I
En esta oportunidad tomo como base mi texto publicado por SDP Noticias con el título: “Educación Pública y Poder Político: La dinámica del gradualismo”. (1) Ahí afirmaba que, en esta fase de la Reforma Educativa mexicana, lo de hoy son los debates intensos, las negociaciones, los acercamientos, cabildeos, intercambios, concertaciones y “concertacesiones” protagonizados por la clase política, que están a la orden del día en la Cámara de Diputados federal. Específicamente, en la Comisión de Educación, debido a que están por suscribirse “sin consensos” los proyectos de dictámenes para crear o modificar la legislación secundaria en materia educativa (Ley General de Educación; Ley del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y Ley del organismo para la mejora continua de la Educación; entre otras).
Nuevamente, como ocurrió con las reformas al texto Constitucional, entre febrero y mayo de 2019, los actores principales (“quiénes”) de esta lucha de poderes políticos (y escasamente económicos) en torno al rediseño de los términos del derecho a la educación y sobre la redefinición de políticas públicas del sector, que aterrizarán en el rediseño de la legislación educativa nacional, son los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), por una parte; y los partidos del bloque hoy minoritario: PRI, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y PRD. No obstante, y más allá de esta fugaz alineación, al parecer el PAN irá solo en esta coyuntura política, pues ya presentó su propia iniciativa como grupo parlamentario.
Con respecto a los contenidos de la contienda (“qué” se discute), los principales puntos de acuerdo son, entre otros y hasta el momento: 1) La rectoría del Estado en la educación, entendida como administración centralizada sin ceder el poder a las representaciones sindicales, sobre todo en materia laboral y de proyectos educativos; 2) La reorientación del organismo público autónomo (para la “Mejora Continua”) con atribuciones no solamente limitadas a la evaluación de las políticas públicas, sino también para fortalecer el desarrollo profesional (formación) permanente de las figuras educativas principales de la educación básica y media superior (docentes, directivos escolares y asesores técnicos); esto, con la intención de transformar las prácticas educativas y pedagógicas de la escuela pública; 3) La instauración legal del término “Excelencia” educativa en lugar del concepto de “Calidad” de la Educación; como un término que preservará la lógica de la evaluación integral desde la perspectiva del “máximo logro de los aprendizajes” de los educandos. Visión que, como hemos dicho en este espacio en varias ocasiones, tiene el riesgo de mirar sólo la dimensión cuantitativa de los procesos educativos, en detrimento de otras perspectivas, dimensiones y procesos educativos. Y 4) La incorporación del subsistema de educación inicial (niños de 0 a 3 años) en la redacción de las leyes secundarias; así como el establecimiento de la obligatoriedad de la educación superior, entre otros contenidos legislativos.
II
La complejidad en el proceso de confección de las leyes secundarias,es similar a la que privó durante el proceso de definición de las modificaciones al texto Constitucional que, de por sí, no es un asunto sencillo. Se trata de un proceso tenso y difícil en el cual confluyen diversas expresiones políticas, ideológicas, científicas y sociales, pero también donde convergen y divergen distintos intereses de orden económico, educativo, cultural, tecnológico e institucionales. En particular, tal como lo he expresado en este mismo espacio, los actores de la actual disputa por ocupar el centro de los poderes públicos y el liderazgo de las políticas públicas educativas, se lanzan a la arena con sus respectivas estrategias y recursos; con sus respectivos equipos, agendas y medios: Desde el Secretario de Educación y su equipo de trabajo, como parte interesada, como responsable nacional del sector y como representante del Poder Ejecutivo federal; hasta los actores políticos de diversos pesos y que representan a distintas fuerzas en disputa: los propios legisladores y legisladoras desde sus posiciones partidistas; los líderes de las cúpulas empresariales, que también cabildean y operan políticamente, más de lo que nos imaginamos, a través de las organizaciones de la “sociedad civil”; los representantes de los organismos internacionales (como el área educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el “club de los países ricos”); los enviados de los gobiernos de las entidades federativas; la dirigencia de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); algunos grupos de la comunidad académica y científica dedicada a la investigación educativa; las dirigencias sindicales más visibles en escena, como la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la de su contraparte disidente: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Como se puede observar el camino es sinuoso y está lleno de obstáculos; donde las tensiones políticas están a la orden del día. Es momento de la búsqueda y concreción de los efímeros equilibrios. Sin embargo, para avanzar, se percibe una especie de “corrimiento hacia el centro” (como si fuera la retransmisión de la película proyectada en mayo pasado) como fenómeno que describe la esencia de la coyuntura política y parlamentaria actual: Las fuerzas emergentes en el poder público (Morena y aliados) no se han radicalizado, pues no tienen la fuerza ni la claridad en su propio proyecto o programa educativo nacional (se impone el pragmatismo).
