SNTE y Reforma Educativa 2013: cuenta millonaria.


El pasado 10 de abril, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitió el comunicado 30-2019, titulado “Es indispensable que se abrogue la Reforma Educativa”, en referencia a las modificaciones legales en materia educativa de 2013. Increíblemente (aunque, a decir verdad, el cambio de discurso sindical ya no causa extrañeza a muchos), tal comunicado olvidaba que precisamente fue el SNTE uno de los componentes fundamentales para la concreción de la reforma peñista.  Reforzando la idea anterior, ha salido a la luz pública lo que pudiera entenderse como el precio que la autoridad tuvo que pagar para que el SNTE no obstaculizara el desarrollo de la Reforma Educativa: permitir que los comisionados sindicales siguieran cobrando de sus plazas docentes (de las que legalmente debieron separarse) y transferir importantes sumas de dinero para la realización de acciones de promoción de la Reforma Educativa. El análisis de estos dos factores ayuda a entender el actuar del SNTE ante las modificaciones constitucionales en materia educativa del sexenio pasado y pone en evidencia la hipocresía de su postura actual.

No obstante que el artículo 78 de la hoy extinta Ley General del Servicio Profesional Docente establecía que quienes optaran por aceptar una comisión debían separarse, sin goce de sueldo, de su cargo como docente, directivo o supervisor, el estudio La impunidad en la nómina magisterial (Fernández, 2019), ha revelado que entre 2015 y 2018, en el país “se han destinado 1,066 millones de pesos a más de 9 mil comisionados sindicales” (p. 58), monto que sería suficiente para “permitir la capacitación de 1 millón 215 mil profesores” (p.58). El estudio referido da cuenta que algunas entidades, como Chihuahua, Aguascalientes o Colima, a pesar de haber reportado no contar con comisionados sindicales en su nómina, los mantuvieron “bajo otra nomenclatura en centros de trabajo que, para efectos prácticos, significó comisionados para el sindicato magisterial con cargo al erario” (Fernández, 2019, p. 63).

Aunque algunos sindicalistas han tratado de justificar lo anterior argumentando que los comisionados desempeñan su función en sus “tiempos libres”, la realidad indica que existen profesores que dejaron de trabajar, pero no de cobrar, hasta en dos plazas docentes. Resulta pues incongruente que los comisionados sindicales hayan sido impulsores de la Reforma Educativa de 2013, animando incluso a los profesores a someterse una evaluación docente defectuosa e injusta, pero no hayan sido capaces de cumplir el artículo 78 de la misma ley que promovían.

No debe olvidarse tampoco que durante el periodo de gestación y difusión de la Reforma Educativa de 2013 el SNTE recibió importantes sumas de dinero por parte del gobierno.  Tan solo de 2013 a 2016, la Secretaría de Educación Pública entregó al SNTE 650 millones de pesos para el programa Acciones de Difusión sobre los Beneficios y Compromisos de la Reforma Educativa, para lo cual se realizaron spots televisivos y publicaciones a través de internet. Asimismo, en 2016 el sindicato recibió 500 millones de pesos para el programa Fortalecimiento del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma Educativa (Reforma, 15 de mayo de 2017). Los recursos recibidos se vieron traducidos en folletos, carteles, calcomanías y un sinfín de artículos de promoción que invadieron las escuelas públicas del país. El SNTE fungió pues como un promotor activo de la Reforma Educativa de 2013.

En suma, después de revisar las cifras exorbitantes de las cuales se ha dado cuenta en el presente escrito, resulta entendible, pero no justificable, la actitud pasiva del SNTE ante la defensa de los derechos de los trabajadores, sobre todo en el sexenio pasado. No es casual entonces que el sindicato haya desplegado un auténtico ejército de comisionados que recorrieron escuela por escuela tratando de convencer a los maestros de las bondades de la evaluación docente a la que, fuera de todo sentido lógico, años después se opusieron. No es fortuito que se hiciera “de la vista gorda” ante las abundantes y graves irregularidades técnicas y administrativas que se presentaron sobre todo en las primeros procesos de evaluación.  No es casual tampoco que miles de maestros, al sentir el descobijo de su sindicato, hayan decidido emprender medidas de protesta de manera masiva sin esperar la autorización, ni mucho menos el apoyo, de su sindicato.  No es obra del azar, en consecuencia, que el SNTE esté pasando por una crisis de identidad y credibilidad con buena parte de sus agremiados, ni que el exhorto a los legisladores para abrogar la Reforma Educativa de 2013 haya sido tomado por muchos como una broma.

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REFERENCIAS

DEL VALLE, Sonia. Da SEP a SNTE 1,730 millones. Reforma: 15 de mayo de 2017. Recuperado de: https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1113688&v=3

FERNÁNDEZ, Marco. La impunidad en la nómina magisterial. Uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone). México: México Evalúa, 2019.


Rogelio Javier Alonso Ruiz
Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.

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