTI tiene antecedentes en los módulos de trabajo infantil incorporados a encuestas nacionales desde 2007. Ese levantamiento amplió el universo hasta los 17 años y permitió producir información por entidad y tamaño de localidad. Después se aplicó con periodicidad bienal hasta 2017; en 2019 se convirtió en una encuesta independiente y volvió a levantarse en 2022 y 2025. Su valor consiste en ofrecer una estimación estadística de la magnitud y las características del fenómeno, no en contar cada caso ni en identificar por sí sola sus causas. Tampoco evalúa el efecto de un programa gubernamental específico. Es una base para orientar decisiones, establecer prioridades y observar cambios en el tiempo.
La serie histórica obliga a mirar con atención qué modalidades cambian y cuáles persisten. Entre 2015 y 2025, la tasa de ocupación no permitida pasó de 7.5 % a 6.6 %. En contraste, la tasa de quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas subió de 5.7 % a 6.8 %. El descenso general desde 2022 convive, por tanto, con un aumento de esta última forma de trabajo respecto de hace diez años. La tendencia interpela a quienes diseñan políticas públicas y también a las familias: colaborar en las tareas del hogar puede formar parte de la vida cotidiana; la preocupación surge cuando la duración, el riesgo o la responsabilidad desplazan el descanso, el juego, el aprendizaje y el desarrollo.
Las diferencias por sexo revelan otras dimensiones. La tasa total de trabajo infantil fue de 15.0 % entre los niños y adolescentes varones y de 10.2 % entre las niñas. Sin embargo, en los quehaceres domésticos inadecuados la participación fue casi equivalente: 48.7 % correspondió a niñas y 51.3 % a niños. La menor presencia femenina en algunas formas de ocupación no debe ocultar el trabajo doméstico que realizan en sus propios hogares ni la desigual distribución de las responsabilidades de cuidado. Para entender el fenómeno no basta preguntar quién recibe un pago; también hay que observar cuánto tiempo dedica cada menor a trabajar y qué actividades deja de realizar por ello.
La edad y la asistencia escolar también ayudan a dimensionar la vulnerabilidad. La tasa alcanza 24.6 % entre adolescentes de 15 a 17 años, frente a 8.6 % entre quienes tienen de 5 a 14. Entre quienes no asisten a la escuela, la proporción registrada es mucho mayor que entre quienes sí lo hacen. Esta asociación no demuestra que la inasistencia cause por sí sola el trabajo infantil, ni que trabajar conduzca automáticamente al abandono: las condiciones económicas, familiares y territoriales pueden influir en ambas situaciones. Sí muestra que la escuela y la protección frente al trabajo perjudicial deben pensarse juntas. Mantener la matrícula es indispensable, pero no garantiza por sí mismo que una niña, un niño o un adolescente esté protegido fuera del aula o pueda estudiar en condiciones adecuadas.
El territorio y la pertenencia a grupos específicos exigen respuestas diferenciadas. En las localidades rurales, la tasa es superior a la de las áreas urbanas; y entre la población hablante de lengua indígena, la ENTI reportó una prevalencia de 24.9 %, casi el doble del promedio nacional. La encuesta también identificó a población afrodescendiente y con discapacidad, ampliando la información disponible sobre grupos que suelen quedar menos visibles en las estadísticas. Estos datos no explican por sí mismos las causas locales, pero impiden diseñar una política uniforme. La respuesta debe considerar las distancias a la escuela, las temporadas agrícolas, la informalidad laboral, las barreras de accesibilidad y las condiciones de cada comunidad.
La comparación internacional sirve como referencia, siempre que se reconozcan las diferencias metodológicas. Las estimaciones conjuntas de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF calculan que en 2024 había cerca de 138 millones de niñas y niños en trabajo infantil en el mundo, 7.8 % de la población de 5 a 17 años. La tasa mexicana de 12.6 % supera ese referente, pero no se trata de una comparación perfectamente equivalente: la medición nacional incorpora quehaceres domésticos en el hogar propio cuando son prolongados o riesgosos, mientras que la estimación mundial no los incluye de la misma forma. El dato global, aun con esa salvedad, recuerda que el problema rebasa las fronteras y que su solución requiere empleo adulto digno, protección social y acceso efectivo a la educación.
Las becas federales pueden contribuir a que las familias sostengan la asistencia escolar, pero no deben presentarse como solución única ni como prueba automática de que el trabajo infantil disminuyó. La Beca Rita Cetina tiene entre sus objetivos apoyar la permanencia y conclusión de la educación básica. Por su parte, la evaluación de impacto del programa de becas Benito Juárez realizada por el CONEVAL encontró efectos en abandono, rezago y repetición, pero señaló que el contexto familiar y comunitario también influye de manera importante y que el apoyo requiere acciones complementarias. Ninguna de esas conclusiones demuestra que las becas hayan reducido el trabajo infantil. La ENTI tampoco permite atribuir el cambio entre 2022 y 2025 a un programa determinado. Hacerlo confundiría una asociación o una coincidencia temporal con una relación causal.
La política pública debe articular transferencias económicas con servicios que hagan posible estudiar y desarrollarse sin asumir cargas perjudiciales: escuelas accesibles, transporte, alimentación, acompañamiento educativo y atención oportuna a quienes enfrentan riesgo de abandono. En el ámbito laboral, se necesita una inspección capaz de llegar a actividades informales, pequeñas unidades económicas y sectores agrícolas, con atención a las cadenas de producción y a las condiciones peligrosas. La protección debe dirigirse a quienes emplean o exponen a niñas, niños y adolescentes, sin criminalizar a las familias que viven en pobreza ni responsabilizar a las propias personas menores de edad por una situación que requiere apoyo y soluciones institucionales.
La ENTI 2025 muestra un descenso modesto desde 2022, pero también una década sin avances suficientes y un crecimiento de las tareas domésticas inadecuadas. Advierte que la adolescencia, la ruralidad y la pertenencia indígena se relacionan con una mayor exposición. Frente a esa evidencia, el reto es construir condiciones para que ninguna niña, niño o adolescente tenga que sacrificar su educación, su descanso o su desarrollo para sostener a su hogar o responder a una necesidad económica. Una beca puede aliviar parte de esa presión; proteger la infancia exige, además, escuelas que enseñen y retengan, empleos adultos dignos y servicios públicos que lleguen a los lugares donde el problema ocurre. Porque la educación es el camino…