En resumen, la dinámica del gradualismo (como lo he descrito en otros textos), prevalece en esta circunstancia político-parlamentaria, misma que se desarrolla alrededor de las modificaciones constitucionales, el marco legislativo que de ellas se derivan y de la definición de las políticas públicas del sector.
III
Los pocos consensos que se dan, hasta el momento, parecen indicar que las posiciones extremas se ven marginadas y que las tendencias más conservadoras terminan por imponerse, es decir, por ahora ganan los cambios tenues, leves, graduales. Y aquí es donde se presentan las paradojas: El presidente de la República, López Obrador, en varios eventos de campaña se pronunció a favor de lograr una “transformación” de raíz de la educación pública en México, lo cual significaba regresar hacia una política pública que revalorizaría o revaloraría al magisterio nacional, y que daría un cause distinto a las políticas públicas educativas. Sin embargo, todo parece indicar (la cruda realidad política) que la “transformación” será pospuesta y, por mientras, moderada, puesto que las fuerzas políticas que tensaron y tensan las cuerdas hacia el “cambio educativo” más radical, quedaron parcialmente desactivados.
Así las cosas, en los próximos días la Comisión de Educación de la Cámara baja dará a conocer los proyectos de dictámenes (sobre los cuales hay que estar pendientes e informados), mismos que se someterán al escrutinio del pleno, en torno al contenido de las leyes secundarias propias del sector. Si existieran consensos en esta deliberación legislativa, los proyectos de dictámenes para insertar cambios al marco legislativo no habrían sido postergados, tal como sucedió en esta ocasión.
Efectivamente las tensiones y discrepancias están presentes en los pasillos de San Lázaro, pero eso no debe de sorprendernos porque así es la vida parlamentaria en una democracia. Los acercamientos y cesiones o concesiones también son parte de la escenografía política civilizada, propia de un Estado de derecho. Quizá esa sea la fórmula para alcanzar consensos y avances en la política, aunque a algunos actores no les satisfaga del todo el resultado. Lo que se desprende de todo ello es la paulatina neutralización de las posiciones extremas, así como la priorización de los espacios de acuerdo, en el “centro”, por mínimos que éstos sean. Esa es la lectura que hago en relación con todos estos procesos políticos.
La pregunta que cabe hacernos hoy después de todo esta reflexión es: ¿Las modificaciones al texto Constitucional que resulten de este proceso de trabajos y discusiones parlamentarias 2019, redituarán en avances sustanciales, cualitativos y cuantitativos, de la educación pública en México? Dicho esto, en términos de aprendizajes y del desarrollo integral de las niñas, niños, jóvenes y adultos.
IV
Un cuarto apunte, que no puede quedar fuera de este primer análisis de coyuntura de la actual etapa de la Reforma Educativa mexicana, en el contexto de la llamada “Cuarta Transformación” de la vida pública del país, tiene que ver con la ampliación de los espacios de participación de la sociedad en la educación, así como con los procesos de democratización de las organizaciones sindicales de las maestras y los maestros en México.
Con respecto al primer punto, me parece que la legislación educativa federal no ha sido innovadora en el sentido de hacer a un lado las inercias de las políticas públicas centralistas. El marco legal insiste en que los grandes problemas educativos se resuelven a golpes de autoritarismo, y sobre todo si éste se da desde el centro burocrático. Tal como lo he afirmado en otras oportunidades, el gobierno federal, según la Ley General de Educación, tiene las facultades casi absolutas para modificar los planes y programas de estudios en la educación básica y media superior, sin permitir que los congresos de los estados tengan injerencia en estos asuntos. Lo mismo sucede para el tema de la formación inicial y continua del personal docente, directivo y de asesoría de la escuela pública. ¿Por qué no probamos, como nación, un modelo de mayor participación social (ampliación de la base ciudadana), a través de los órganos legislativos estatales y mediante un proceso de municipalización de la educación pública?
Por último, pienso que los grandes problemas de la rectoría del Estado en materia educativa, pasan por el fenómeno de la falta de democracia en las organizaciones sindicales del magisterio, sobre todo en la falta de pluralidad y representatividad del comité ejecutivo nacional y de la mayoría de las dirigencias seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí también tenemos un pendiente; donde se requiere también una reforma de fondo.
(1) “Educación Pública y Poder Político: La dinámica del gradualismo”, SDP Noticias, 19 marzo, 2019.
*Texto que será leído durante la mesa de análisis: “Reforma Educativa: Políticas Públicas y Democracia”, que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto 2019, en la UPN, Unidad Querétaro.
Artículo publicado en SDPnoticias
