Este jueves 29 de agosto 2019, celebramos una mesa de análisis en Querétaro, en el marco del Seminario de estudios permanentes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad Querétaro, a través de un ciclo de eventos académicos que lleva por título: “Reforma Educativa: Políticas Públicas y Democracia”, y que en esta oportunidad contó con la participación de Catalina Inclán, Mauro Jarquín, Carmen Díaz Mejía y quien escribe. Miriam Zepeda fue quien fungió como moderadora. A todos les agradezco el hecho de haber aceptado esta invitación y, en especial, les doy las gracias por sus valiosas aportaciones. Así mismo, la asistencia y participación extraordinarias de las y los estudiantes de las licenciaturas en Intervención Educativa, y de Pedagogía, impartidas en nuestra Unidad, fueron manifiestas.
Las diferentes exposiciones que hicieron mis colegas en la mesa se movieron, sin querer, de manera ensamblada: del análisis comparativo entre la Reforma Educativa de 2013 y la de 2019 (Catalina Inclán), a la revisión de los alcances y limitaciones de las llamadas Políticas Públicas Educativas (PPE) en sociedades con estructuras como las nuestras. También se abordaron los vaivenes de las agendas de las PPE, lo disponible y no disponible que hay en ellas, así como la elección que hacen los actores políticos y los altibajos en el accionar del actual gobierno de la 4T (Mauro Jarquín). Por otra parte, se pusieron sobre la mesa los propósitos y las finalidades implícitos o explícitos de la actual Reforma Educativa (2019), así como la reflexión sobre los contenidos formales que quedaron plasmados en las modificaciones al Artículo Tercero Constitucional (Carmen Díaz), entre otros temas abordados y de interés para quienes nos dedicamos a la observación crítica de las políticas públicas en este ámbito de la educación.
En mi oportunidad inicié con una conexión descriptiva, que se puede convertir en una apuesta interpretativa: Me parece que, en efecto, esta Reforma Educativa no se caracteriza por la ruptura, sino por la continuidad (cosa que también sostuvo y argumentó Jarquín); y afirmé que, en todo caso, esta Reforma en el ámbito de la educación pública mexicana, con el sello de la “Cuarta Transformación”, es una Reforma contestataria o reactiva (no reaccionaria). A continuación expondré los argumentos.
Leyes “sin consensos”
Se agotaron los consensos el 15 de mayo de 2019, cuando se promulgaron los cambios a los artículos 3, 31 y 73 de la Carta Magna. Como lo señalé en mi pasada colaboración en este espacio, hoy reitero lo siguiente: Debido a que el grupo parlamentario mayoritario (Morena y aliados políticos), ahora no requiere de una mayoría calificada, sino simple, para llevar adelante las iniciativas de reformas o de creación de leyes secundarias o reglamentarias del Artículo Tercero Constitucional, estos cambios se llevarán a cabo “sin los consensos” políticos básicos. Sin embargo, esa no es una desviación, sino la confirmación de un asunto cantado.
En el caso de las modificaciones constitucionales, no obstante lo antes dicho, las fuerzas emergentes que ejercen el poder público hoy (Morena y aliados) no se lanzaron a la lucha parlamentaria con banderas radicalizadas, pues no tenían la fuerza ni la claridad en su propio proyecto o programa educativo nacional (por lo cual se impuso y hoy mismo se impone el pragmatismo). Todo lo contrario, junto con el pragmatismo de quienes ejercen la mayoría en el poder legislativo y del titular del Ejecutivo, la dinámica del gradualismo (como lo he descrito en otros textos), prevaleció y prevalece en esta circunstancia político-parlamentaria, misma que se desarrolla (me refiero a la dinámica o a su lógica) en torno a las modificaciones constitucionales, el marco legislativo que de ellas se derivan y la definición de las políticas públicas del sector.
No es hora de radicalismos
Todo parece indicar que la “transformación” educativa (como lo propuso AMLO durante la campaña en Guelatao, 2018, con los principios de educación para el bienestar, calidad con equidad y la revalorización del magisterio nacional) será pospuesta y, por mientras, será adoptado un tono moderado, puesto que las fuerzas políticas que tensaron y tensan las cuerdas hacia el “cambio educativo” más radical, quedaron parcialmente desactivadas (pienso sobre todo en la CNTE y bases magisteriales que se resistieron y combatieron a la Reforma Educativa anterior).
Lo que se observa de todo ello es la paulatina neutralización de las posiciones extremas, así como la priorización de los espacios de acuerdo, cargados hacia el “centro” de la geometría política. Esa es la lectura que hago en relación con estos procesos políticos y respecto a la definición o redefinición de las políticas públicas educativas, al menos, del presente sexenio.
Sigo convencido de que la legislación educativa federal no es, no ha sido y no será innovadora, en el corto plazo y en el sentido de hacer a un lado las inercias de las políticas públicas centralistas. El marco legal insiste en que los grandes problemas educativos se resuelven a golpes de autoritarismo, y sobre todo si éste se da desde el centro burocrático (la SEP). Para la actual administración los consensos y la legitimidad se agotaron entre julio de 2018 y mayo de 2019. Los actuales actores políticos en el poder, no se dan cuenta o no quieren reconocer que la búsqueda de los consensos y la legitimidad son procesos políticos continuos.
Tal como lo he afirmado en otras oportunidades, el gobierno federal, según la Ley General de Educación, tiene las facultades casi absolutas para modificar los planes y programas de estudios en la educación básica y media superior, sin permitir que los congresos de los estados tengan injerencia en estos asuntos. Lo mismo sucede para el tema de la formación inicial y continua del personal docente, directivo y de asesoría de la escuela pública. ¿Por qué no ensayamos, como nación, un modelo de mayor participación social (ampliación de la base ciudadana), a través de los órganos legislativos estatales y mediante un proceso de municipalización de la educación pública para ventilar estos asuntos? En Sudamérica, Chile lo intentó. Sería interesante conocer los resultados de esa experiencia.
Morena, sin proyecto educativo propio
Por todas estas razones, pienso que la actual Reforma Educativa, diseñada e impulsada o promovida por el gobierno de la 4T, y con el movimiento-partido Morena como “pivote”, es “reactiva” o “contestataria”, en el sentido de que su cuerpo y contenido giran en torno a la anterior, es decir, dan respuesta al esquema legislativo anterior en su intento de interlocución de las demandas sociales manifiestas (sobre todo, la eliminación de la evaluación para la permanencia y la reconversión institucional del INEE). Pero no existe un proyecto educativo nacional propio. Se dice que está “en construcción”. Así, la estructura y el espíritu de la Reforma Educativa de 2013 (conocida también como la “mal llamada” Reforma Educativa o la Reforma Educativa estructural del “Pacto por México” entre PRI, PAN y PRD), se mantienen intactas, ya que sus preceptos (por ejemplo: “máximo logro de aprendizaje de los estudiantes”; o “excelencia” por “calidad”, etc.) están presentes y son dominantes en múltiples y variados fragmentos del texto Constitucional (mayo, 2019), tanto en los cambios realizados al Artículo Tercero, como en la línea discursiva y normativa que traen consigo las leyes secundarias o reglamentarias. Por todo ello, habrá que seguir la pista a los procesos educativos puestos en marcha, en el mediano y largo plazos, mismos que estarán sustentados en “los cimientos” legislativos que se están construyendo durante estos días y semanas.
Nota:
(1) Tomo como argumentos complementarios, los que aparecen en mi columna: “Reforma Educativa y Poder.
Artículo publicado en SDPnoticias
